Los sermones del sacerdote Aurelio Coro -español de la Orden de los Operarios Diocesanos que está radicado en la provincia desde la década del 70- suelen ser temibles filípicas. Dueño de una profusa retórica, el cura se las ingenia para conectar los pasajes de los Evangelios con la realidad. El domingo pasado, en la parroquia de Nuestra Señora del Valle, de Yerba Buena, reclamó, durante casi 40 minutos, mayor solidaridad.
Basándose en una cita del Concilio Vaticano II, auguró que no habrá una Argentina nueva en tanto haya ciudadanos despreocupados del curso de las cosas, indolentes por su inercia y que se regocijen en una ética meramente individualista. Luego se las agarró con los jueces y funcionarios judiciales, muchos de los cuales concurren devotamente a sus misas. Les recordó que los expedientes no pueden dormir el sueño de los justos, porque detrás de ellos hay gente que en muchos casos sufre y no puede esperar. En esa convicción, no dudó en calificar a Juan Carlos Blumberg de profeta, que enuncia en voz alta las grandes necesidades y angustias de la sociedad.
Las 90.000 personas que hace una semana se congregaron frente al Palacio de Tribunales de la Capital Federal coinciden con Coro. Los manifestantes aclamaron a Blumberg cada vez que les pidió a los funcionarios y jueces que trabajen ocho horas como mínimo, "como lo hace el resto de los argentinos". Aunque las generalizaciones suelen ser odiosas y simplificadoras, el padre de Axel -el joven asesinado tras un secuestro- expresa un complejo malestar social. Este engloba desde la necesidad de que haya seguridad en las calles -condición elemental para el desarrollo de cualquier manifestación comunitaria- hasta una verdadera mejora en la calidad de vida cívica, pasando por el curioso reclamo de que fiscales y comisarios sean elegidos por los diferentes barrios de una ciudad, cada cuatro años. En definitiva, existe una continuidad entre aquel grito desesperado de que "se vayan todos" -dirigido fundamentalmente a los políticos- de diciembre de 2001 y este que, destinado a los magistrados, podría sintetizarse así: "pónganse a laburar; si no, pediremos que se vayan ustedes también". Más allá de lo peligrosa que suele ser la ira cuando no se canaliza de forma creativa -e institucional en este caso-, en la Justicia tucumana deberían tomar nota de lo que pasa.
Es cierto que la misma marcha que en Buenos Aires reunió a 90.000 personas, en Tucumán no sumó más que a 70. No obstante, el propio presidente de la Corte Suprema, Antonio Gandur, advirtió el 14 del corriente que urge evitar que "en la provincia se produzca algo parecido a la manifestación por Axel Blumberg". Esto lo dijo el día en que el gobernador José Alperovich visitó a la Corte y anunció que el combate contra el delito sería asumido como una cuestión de Estado. En la reunión, entre bombos y platillos, juraron que formarían una comisión con representantes de los tres poderes para hacer cambios profundos y proyectos de ley relacionados con la Justicia y la seguridad. Pero, desde entonces, de lo único que se habló es de la intención del Ejecutivo de reformar la Constitución -para posibilitar la reelección de Alperovich, entre otras cosas- y de la lucha de los jueces porque no se los ponga en comisión como consecuencia de la eventual enmienda. Todo sigue circunscripto a la lucha por retazos de poder y, desde Maquiavelo, se sabe que el poder sólo brega por ser conservado o ampliado. La realidad no se transforma por esta vía. Mientras tanto, el PE sigue proponiendo candidatos a jueces sin explicar quiénes son ni qué méritos tienen para una responsabilidad tan o más importante como la del propio gobernador. La sociedad, desde hace un tiempo, viene dando señales -a veces muy confusamente- de que las instituciones no la contienen, pero quienes conducen a estas últimas parece que prefieren no enterarse.
