18 Julio 2017
El trámite de la causa “Brodersen” se detuvo a finales de noviembre de 2016, cuando la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo notificó a los poderes Ejecutivo y Legislativo que el vicegobernador Osvaldo Jaldo (en licencia) debía custodiar los recibos de los gastos sociales. A continuación, ambas instituciones devolvieron la medida cautelar y el Estado cuestionó a cinco de los seis miembros de la Cámara: Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello (Sala II); Ebe López Piossek y Sergio Gandur (Sala III), y Salvador Ruiz (Sala IV). El tratamiento de la última de las impugnaciones se extendió entre febrero y junio: a mediados de ese mes, los camaristas Horacio Castellanos y Laura David (del fuero civil y comercial) confirmaron a Ruiz.
La decisión empieza a movilizar el juicio promovido por el legislador opositor Luis Brodersen (PROA) para determinar si los gastos sociales son o no constitucionales. Los futuros avances dependen de Ruiz, y podría haber novedades luego de la feria de este mes.
La resolución de Castellanos y de David desestima los argumentos del Poder Ejecutivo, que pretendía apartar a Ruiz porque la esposa de este, María Anís Mitre, había publicado en este diario una Carta al Director referida a los polémicos gastos sociales legislativos. Los jueces acogieron la posición de Ruiz, y dijeron que se trataba de opiniones vertidas por una persona distinta del magistrado recusado.
En enero, Ruiz había ordenado a Jaldo que le informara si estaba o no cumpliendo la medida cautelar (es decir, cuidando o no los recibos de los subsidios) dictada a posteriori de que el testigo Hernán Mitre informara a la Justicia Federal que los papeles habían sido sacados de la institución y depositados temporariamente en un local de su propiedad. A continuación Ruiz se desprendió del expediente por la recusación que formuló el Gobierno en su contra y presentó su renuncia condicionada al otorgamiento de la jubilación, dimisión que el gobernador Juan Manzur aún no aceptó(ya transcurrieron cinco meses).
Mientras la renuncia no sea autorizada, Ruiz seguirá siendo vocal de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, y en tal carácter debería resolver con Castellanos las impugnaciones que el Estado presentó contra López Piossek y Gandur, luego de que estos rechazaran las recusaciones de Novillo y Giovanniello. Según la Legislatura, aquella decisión es nula porque López Piossek actuó pese a que su hija, la funcionaria judicial Ebe Magdalena Castro López, había sido trasladada a la Sala II. Los abogados del Poder Legislativo hablaron de un intercambio de favores entre los camaristas que implicaba un “verdadero escándalo”.
Antes habían atacado a los vocales de la Sala II por “profesar odio visceral a la Legislatura”; a Novillo, además, le atribuyeron parcialidad porque su hija, Alejandrina Novillo, es asesora de la senadora Silvia Elías de Pérez. López Piossek y Gandur consideraron que la recusación era manifiestamente improcedente.
El caso “Brodersen” es uno de los seis procesos iniciados después de que LA GACETA revelara en noviembre de 2015 que la Legislatura llevaba y traía en valijas los millones de pesos destinados a gastos sociales discrecionales. En este concepto -que Jaldo derogó el año pasado respecto de las personas físicas-, el Poder Legislativo erogó $ 615,6 millones en 2015. Uno de los pleitos ya fue cerrado por la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo mientras que los restantes dependen de trámites de recusaciones en ese tribunal (caso “Villagra Delgado”) y de que se termine de producir la prueba (caso “Aráoz”); del fiscal de Instrucción N°2 de esta capital, Claudio Bonari (caso “López”) y del juez federal N°1, Daniel Bejas (caso “López” bis).
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