Es tiempo de polémicas en la Argentina y en Tucumán. La crisis energética apuró la emergencia de los disensos entre los dos arquitectos del derrumbe menemista: Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner. El ataque de este a la megadevaluación del peso de enero de 2002 y la encendida defensa del bonaerense al derrumbe de la convertibilidad desnudan las tensiones en la cima del poder peronista. Los choques amenazan con trasladarse al Congreso con el consecuente riesgo institucional.
El estancamiento en las tratativas por la nueva ley de coparticipación federal revela las profundas diferencias entre las provincias pobres y las ricas -entre ellas Buenos Aires, el feudo de Duhalde-, que están administradas por el peronismo. A las diferencias políticas se adicionan las de naturaleza financiera. José Alperovich descree que los desacuerdos minen la estabilidad del santacruceño. "Duhalde privilegia la gobernabilidad", razona el gobernador, quien predica su fe kirchnerista, sin desdeñar al ex presidente.
La situación política obliga a Alperovich a practicar malabarismos para no enemistarse con la Casa Rosada. No obstante, marca diferencias con la administración federal en algunas cuestiones clave, como la del plan nacional de seguridad. Existen reparos a una intervención indiscriminada de la Agencia Federal de Seguridad en el territorio provincial, en desmedro de la autonomía federal y de la capacidad de gestión del Gobierno local. Juan Carlos Blumberg está lejos de ser un factor de agitación temible en Tucumán, donde no se protege a policías implicados en abusos, como en el caso del empresario El Khalil.
Los números polémicos
La dinámica de la política doméstica se despliega por otros cauces. El recalentamiento del clima sindical se retrasó 30 días por lo menos, ya que las previsiones más realistas ubicaban a marzo como el mes problemático para el Gobierno.
Las presiones sindicales por mejoras de salarios colocan a la administración alperovichista en una encrucijada política. Un leve movimiento alcista de las remuneraciones desequilibraría las cuentas presupuestarias -un 10% de aumento generaría un gasto adicional de $ 75 millones por año, según Alperovich-. Sin recursos extras suministrados por el Gobierno federal, se entraría en cesación de pagos salariales.
La mano dura le evitaría el desbarajuste en los números, pero multiplicaría los conflictos callejeros. Los violentos incidentes del jueves pasado no favorecieron en nada al Gobierno, que, al poco de asumir, desactivó en forma incruenta una movilización liderada por Raúl Castells. Por eso, pese a la intransigencia, se mantuvieron abiertos los canales de negociación entre las partes y se buscan coincidencias.
Desde la misma vereda kirchnerista, la diputada Stella Córdoba disparó en contra de Alperovich: le imputó falta de sensibilidad peronista.
Proyecto de 2005
El salarial es sólo uno de los frentes en que está enfrascado el oficialismo. La consolidación del intendente Domingo Amaya en el municipio de la capital es otra de las prioridades estratégicas.
En mayo de 2005 acabaría el mandato de ese estrecho colaborador de Alperovich, según se votó en el Concejo Deliberante, cuando se vio que Antonio Bussi no podía asumir. El jefe de FR está cercado por distintas causas penales por desaparición de personas.
Al gobernador le importa evitar que haya elecciones en esa fecha, a pocos meses de las que se celebrarán para renovar diputados nacionales. Si hubiera comicios en mayo del año próximo, la Casa de Gobierno se sometería a un riesgoso test político, en un distrito que le es generalmente arisco, y en donde los cambios de temperamentos sociales se transfieren a las urnas.
Una derrota oficialista sentaría un precedente negativo para el segundo turno de los diputados nacionales. La oposición resucitaría con más energías. Concejales oficialistas y opositores ya están al tanto del propósito alperovichista.
Los peronistas -salvo una encumbrada excepción- entendieron que les conviene la continuidad de Amaya en la intendencia por su conexión con la Casa de Gobierno.
Desde julio, recibirá $ 1,2 millón menos de asistencia, y las perspectivas financieras para 2005 no hacen augurar desahogos mayores. Los compromisos que deberá afrontar la Provincia ese año ($ 300 millones) preocupan a más de un encumbrado funcionario del gabinete municipal.
Los concejales radicales no quieren correr aventuras, mientras que el bussismo tampoco da señales de hostilidad en el Concejo. En las filas alperovichistas se descuenta que prevalecerán la racionalidad y el sentido de supervivencia de los cuadros políticos. Si se desbarranca la frágil gestión de Amaya, entrará en colapso el mismo Concejo. El temor a lo desconocido inclina a la conciliación política.
El laberinto procesal
Alperovich admite que quiere la reforma constitucional con reelección. La concreción del propósito depende de múltiples factores político-jurídicos y de la convergencia de opiniones con el vicegobernador Fernando Juri. En la Legislatura se busca derogar la ley heredada de Julio Miranda por dos razones básicos: a.-está sospechada de haber sido sancionada con el pago de coimas; b.- propone el desguace total de la Constitución.
La tesis oficialista de modificar sólo una parte de la ley mirandista -la salvaguarda de la estabilidad de los jueces- no garantizaría que la elección de convencionales constituyentes se haga durante este invierno. Fuentes judiciales señalan que una revisión minuciosa del proceso en su conjunto derivaría en el análisis de la ley complementaria que fijó las condiciones para ser convencional constituyente. En ella se estableció el plazo de duración de la asamblea reformadora.
La interpretación del entonces legislador peronista Gerónimo Vargas Aignasse, respecto de que bastaba la mayoría simple de 21 votos para aprobar la ley complementaria no es aceptada por esos expertos. Estos sostienen que se necesitaban 27 votos, como cuando se declaró que había que proceder a la reforma integral de la Carta Magna de 1990. El fantasma de la inconstitucionalidad empezó a rondar en el imaginario de los buscadores de poder.
El enredo procesal es formidable. De este zafaría el gobernador si Juri consiguiera que se derogue la legislación que data del mirandismo. Sólo así podría desembarazarse de la sucesión de pleitos que terminarían esterilizando el plan reformista con un alto costo político.
