Interferencias en el poder central

La cuantiosa deuda en estado de insolvencia y la crisis energética fruto de la imprevisión política son los más graves problemas que el país enfrenta en el exterior. Ambos provocan una comprensible desconfianza entre la vasta comunidad de inversores y los países de la comunidad regional -Chile, Uruguay y Brasil- que, repentinamente, han dejado de recibir los suministros de gas argentino convenidos por diversos acuerdos y contratos con sus autoridades y empresas. Dichas circunstancias son consecuencia, por cierto, de situaciones muy difíciles de superar por nuestro país en el corto y mediano plazo, pues afectan severamente la condición social de la comunidad nacional y la economía, cuya recuperación requiere de inversiones considerables y es condicionada igualmente por el déficit de energía. Como es fácil advertir, tal conjunto de problemas y consecuencias exige de las autoridades que deben encararlos visiones claras para resolverlos y firmeza suficiente para salvaguardar los intereses del país, entre los cuales no es el menor la recuperación de la confianza perdida ante la comunidad internacional y la propia ciudadanía.
En ese orden de situaciones las responsabilidades mayores a partir del Presidente de la República, corresponden a las autoridades económicas y de la Cancillería, cuyos esfuerzos -especialmente de las primeras- han permitido hasta el momento revertir los efectos de la grave crisis institucional y política. Ninguna de esas áreas del Gobierno, salvo errores, ha sido débil cada vez que debió proteger los intereses a su cargo, así como tampoco dejaron de tener en cuenta los requerimientos esenciales para superar las severas condiciones de la realidad argentina. Tales gestiones, sin embargo, son interferidas frecuentemente desde otros sectores gubernamentales que parecen no advertir el riesgo de que el Estado se exprese con estilos y opiniones diferentes -y hasta contrapuestos- sobre cuestiones fundamentales, generando confusión e incertidumbre donde se requiere claridad y certeza. Testimonios muy recientes han sido las manifestaciones públicas del ex presidente Eduardo Duhalde y secretario general del Mercosur sobre las relaciones de nuestro país con el FMI, durante la reunión del organismo regional, así como las del jefe del Gabinete, Alberto Fernández, desautorizando declaraciones del presidente de Chile sobre la crisis argentina de la energía que afecta a su país.
En el caso de Duhalde, sus expresiones no sólo fueron imprudentes, sino groseras, al personalizar con referencias soeces las diferencias con la secretaria interina del organismo internacional, Anne Krueger, quien acababa de mantener conversaciones muy satisfactorias con el ministro de Economía, Roberto Lavagna. La desmedida retórica de Duhalde apuntó sin duda a mejorar sus deterioradas relaciones con el presidente Kirchner, si bien prestando un flaco favor a los intereses del país comprometidos en las negociaciones con el FMI. Por su parte, el jefe de Gabinete, coordinador ministerial del Poder Ejecutivo, suplió a la Cancillería para descalificar los juicios del presidente chileno, interfiriendo en las delicadas relaciones actuales con el país vecino y procurando eludir así las responsabilidades por la crisis energética. No es imaginable en cualquier país democrático, un gobierno donde sus integrantes no tengan diferencias ocasionales; pero sí debe exigirse que se eviten contradicciones públicas entre ellos, incluido en este caso Duhalde, cuyo poder partidario no lo habilita institucionalmente para violentar esa imprescindible regla de juego. En ese orden de problemas corresponde al Presidente imponer su autoridad entre los colaboradores y funcionarios comprometidos con su gestión, evitando así otra de las consecuencias provocadas por la supresión de los acuerdos periódicos de gabinete.