Hijos de la violencia

La noticia de que un chico de 12 años llevó un revólver inservible a la escuela para amedrentar a una pandilla que lo había golpeado días antes en el baño del establecimiento, impacta. En especial, porque el hecho no ocurrió en una escuela de los suburbios (el prejuicio indica que la violencia es patrimonio de barrios marginales). Pasó en el área céntrica, zona otrora reservada a la hoy desvaída clase media.
La información se da la mano con otra que proviene del IPLA: de las 30 clausuras que se hacen los fines de semana por contravención de la ley Nº 7243, el 80% es debido a la venta de alcohol a menores de edad. Entre esos dos casos hay algo en común y es que, como dice una defensora de Menores, "detrás del accionar de un niño hay un adulto". Pero si hay responsabilidades privadas (la contención, o falta de contención familiar) otras son competencia del Estado. Por ejemplo, llama la atención las relativamente pocas denuncias por violencia en la escuela que registra el Servicio Social Escolar Educativo (SASE), o el Gabinete Psicopedagógico de la Provincia, aunque el pulso social al respecto marque lo contrario.
El SASE, con sus 25 asistentes sociales, no actúa de oficio, sino cuando las autoridades escolares así lo requieren. Y, por lo general, las directoras de escuelas sólo piden auxilio cuando el agua les llega al cuello. ¿Por qué? Fuentes del área educativa insinúan que hay responsables de establecimientos que intentan resolver el problema intramuros para no judicializar el episodio en cuestión. Si se mira desde otra óptica, bien puede pensarse que quieren evitar exhibir conflictividad en los establecimientos bajo su conducción.
Las mismas fuentes indican que el episodio de la semana pasada no es un hecho aislado. Que es un "efecto colateral" de la implantación del EGB en escuelas que fueron tradicionalmente "primarias", y en las que ahora deben convivir niños con jóvenes de hasta 19 años. En lo que respecta al caso ocurrido en la escuela céntrica, en el SASE afirman que la directora había informado a la supervisión que el niño había sido agredido el miércoles de la semana pasada por alumnos de más edad. Pero, de haber funcionado adecuadamente la obligada red de prevención, ese chico no habría recurrido un día después a un revólver inservible para acallar a los pandilleros de la escuela.
Si los directivos de escuelas se sienten sobrepasados por esta problemática, en algo los asiste la razón: la violencia en la escuela no es un problema estrictamente educativo, sino social. Y ahora se ha visto agravado por el "reacomodo" que está sufriendo la trama escolar en Tucumán desde que se amplió la oferta de EGB en el sistema público estatal.
Cierto es que la violencia impacta particularmente en la escuela porque esa es la única institución que -enclenque y todo- quedó en pie, ante el naufragio de casi toda la red social tradicional. Y el caso del "chico del revólver" no es más que un episodio que se hizo público, pero los conatos de violencia interpares son moneda corriente en las escuelas tucumanas, sean del centro o del conurbano.
Entre las modificaciones al Sistema Penal Especial para menores que plantea el Plan de Seguridad de la Nación (al que ayer se adhirió el gobernador José Alperovich), se establece la imputabilidad penal a partir de los 14 años. Ante esos cambios, la responsabilidad es doble para quienes participan del sistema educativo. Si no se implementan políticas de prevención contra la violencia, habrá más chicos con revólveres -inútiles o no- para "zanjar" los conflictos que deberían haberse zanjado desde el área educativa, y que terminarán imputados. Y será más cierto que nunca lo que dijo la defensora de Menores: que tras el accionar del chico hay siempre un adulto.