03 Mayo 2004 Seguir en 
La conservación de la fauna silvestre es uno de esos aspectos de la realidad que no suelen recibir la debida atención por parte del país. Los argentinos, en una inmensa mayoría, parecen sustentar todavía criterios muy primitivos a ese respecto, y entienden que no hay ningún inconveniente en aprovecharse, sin control ni medida y, con fines comerciales, de los animales que conforman el acervo faunístico nacional. No se toma el peso al daño que se causa al equilibrio de la naturaleza, ni a las posibilidades de extinción del recurso.
De vez en cuando, el periodismo informa acerca de las acciones depredatorias en ese orden. Pero sin duda tales acciones tienen un control muy tenue, si es que tienen alguno. La cacería indiscriminada, el cuereo y la comercialización de pieles de animales autóctonos de nuestra fauna, cuya depredación está prohibida por ley, constituyen algo común. Todo el mundo sabe lo fácil que es comprar animales de diverso tipo, que son capturados por quienes se dedican a este negocio: hasta suelen venderse en la vía pública. Se trata, en realidad, de penosas agresiones contra el patrimonio nacional, y contra el sistema de la naturaleza, imprescindible para la supervivencia de la especie.
Si bien provincias como Chaco, Formosa o Santiago del Estero figuran entre las más castigadas, puede decirse que no hay ninguna de la Argentina que esté exenta de la práctica de actividades delictivas de este género. Ellas, a veces, son llevadas a cabo por organizaciones de depredadores, que obtienen sustanciosas ganancias.
La explotación comercial es una de las grandes responsables de los niveles críticos en que se encuentra, actualmente, la fauna silvestre argentina, sin que las disposiciones legales existentes puedan revertir tan negativa fisonomía. Ello está mostrando, con toda evidencia, que no basta con la legislación, por minuciosa y por previsora que ella pudiera ser. Es necesario, además, que el Estado la haga cumplir con rigor, y que, simultáneamente, se complemente con una educación conservacionista del público. Sería el modo de convertir, a cada uno de los habitantes del país, en un guardián respetuoso de sus riquezas naturales.
En este panorama de agresión, nuestra provincia ha tenido también su parte y, consecuentemente, su fauna ha sufrido reducciones sensibles y perdido especies valiosas. Así lo han sostenido reiteradamente los expertos científicos y las organizaciones dedicadas a valorizar tales aspectos. La acción del hombre ha sido causa de la situación, y han potenciado sus efectos el reducido territorio y la alta densidad demográfica de la provincia.
Con criterios que se remontan a épocas totalmente superadas, se ha manejado la fauna autóctona como si fuera algo inagotable. La caza, tanto deportiva como comercial, practicada sin racionalidad ni respeto a las leyes, ha tenido muy importante rol en este asunto. A esos aspectos negativos debe agregarse uno más grave, como es el progresivo cambio y hasta la destrucción de los ambientes naturales, producidos por las actividades humanas en prácticamente todos los ecosistemas, por causas diversas, entre las que cabe apuntar el crecimiento de las ciudades, la expansión de la agricultura, los asentamientos prohibidos -que ocurren, por ejemplo, en el cerro San Javier-, la contaminación ambiental, la introducción de especies exóticas y un largo etcétera.
Se trata de una cuestión que tiene muy destacada importancia, como ocurre con todas aquellas en las que está implicado el equilibrio de la naturaleza. Sería conveniente inscribir tales temas entre las preocupaciones del gobierno, siquiera para imitar a esos países del Primer Mundo a los que tributamos tanta admiración.
De vez en cuando, el periodismo informa acerca de las acciones depredatorias en ese orden. Pero sin duda tales acciones tienen un control muy tenue, si es que tienen alguno. La cacería indiscriminada, el cuereo y la comercialización de pieles de animales autóctonos de nuestra fauna, cuya depredación está prohibida por ley, constituyen algo común. Todo el mundo sabe lo fácil que es comprar animales de diverso tipo, que son capturados por quienes se dedican a este negocio: hasta suelen venderse en la vía pública. Se trata, en realidad, de penosas agresiones contra el patrimonio nacional, y contra el sistema de la naturaleza, imprescindible para la supervivencia de la especie.
Si bien provincias como Chaco, Formosa o Santiago del Estero figuran entre las más castigadas, puede decirse que no hay ninguna de la Argentina que esté exenta de la práctica de actividades delictivas de este género. Ellas, a veces, son llevadas a cabo por organizaciones de depredadores, que obtienen sustanciosas ganancias.
La explotación comercial es una de las grandes responsables de los niveles críticos en que se encuentra, actualmente, la fauna silvestre argentina, sin que las disposiciones legales existentes puedan revertir tan negativa fisonomía. Ello está mostrando, con toda evidencia, que no basta con la legislación, por minuciosa y por previsora que ella pudiera ser. Es necesario, además, que el Estado la haga cumplir con rigor, y que, simultáneamente, se complemente con una educación conservacionista del público. Sería el modo de convertir, a cada uno de los habitantes del país, en un guardián respetuoso de sus riquezas naturales.
En este panorama de agresión, nuestra provincia ha tenido también su parte y, consecuentemente, su fauna ha sufrido reducciones sensibles y perdido especies valiosas. Así lo han sostenido reiteradamente los expertos científicos y las organizaciones dedicadas a valorizar tales aspectos. La acción del hombre ha sido causa de la situación, y han potenciado sus efectos el reducido territorio y la alta densidad demográfica de la provincia.
Con criterios que se remontan a épocas totalmente superadas, se ha manejado la fauna autóctona como si fuera algo inagotable. La caza, tanto deportiva como comercial, practicada sin racionalidad ni respeto a las leyes, ha tenido muy importante rol en este asunto. A esos aspectos negativos debe agregarse uno más grave, como es el progresivo cambio y hasta la destrucción de los ambientes naturales, producidos por las actividades humanas en prácticamente todos los ecosistemas, por causas diversas, entre las que cabe apuntar el crecimiento de las ciudades, la expansión de la agricultura, los asentamientos prohibidos -que ocurren, por ejemplo, en el cerro San Javier-, la contaminación ambiental, la introducción de especies exóticas y un largo etcétera.
Se trata de una cuestión que tiene muy destacada importancia, como ocurre con todas aquellas en las que está implicado el equilibrio de la naturaleza. Sería conveniente inscribir tales temas entre las preocupaciones del gobierno, siquiera para imitar a esos países del Primer Mundo a los que tributamos tanta admiración.
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