La ausencia de honorabilidad

Cualidad moral que nos lleva al cumplimiento de nuestros deberes respecto del prójimo y de nosotros mismos. Gloria o buena reputación que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones heroicas, la cual trasciende a las familias, personas y acciones mismas del que se la granjea. Estas dos acepciones describen el significado de la palabra honor. En la Argentina de hace algunas décadas, alguien que estafaba a la comunidad y era descubierto, llegaba a veces al extremo de suicidarse, para evitar el bochorno público o de ser condenado a prisión. Existía entonces la honorabilidad. Antes, esta cualidad era indispensable para ocupar un cargo público, razón por la cual se les añadió esta palabra a algunos poderes o instituciones (legislaturas, concejos deliberantes).
Pero los tiempos cambiaron. Por falta de controles, por la ausencia de justicia, por un sistema educativo quebrado y por el mal ejemplo de una buena parte de nuestros gobernantes, entre otras razones, la corrupción se desbocó en el país y en Tucumán.
A raíz de publicaciones en nuestro diario, el Ministerio de Trabajo de la Nación y la Justicia Federal comenzaron a investigar en Tucumán las cesiones irregulares del plan Jefes y Jefas de Hogar. Se descubrieron hasta ahora cientos de casos en los que aparecen involucrados concejales, esposas, madres, otros familiares, amigos y empleados del Estado. Este plan se implementó durante la presidencia de Eduardo Duhalde (en mayo de 2002) como una necesidad de atenuar la elevada desocupación de los argentinos. El beneficiario de los $ 150 debía realizar una contraprestación laboral de 20 horas semanales en acciones comunitarias, demostrar que estaba sin trabajo y a cargo de una familia, cuyos integrantes tampoco tuviesen empleo.
Quienes cobraron indebidamente este plan le robaron al Estado; es decir, a la propia ciudadanía. En Banda del Río Salí y en Alderetes se registraron varios casos de empleados de concejales que cobraban los $ 150, y situaciones similares, en las que están involucrados comisionados rurales, se detectaron en El Chañar, San Andrés y Delfín Gallo. Muchos continuaron percibiendo el beneficio incluso después de asumir funciones públicas. Otros hicieron que sus esposas o novias cobraran el plan.
En Concepción, que es la segunda ciudad de la provincia, hay cuatro ediles acusados de haber incurrido en fraude; dos de ellos son un médico y un periodista. El Concejo Deliberante tenía la posibilidad de reivindicarse ante la sociedad y aplicar sanciones contundentes. Sin embargo, prevalecieron el corporativismo y los intereses creados y uno de los ediles acusados fue absuelto, gracias a los votos de dos pares que son investigados por la misma causa. Bien se sabe que un zorro jamás acusará a otro, ante un tribunal, de haberse comido las gallinas.
De los 76.000 planes Jefes y Jefas de Hogar otorgados a Tucumán, el gobernador declaró que por lo menos 30.000 están mal otorgados. La Nación gira mensualmente a la Provincia poco más de $ 11 millones y si la cifra señalada por el jefe del Poder Ejecutivo es real, significa que $ 4,5 millones van a parar a quienes no reúnen los requisitos para recibirlo y que están cometiendo fraude contra el Estado.
Hasta ahora ninguno de los acusados que están en la función pública renunció por una cuestión de honor; ni siquiera los comisionados rurales que dependen directamente del Poder Ejecutivo. Es más: varios de ellos se cobijaron en la investidura del gobernador, que nada hizo aún políticamente al respecto en pro de la transparencia.
Nadie hasta ahora fue a prisión. La Justicia Federal sigue investigando, mientras la sociedad tucumana espera una vez más que haya condena y cárcel para los responsables y que se los obligue además a devolver el dinero que recibieron ilegalmente. "Todo se puede perder: el dinero, la ropa, el trabajo, el oficio, pero no hay que perder el orgullo de vivir libre con honor", decía Atahualpa Yupanqui.