En el Gobierno se disiparon los nervios y la incertidumbre. José Alperovich traspasó las barreras y pudo hablar con el Presidente, por más de una hora. Casi seis meses habían transcurrido sin que el gobernador entrara al despacho de Kirchner.
El momento de máxima incomunicación lo marcó el descenso del santacruceño -por pocas horas y sin previo aviso- en el aeropuerto de Cebil Pozo, en enero pasado. Quedó al desnudo, entonces, que había divorcio entre uno y otro. Sólo Eduardo Duhalde se mostró en Tucumán, cuando Julio Miranda entregó el mando a su sucesor.
La dinámica de la política genera necesidades que los hombres de Estado no pueden ignorar y apura aproximaciones.
La irrupción de Juan Carlos Blumberg le cambió el escenario, al hacer evidente lo que se relegaba a un segundo plano: la inseguridad colectiva. Y el silencio presidencial ahondó la impresión de que la administración kirchnerista había sido sorprendida sin libreto. A paso forzado se inventó el plan federal de seguridad, pero el frente de las provincias se agrietó.
Al mismo tiempo, la discusión por el reparto de los fondos que la Nación participa a las provincias activó otro conflicto no menor. Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, las más ricas, se resisten a ceder posiciones ante las pobres -como Tucumán-. Ninguno de los conductores de los Estados prósperos es afín al Presidente. La contienda es, por lo tanto, política y financiera.
Así las cosas, no extrañó que la Casa Rosada acortara distancias con Alperovich y con otros gobernadores. Le era imperioso disciplinar a estos, tras el discurso oficial, para fortalecer a Kirchner en una etapa de turbulencias políticas, y para que pudiera emprender la búsqueda de la presidencia del justicialismo argentino.
Alperovich también salió ganancioso, porque estableció una relación política directa con Kirchner, que antes era puramente institucional.
Hasta ese momento lo perseguían las versiones de que era poco confiable para el santacruceño. El derrumbe del juarismo en Santiago del Estero y el acoso popular a los hermanos Rodríguez Saá en San Luis son datos inexcusables en el análisis de la política local.
El gobernador, al ponerse bajo el paraguas presidencial, evitó que franjas del peronismo levantisco lo pusieran en jaque. Ya no está solo en esa pugna. Sin embargo, los kirchneristas de otro palo siguen con el desarrollo de sus planes propios, como la vertiente de Alejandro Sangenis y Julio Díaz Lozano -el Encuentro-. Los diputados Stella Córdoba y José Ricardo Falú se identifican con el liderazgo presidencial, pero -con perfiles diferenciados- no simpatizan con la Casa de Gobierno. En esta se habla pésimo de ellos. Son sentimientos compartidos.
En desarrollo desparejo
Los proyectos de consolidación del poder alperovichista están en diferente grado de desarrollo. La extensión del período de gobierno de Domingo Amaya en la municipalidad de esta ciudad es un objetivo irrenunciable para la Casa de Gobierno. El tope del 31 de mayo de 2005 es lo que se quiere eliminar de la resolución del Concejo Deliberante que lo nombró intendente provisorio.
El diputado Gerónimo Vargas Aignasse salió al cruce de Alperovich por apadrinar a Amaya, uno de sus políticos de confianza.
Vargas Aignasse reclama elecciones de intendente para 2005, cargo que desistió de pelear en 2003, cuando un puñado de votos apenas lo separaba de Antonio Bussi. Su actitud fue funcional a las conveniencias del entonces gobernador Julio Miranda y de Fuerza Republicana. Y, de pronto, recuperó el fuego proselitista, posición que algunas especies atribuyen a su declive como dirigente menemista.
Tras romper lanzas con el gobernador se dedicó a hacer proselitismo con los concejales, quienes antes habían sido alertados del proyecto continuista de Amaya por el secretario de Gobierno, Germán Alfaro. Los bloques de distinto color están muy lejos de alentar aventuras electorales. Amaya les garantiza que no habrá indiferencia de parte de la administración alperovichista. Y sin dinero fresco, y con gomas quemadas por gremialistas díscolos, no se puede hacer política.
Proyectos polémicos
La dispersión de ideas traba la aceleración de la reforma constitucional. A Alperovich no le cayó nada bien que Fernando Juri no incluyera el asunto en el orden del día de la sesión legislativa del miércoles.
El desacuerdo imperante dentro del peronismo bloquea una resolución rápida, y sin posturas consensuadas, le sería dificultoso al partido gobernante conseguir los 27 votos que exige la Constitución de 1990. Los legisladores oficialistas suman 26, o sea que les hace falta una voluntad más para alcanzar el número soñado.
El panorama dentro del PJ es complicado, a pesar de que todos comulgan con el desguace de la Carta Magna. La diferencia radica en lo instrumental. Así, Raúl Hadla y Regino Amado -próximos a Alperovich- propician que se modifique la Ley 2.003 de 2002, para que se mantenga la estabilidad de los jueces. Esa norma daba vía libre para devastar el edificio constitucional sin reservas de ninguna especie.
Otro sector peronista -José Teri, Antonio Raed, Rolando Alfaro y Marta Zurita- impulsan la caída de la ley heredada de la época de Miranda y la apertura de un debate de los institutos a remodelar. Contemporáneamente, Miranda, en su calidad de titular del PJ, abogó por el proyecto partidario de 2001, que es de reforma parcial.
Desde el bussismo, Ernesto Padilla planteó la derogación lisa y llana de la Ley 2003, y cancelaba el debate reformista, por considerar que está a contramano de las urgencias sociales. Los radicales no reniegan de los cambios constitucionales, pero prefieren aplazar su tratamiento para 2005.A ese complejo cuadro político se agrega el proyecto de Padilla y Sangenis, que apunta a la derogación de la ley complementaria de la reforma constitucional. En esta se fijaba la calidad de los convencionales constituyentes y el período de de la asamblea reformadora.
Los legisladores se ocupan, además, de la creación de una empresa multimedios de propiedad estatal, por iniciativa del Gobierno. Se sospecha que podría convertirse en una generadora de empleos públicos y de despilfarro de dinero, sin control del Tribunal de Cuentas.
