El Gobierno cumple hoy seis meses de gestión y puede anotar a su favor, en la columna del "haber", dos temas centrales. Uno es la aplicación del tercer nivel de la educación general básica (EGB3). José Alperovich se empeñó en lograrlo y le ganó la pulseada a ATEP. Se construyeron más aulas y se adquirió más mobiliario.
El segundo es la salud. Si bien se mantienen los heredados problemas estructurales en materia social y de infraestructura, y a pesar del barquinazo de haber pretendido sancionar a médicos que reclamaban insumos para atender a sus pacientes, hay que reconocer que esta gestión aparece más interesada que la anterior en este campo.
En el "debe" se anota, a la cabeza, el subsidio de $ 26.000 otorgado por decreto al empresario Oscar Macías, a través del Subsidio de Salud, la desvencijada obra social de la que el hombre de negocios ni siquiera era socio. El hecho, inexcusable y contrario a la ley, rompió el principio republicano de igualdad, puesto que los afiliados no gozan de prerrogativas semejantes.
A renglón seguido se encuentra la disolución del Consejo Asesor de la Magistratura. El hecho, criticado en el orden local y nacional, encontró oídos sordos en una administración tempranamente sospechada (a partir de esa supresión) de querer manejar las designaciones de magistrados para colonizar la Justicia.
En la "zona gris" aparece la gestión en seguridad. Cotidianamente se suceden actos delictivos, especialmente en un interior provincial que parece tierra de nadie. A la par, se registran casi a diario denuncias respecto de los abusos policiales, eufemismo por las golpizas contra ciudadanos.
En esta área se anota también la política sobre el transporte público de pasajeros. Hay pueblos que no cuentan con este servicio, cuyos vecinos deben apelar a los remises truchos. Que la ilegalidad sea una solución transitoria es una característica muy propia del subtrópico. Y en las zonas en las que sí se cuenta con la prestación, la huelga comienza a abandonar su carácter excepcional.
En el raconto de los primeros 180 días también hay un capítulo de fallas lamentables, consideradas así porque se dan en áreas en las cuales la provincia cuenta con ventajas reales y comparativas respecto de otros estados.
En primer término se ubica la cultura. La provincia de las tres universidades, antes indiscutida capital cultural de la región, hoy parece no tener una agenda acorde con su potencial. Por el contrario, la organización de cumpleaños para quinceañeras a la que está abocada la cartera estatal luce como una lamentable desviación hacia la demagogia.
En segundo lugar aparecen la carencia de una política en Turismo. Sobra con mirar hacia Mendoza, Entre Ríos, Neuquén y Santa Cruz. Y, por supuesto, a Salta, provincia con la que a fines de 2003 no se quiso firmar un acuerdo para concretar la ruta que daría acceso a los Valle por San Pedro del Colalao, pero a la que, contrariamente, se dice querer acompañar en su desarrollo.
El último apartado es para la calidad institucional. Una verdadera deuda gubernamental en cesación de pagos.
Aquí se ubica la reforma constitucional. Hasta el momento, en lo único que el Gobierno ha sido claro es en su intención de que los comicios constituyentes se convoquen con Ley de Lemas y que haya reelección indefinida. E insinúa que al frente de las listas de convencionales pondrá a intendentes y delegados comunales. De políticas de Estado, nada.
En esta columna aparece la denuncia de Alperovich de que el 40% de los planes sociales está mal otorgado. Pero en lugar de 30.000 expedientes (tal el equivalente real del porcentaje) se giró a la Justicia Federal sólo 300 (el 1%). Estos dos últimos elementos se conjugan para encender una luz de alarma sobre la devaluación de la palabra oficial.
En la pasada edición dominical de LA GACETA afirmó que sería un irresponsable si subiera los sueldos estatales. Ese mismo día otorgó el aumento. Con esas contradicciones, parece que le habló a la prensa con la responsabilidad de un administrador, y que luego les habló a los gremios con la responsabilidad de un político en campaña para modificar la Carta Magna.
