La Municipalidad realizó el martes un operativo de erradicación de puestos ambulantes, instalados en la vereda del Predio Ferial en la avenida Sáenz Peña al 100 y al 200. La acción se realizó conjuntamente con la Policía Federal para cumplir con la sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que ordenó la liberación de la circulación peatonal y en la zona de El Bajo, donde se habían instalado decenas de puestos de venta ambulante hace ya años. El secretario municipal de Gobierno dijo que el espacio público es de todos. “En el momento en que alguien se adueña de ese espacio, deja de ser público. Esta administración puso en marcha un plan integral de ordenamiento del espacio público y en ese marco estamos actuando”, sostuvo.
Ayer, un grupo de cuentapropistas cortó el tránsito en tres cuadras de la avenida Sáenz Peña, para reclamar contra el desalojo de sus puestos, que se llevó adelante con topadoras. Los vendedores ambulantes pidieron que se les permitiera trabajar.
Hace años que los puesteros estaban instalados en ese lugar porque se los permitió el decreto municipal 4.552, de 2006. La norma autorizaba a la Dirección de la Policía de Tránsito y de la Vía Pública a otorgar permisos de uso precario para la instalación de módulos móviles de propiedad municipal en la avenida Sáenz Peña, en la acera Este, al 100 y al 200, y en el pasaje Domingo García, sobre ambas veredas, para lo cual debían cumplir una serie de requisitos. La norma surgió para dar cumplimiento a una sentencia de la Sala 1 de la Cámara en lo Contencioso Administrativa que por una denuncia formulada por la Federación Económica de Tucumán, ordenó despejar las calles del microcentro de la presencia de vendedores. La norma prohibía expresamente la elaboración y comercialización de comidas, de artículos comestibles en general. Según el decreto, tampoco se podía comercializar en esos puestos “mercaderías prohibidas por leyes nacionales, provinciales o municipales, como anteojos de todo tipo, grabaciones realizadas por cualquier medio, películas, música programas informáticos sin la licencia correspondiente (como los DVD).
En nuestra edición del 27 de noviembre de 2008, informábamos: “Ambulantes levantan locales de ladrillos sobre la vereda. Los vendedores argumentaron que los gazebos no soportan las lluvias ni el viento... Las paredes de mampostería, sin revoque ni pintura, dan marco a los toallones, cds truchos, salvavidas, ropa, artículos de belleza e higiene personal... ‘Les enviamos notificaciones a los puesteros para que no sigan construyendo en la vereda, pero aún no se definió qué hará la Municipalidad con los locales ya levantados’, dijo el director de Tránsito y de la Pública”. Finalmente, la Municipalidad no hizo nada y los puesteros siguieron vendiendo lo que prohibía el decreto.
Una de las características de los gobernantes tucumanos es parchar los problemas para no darles un corte definitivo, de modo que estos se van agrandando y cuando se decide aplicar una solución definitiva, hay el conflicto social en puerta. Por un lado, es positivo que el municipio haga cumplir su propio decreto y por otro, es penoso que durante 11 años no lo haya hecho, fomentando así la transgresión y la ilegalidad.
Es saludable para cualquier sociedad y democracia que sus normas de hagan cumplir sin miramientos. Es el único modo en que los ciudadanos aprenden a respetar la ley y a los demás.
