El "activo por activo"

Hemos informado que la Legislatura va a tratar una modificación de la Ley de Activo por Activo. La clave de esa norma es la autorización al Estado para que se desprenda de bienes de su propiedad, a cambio de otros que entregarían los interesados en invertir. Preocupa que la Provincia pudiera quedar desposeída de inmuebles que forman parte del patrimonio cultural (es decir, histórico, arquitectónico y urbanístico), inquietud que no se esfuma por el hecho de que se imponga el requisito de autorización previa para cada una de estas operaciones.
En tiempos del Centenario, actuaron en Tucumán arquitectos de primera categoría. Hablamos de Domingo Selva, el autor de la Casa de Gobierno, de la Sociedad Sarmiento, del edificio del Banco Nación (hoy Rentas); de Alberto Pelsmaeckers, autor de la Escuela Rivadavia y del templo del Corazón de María; de José de Bassols, autor de las casas de Luis F. Nougués y de Julio Cainzo, actuales sedes de Turismo y del Centro Rougés. Obras diseñadas por estas figuras están incluidas en la lista de edificios pasibles de entrar en el "activo por activo": la Escuela Rivadavia, y los edificios de Rentas y de Turismo.
Se trata de testimonios de nuestro patrimonio cultural que, por su naturaleza, no pueden estar involucrados en trueques. En efecto, tienen valor, que no es lo mismo que precio: el valor de algo que integra el patrimonio histórico cultural no es equivalente al de un edificio viejo que ya no nos sirve. Parece acertado distinguir cuidadosamente entre aquello de lo cual el Estado puede desprenderse y obtener un precio, de aquello que, por el contrario, debe distinguir, cuidar, preservar, y que carece de precio, porque es "inapreciable".En este tema, resulta imprescindible que las autoridades provinciales requieran un asesoramiento idóneo respecto de qué es lo que debe conservarse y qué es lo que puede venderse sin afectar al patrimonio de la ciudad. No debe olvidarse que vulnerar el patrimonio urbanístico representa un serio daño. Impacta negativamente en la identidad de la ciudad, y perjudica injustamente una tradición de cultura que nos enorgullece. Además, hipoteca las políticas de turismo. En efecto, el turismo se alimenta de ese patrimonio, que cada población ofrece como uno de sus principales atractivos.
En la vecina Salta se percibe un claro ejemplo sobre el asunto, que debiera servir como elemento de meditación para los tucumanos. En esa ciudad, no hay edificio público en un radio de cuatro cuadras de la plaza principal que no haya sido "puesto en valor", es decir, restaurado y mantenido como corresponde. Han dado así un testimonio de respeto hacia ese caudal y, al mismo tiempo, han formalizado un aporte notable para la atracción de sus visitantes. Por eso es que los tienen cada día en mayor cantidad, mientras que por nuestra ciudad sólo pasan. Hay que recodar, asimismo, que la Ciudad de Buenos Aires acaba de sancionar una minuciosa ley para proteger su patrimonio.
Nos parece que el adecuado asesoramiento respecto de los bienes pasibles de la operación "activo por activo" debe tener como resultado que directamente se excluyan de esa lista todos los inmuebles culturalmente valiosos. De manera que ni siquiera requiriendo autorización puedan salir del patrimonio del Estado.
Nuestra provincia se ufana de la fuerza de su pasado y de su presente espiritual, con sus tres universidades (una de las cuales cumple próximamente 90 años), con sus instituciones culturales, con la actividad de sus creadores en los más diversos campos.
Por eso mismo no puede dejar abierta la posibilidad de que los edificios valiosos que le quedan puedan terminar demolidos para elevar torres de oficinas o de departamentos.