Declaraciones juradas: “en 1973 la provincia buscó la ética pública, no el secretismo”

Ex diputados instan a los funcionarios locales a exhibir sus bienes.

27 Ago 2017

29 de mayo de 1973. Primera sesión ordinaria de la entonces Cámara de Diputados de Tucumán. Termina oficialmente el Golpe de Estado de Juan Carlos Onganía: los legisladores vuelven a elaborar iniciativas, a debatir y a sancionar leyes después de siete años de opresión institucional. Los 40 diputados están presentes (29 pertenecen al Frente Justicialista de Liberación -Frejuli-; ocho a Vanguardia Federal -VF- y los tres restantes a la Unión Cívica Radical -UCR-). Raúl Lechesi (Frejuli) toma la palabra y propone el tratamiento sobre tablas -sin dictamen de comisión- de un proyecto de declaraciones juradas (DDJJ) obligatorias para los funcionarios públicos provinciales. Sus pares lo avalan. Avanza esta sesión inaugural de la democracia recuperada y, después de un intercambio de ideas conmovedor, todos votan en favor de esta propuesta, que el Senado sanciona definitivamente el 27 de julio de aquel año.

El gobernador Amado Juri (Frejuli) promulga la ley, que lleva el número 3.981. Fue una verdadera revolución de transparencia para Tucumán y el país: pero lo que en su momento era síntoma de modernidad y apertura con el tiempo se convirtió en un blindaje. Sucede que la Ley 3.981 otorga carácter confidencial a las DDJJ y que el contenido de estas sólo puede ser develado por una orden judicial, cosa que rara vez ocurre, por no decir casi nunca. La reserva legal -con penalización incluida para el supuesto de la divulgación- perduró pese a la presentación de numerosos proyectos de reforma y a que, en los años 90, Argentina ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción (1996) y el Congreso de la Nación sancionó la Ley 25.188, de Ética de la Función Pública (1999), que aplica la Oficina Anticorrupción. Este contraste normativo genera dos clases de autoridades: funcionarios tucumanos con cargos en la Nación y patrimonios abiertos al escrutinio público, y funcionarios locales con patrimonios secretos.

Los bienes declarados de unos pueden ser analizados al detalle mientras que los bienes de otros permanecen en las sombras, a menos que ellos mismos quieran revelarlos, como esta semana hicieron los intendentes macristas Germán Alfaro y Mariano Campero, y como en marzo había hecho Agustín Eugenio Acuña, el más joven de los magistrados provinciales. Pero dos ex diputados de 1973 aseguran -por separado- que la Ley 3.981 jamás quiso ser un candado, sino todo lo contrario. “En 1973 la provincia buscó la ética pública, no el secretismo. Nosotros deseábamos dar un mensaje moral. ¡Qué Cámara era aquella! Toda la política ha cambiado”, resume el médico Miguel “Michel” Isas (VF). José “Pepe” Nadef, quien representaba al peronismo juvenil, dice simplemente que entonces no existía internet y que se pensaba que la vía judicial era la adecuada para la exposición del patrimonio. “La corrupción estructural y sistémica empieza con el presidente Carlos Menem, y se profundiza con los Kirchner. Es cierto que corrupción siempre hubo, pero antes era la absoluta excepción. Los administradores de la cosa pública eran honorables”, opina.

En una campana de cristal

29 de mayo de 1973. Lechesi explica: “señor presidente (Luis A. de la Vega), este proyecto de ley que presentamos permitirá tener una idea cabal del patrimonio de cada uno y oportunamente se podrá determinar si hay un enriquecimiento ilícito”. Benito Orlando Ferreyra (VF) agrega: “nuestro sector anticipa el propósito de ser fiel custodio del decoro de la administración pública; de ser custodio de los hombres que han entrado a gobernar y de ser custodios de la honorabilidad de todos los funcionarios. El pueblo que nos ha ungido debe conocer nuestro estado patrimonial cuando entramos y cuando salimos”. Eduardo Posse Cuezzo (Frejuli) aporta: “al elevar este proyecto hemos tenido en cuenta no sólo la necesidad de ser custodios del buen desempeño y de la honestidad de los funcionarios públicos sino también el principio moral. Queremos restablecer los valores para evitar que sean, como ahora, un axioma aquellas palabras del poeta que dicen ‘antes, en el siglo de las bárbaras naciones, de las cruces colgaban los ladrones. Hoy, en el siglo de las luces, del pecho del ladrón cuelgan las cruces’”.

El diario de sesiones conserva intacta la potencia de las palabras de Lechesi, protagonista del debate en su carácter de coautor de la futura Ley 3.981 junto a otros dos compañeros peronistas: Posse Cuezzo y Hugo Lazarte. “(La norma) tiene la intención de establecer, en esta democracia reimplantada, cómo han actuado los representantes, con qué limpieza y honradez”, postula. Y agrega: “nos encontramos todos los hombres del Gobierno como en una campana de cristal, a la vista del pueblo que observa nuestro comportamiento con ojos ansiosos y anhelantes”.

José Guerra dice que el bloque de VF adhiere. Pedro Sánchez, de la UCR, adelanta el voto de su grupo porque los gobernantes han de poder decir de qué forma viven y cómo obtienen sus ganancias. “El manejo de la cosa pública debe ser sagrado para quienes creen y sienten la democracia. Tenemos que velar por el prestigio de las instituciones y acrecentar la confianza que el pueblo depositó en las urnas el 11 de marzo (de 1973). Nosotros hemos traído este proyecto de ley para decir en definitiva a la ciudadanía que nos mostramos como quiere vernos: limpios y honrados”, resume Lechesi. De la Vega llama a votar y todos levantan la mano.

“¡Qué diputado era Lechesi!”, exclama Isas 44 años después. Víctima de la dictadura de Jorge Rafael Videla (desapareció el 17 de junio de 1976), el diputado sigue hablando por medio de sus ex pares vivos. Isas y Nadef instan a sus sucesores en la política provincial a no tener miedo a la transparencia. “Si no quieren crear una Oficina Anticorrupción ni reponer la Fiscalía Anticorrupción, tomen al menos la vieja Ley 3.981, y dispongan que las DDJJ sean públicas y anuales. Y de paso adhieran a la nueva Ley Nacional de Acceso a la Información Pública (N° 27.275)”, sugiere Nadef. Isas dice: “abránse a los ciudadanos. Hagan como Domingo Faustino Sarmiento y exclamen ‘¡tengo las manos llenas de verdades!’”.

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