30 Abril 2004 Seguir en 
Aguantar hasta donde se pueda. Esa fue la filosofía que aplicó la gestión del gobernador José Alperovich frente a los insistentes reclamos sindicales sobre una recomposición salarial para todo el personal del Estado. Aunque al Gobierno le cueste reconocerlo, la violenta marcha municipal de la semana pasada cambió radicalmente el rumbo de la política fiscal de Tucumán.
Fiel a su temperamento, Alperovich salió un día a declarar públicamente que le sería imposible mejorar el salario estatal. Pero al día siguiente, volvió tras sus palabras y adoptó un criterio diametralmente opuesto. Fue el último fin de semana, cuando algunos colaboradores analizaban, con temor, la posibilidad de que se potencien las movilizaciones frente a la Casa de Gobierno.
Alperovich abrió el juego. Citó sólo a un sector de la dirigencia gremial y, así, buscó dividir al sindicalismo tucumano. En parte lo logró. El combativo Vicente Ruiz no pudo reunir la misma cantidad de manifestantes que la semana pasada en la marcha que se realizó ayer en plaza Independencia. El dirigente de la sanidad, Raúl Quinteros, también está enfrentado con el Poder Ejecutivo. Pero el resto de los dirigentes, con sus más y sus menos, aceptó la ayuda social de $ 400 (en ocho cuotas de $ 50 hasta fin de año). Desde ese punto de vista, puede decirse que habrá una relativa calma social. Y que, durante este año, empleados de las comunas rurales, de los municipios, parte de la sanidad y hasta los auxiliares de escuelas podrán observar una mejora en sus haberes que equipare los $ 350 reclamados originalmente por los sindicatos.
Efectos en las cuentas
La ayuda social que recibirá la totalidad de los agentes públicos (los tres poderes, los municipios y las comunas rurales) sería equivalente a $ 30 millones anuales. En principio, ese gasto adicional en personal no tendría fuertes efectos en las cuentas fiscales. En el Gobierno analizan que, por esa razón, la administración federal no pondrá reparos a la hora de autorizar el incremento presupuestario, sin que ello signifique futuros incumplimientos en las metas comprometidas en el Plan de Financiamiento Ordenado.
Al ser un aporte no remunerativo y no bonificable, la ayuda social no incrementará, de forma permanente, la planilla salarial establecida en el presupuesto vigente. Aún más, ese presupuesto contempla una suba de $ 48 millones en el rubro personal respecto del ejercicio pasado.
Por otra parte, si no alcanzan las partidas presupuestadas para el personal, el aumento en los gastos se licuaría con el ahorro fiscal obtenido por el Estado provincial durante los primeros cuatro meses.
La eterna pulseada
De las idas y vueltas del gobernador respecto de decisiones trascendentales para el rumbo financiero provincial cabe otra reflexión: los funcionarios del Ministerio de Economía hacen los cálculos, efectúan reservas para pagar la alta concentración de deuda que vence el año próximo y Alperovich se reserva el derecho de cambiar los planes, aun sin tomar en cuenta las opiniones de sus técnicos. Desde la visión netamente política, el mandatario quiso allanar el terreno hacia un camino sin retorno, que no admite, según los funcionarios, contratiempos: la ansiada reforma de la Constitución.
Con el aporte no remunerativo, Alperovich trató de ponerle anestesia al reclamo estatal, pero además acotó el margen de discusión con los dirigentes sindicales quienes, en la próxima discusión salarial, intentarán que el Estado les reconozca el aumento en el sueldo básico. La pulseada continuará, pero la situación social se amortiguó con un anuncio que, incluso, sorprendió a parte del elenco que alquila la Casa de Gobierno hasta 2007.
Fiel a su temperamento, Alperovich salió un día a declarar públicamente que le sería imposible mejorar el salario estatal. Pero al día siguiente, volvió tras sus palabras y adoptó un criterio diametralmente opuesto. Fue el último fin de semana, cuando algunos colaboradores analizaban, con temor, la posibilidad de que se potencien las movilizaciones frente a la Casa de Gobierno.
Alperovich abrió el juego. Citó sólo a un sector de la dirigencia gremial y, así, buscó dividir al sindicalismo tucumano. En parte lo logró. El combativo Vicente Ruiz no pudo reunir la misma cantidad de manifestantes que la semana pasada en la marcha que se realizó ayer en plaza Independencia. El dirigente de la sanidad, Raúl Quinteros, también está enfrentado con el Poder Ejecutivo. Pero el resto de los dirigentes, con sus más y sus menos, aceptó la ayuda social de $ 400 (en ocho cuotas de $ 50 hasta fin de año). Desde ese punto de vista, puede decirse que habrá una relativa calma social. Y que, durante este año, empleados de las comunas rurales, de los municipios, parte de la sanidad y hasta los auxiliares de escuelas podrán observar una mejora en sus haberes que equipare los $ 350 reclamados originalmente por los sindicatos.
Efectos en las cuentas
La ayuda social que recibirá la totalidad de los agentes públicos (los tres poderes, los municipios y las comunas rurales) sería equivalente a $ 30 millones anuales. En principio, ese gasto adicional en personal no tendría fuertes efectos en las cuentas fiscales. En el Gobierno analizan que, por esa razón, la administración federal no pondrá reparos a la hora de autorizar el incremento presupuestario, sin que ello signifique futuros incumplimientos en las metas comprometidas en el Plan de Financiamiento Ordenado.
Al ser un aporte no remunerativo y no bonificable, la ayuda social no incrementará, de forma permanente, la planilla salarial establecida en el presupuesto vigente. Aún más, ese presupuesto contempla una suba de $ 48 millones en el rubro personal respecto del ejercicio pasado.
Por otra parte, si no alcanzan las partidas presupuestadas para el personal, el aumento en los gastos se licuaría con el ahorro fiscal obtenido por el Estado provincial durante los primeros cuatro meses.
La eterna pulseada
De las idas y vueltas del gobernador respecto de decisiones trascendentales para el rumbo financiero provincial cabe otra reflexión: los funcionarios del Ministerio de Economía hacen los cálculos, efectúan reservas para pagar la alta concentración de deuda que vence el año próximo y Alperovich se reserva el derecho de cambiar los planes, aun sin tomar en cuenta las opiniones de sus técnicos. Desde la visión netamente política, el mandatario quiso allanar el terreno hacia un camino sin retorno, que no admite, según los funcionarios, contratiempos: la ansiada reforma de la Constitución.
Con el aporte no remunerativo, Alperovich trató de ponerle anestesia al reclamo estatal, pero además acotó el margen de discusión con los dirigentes sindicales quienes, en la próxima discusión salarial, intentarán que el Estado les reconozca el aumento en el sueldo básico. La pulseada continuará, pero la situación social se amortiguó con un anuncio que, incluso, sorprendió a parte del elenco que alquila la Casa de Gobierno hasta 2007.
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