El estado de crisis permanente del PAMI

20 Sep 2017 Por LA GACETA

Es una invitación a la desdicha y a la ingratitud. Para una buena parte de los argentinos jubilarse es una condena. Cobrar el haber mínimo que no llega ni a los tobillos de la canasta familiar y padecer una obra social deficiente contribuye a que la vejez tenga más bien un sabor amargo para muchos, sobre todo cuando las enfermedades comienzan a estropear a la persona. Casi todos los jubilados pertenecen al Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI), una de las obras sociales más populosas de Sudamérica, con más de 4 millones de afiliados, que fue creada el 13 de mayo de 1971, por el ministro de Bienestar Social, Francisco Manrique, para que fuera administrada por sus propios beneficiarios. Pero este hecho nunca se cumplió, porque desde su creación el presidente de su directorio fue designado por el gobierno de turno, fuera de facto o democrático.

El titular de la Delegación en Tucumán, que asumió en mayo pasado, dijo que la situación de la obra social que atiende a 160.000 tucumanos, sigue siendo muy crítica y que sólo el control exhaustivo que están realizando, permitirá disminuir el monumental déficit de más del 30% que tiene en la actualidad. Habló de reestructuración, de rearmar los convenios con todos los prestadores, con la industria farmacéutica, los bioquímicos, los odontólogos, las clínicas y sanatorios y denunció que durante seis años no hubo auditorías. Sobre el crónico maltrato al afiliado, afirmó: “los profesionales de la salud y las clínicas y sanatorios, todos hemos crecido gracias al PAMI. Desde lo humano, lo profesional y hasta económicamente. Pero no tratamos bien a los jubilados de PAMI... hay un fenómeno cultural histórico por el cual se posterga la población del PAMI”. Admitió que hay pacientes postrados hace más de un año porque no les llegan las prótesis y que a mediados del año próximo los afiliados notarán los beneficios de la actual reestructuración.

Con frecuencia, los afiliados padecen todo tipo de inconvenientes, desde el otorgamiento de turnos para especialistas para dentro de dos o tres meses, dificultades en la obtención de drogas para enfermedades específicas o de prótesis traumatológicas hasta conseguir medicamentos. Y si el afiliado desea ser atendido de inmediato porque su dolencia no puede esperar dos o tres meses, debe pagar un plus. Una o dos veces por año, los farmacéuticos interrumpen sus servicios para reclamarle al organismo nacional el pago de deudas por prestaciones. Durante unos días, mientras ambas partes intercambian reproches y culpas, el servicio estará suspendido.

Esta situación es histórica. La víctima de los desaguisados de las autoridades de turno siempre es el afiliado. ¿Quién se hace cargo cuando se muere una persona por falta de atención, provisión de medicamentos, por demoras de prótesis o porque no hay lugar para ellos en los sanatorios? ¿Por qué el afiliado del PAMI no puede elegir libremente su prestador como ocurre en cualquier obra social? ¿Quiénes son los responsables de que no haya habido auditorías en los últimos seis años? ¿Algún funcionario será sancionado? ¿Por qué no dejar en libertad a la persona para optar por una prestadora mejor? En 46 años, los que estuvieron al frente del PAMI hablaron de crisis, descalabros financieros, corrupción, y nadie fue capaz de hacerlo eficiente y transparente. Sería hora de entregarlo a los jubilados para que lo condujeran como reza en los estatutos o fundar una nueva obra social.

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