Los partidos y la reforma política

De acuerdo con lo expresado por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Beliz, en oportunidad de anunciar el Plan Trienal de Seguridad, en los próximos dos meses el Poder Ejecutivo Nacional remitirá al Congreso el proyecto de reforma política. La iniciativa oficial incluirá, según lo informado, el fin de las listas sábana, el voto electrónico y el financiamiento de los partidos. Toda referencia a la reforma política debe aludir a la del sistema representativo, constituido por dos aspectos fundamentales: el régimen electoral y el de los partidos, cuya organización y funcionamiento debe estar estrictamente regulado, por tratarse de organizaciones intermedias del sistema democrático, a las que compete excluyentemente la postulación de candidatos para cargos públicos electivos. Es difícil determinar cuál de esos aspectos ha tenido mayor influencia en el deterioro del sistema representativo y de la llamada clase política que, desde la restauración institucional de hace dos décadas, ha impedido la vigencia plena y transparente de la democracia, y ha provocado la más grave crisis de la República desde la Organización Nacional. A pesar de lo señalado, el anuncio sobre la reforma no ha incluido a los partidos, lo cual evidencia cierto grado de improvisación, a la vez que de ligereza, ante el gravísimo problema de la relación entre la inseguridad pública con la ineficacia y corrupción política.
Hace ya seis meses que el ministro del Interior, Aníbal Fernández, dispuso el análisis de la reforma política, en respuesta a una solicitud de ONG y creando una subsecretaría "ad hoc" en dicha cartera, a cargo de Marta Oyhanarte. De acuerdo con lo señalado por la organización Poder Ciudadano, hubo una convocatoria en diciembre, y no se volvió a tener noticias hasta el reciente anuncio del ministro Beliz, a pesar de que las ONG enviaron diversas iniciativas para su análisis. Otra referencia llamativa es que a ese estudio no fue convocado ningún partido, lo cual significa que la reforma nuevamente anunciada concierne tan sólo al régimen electoral, sin advertir suficientemente que se trata de democratizar de manera integral las estructuras del sistema representativo. La historia de los compromisos oficiales sobre una reforma política integral es casi tan prolongada como el número de proyectos que, en poco menos de dos décadas, tuvo entrada en el Poder Legislativo, remitidos por sucesivos gobiernos y legisladores, de los que sólo una ínfima parte fue sancionada.
La reforma de la Ley Orgánica de Partidos Políticos no puede ignorar algunas cuestiones tan fundamentales como la renovación de sus dirigencias y la apertura a la ciudadanía independiente para la selección de candidatos a cargos públicos. Si bien la gestión política exige un grado de preparación específica, así como el curso de la experiencia, debe evitarse que los cargos partidarios se ejerzan de tal manera que impidan un relevo adecuado de las dirigencias, tal cual está determinado para las funciones públicas. En la crisis política e institucional del país ha tenido mucho que ver la inobservancia de esa regla de competencia democrática, cuya ausencia dio lugar al descalificante fenómeno partidocrático que limita o condiciona el ejercicio de cargos superiores del Estado. Los ejemplos más recientes han sido los gobiernos de la Alianza y del justicialismo, cuyas internas partidarias cerradas los condicionaron decisivamente. Permitir que los partidos sigan funcionando como claustros herméticos implica mantener aparatos manipuladores de los grandes problemas públicos por cauces de corrupción e impunidad que los enajena de la sociedad. En los días presentes hay suficientes testimonios para censurar con firmeza esa exclusión de las organizaciones partidarias de los anuncios oficiales acerca de la tan necesaria reforma política.