En los últimos lustros, un hecho anormal y contrapuesto a la ética se ha instalado como algo normal. A menudo, nuestros representantes suelen confundir lo público con lo privado una vez que ocupan un espacio de poder. De ese modo, algunos consideran que un cargo de cierta jerarquía en un área de gobierno (sea, provincial, municipal o comunal) les da prerrogativas o privilegios sobre el resto de la ciudadanía o que lo que pertenece a todos puede ser empleado para uso personal.
En la sesión del lunes, el Concejo Deliberante decidió prohibir que los funcionarios inscribieran su nombre en bienes muebles o inmuebles de uso público en San Miguel de Tucumán. Sólo dos de los 16 ediles se opusieron. Uno de los autores de la iniciativa señaló que el dinero que financia al Estado, es de los contribuyentes, por lo tanto sus administradores no pueden usar esos fondos para promocionar candidaturas o partidos políticos. Otro edil advirtió sobre la importancia de diferenciar los actos de difusión de los gobiernos de la campaña política. El proyecto preveía inicialmente sanciones para el transgresor, pero finalmente se eliminó ese artículo.
Se ha vuelto común en las últimas décadas ver calcomanías o carteles en vehículos u obras públicas del Estado en desarrollo o concretadas las leyendas “Gobernación de..., “intendencia de..., “comuna de...” Del mismo modo, conciudadanos que reciben planes sociales portan remeras o camperas con el nombre de tal o cual político, como si fueran pelotones que están pagados por esos representantes, cuando en realidad el dinero que reciben es de los contribuyentes para que realicen determinadas tareas.
Esta mala praxis también se ve reflejada en el frecuente abuso de los nombramientos de familiares o amigos en los poderes del Estado y en la administración pública. Muchos de ellos van a cobrar sin haber trabajado o perciben un sueldo por no hacer nada. Empleomanía y nepotismo forman parte de una vieja práctica política que no es motivo precisamente de orgullo. Lo curioso es que estas designaciones generalmente poco o nada tienen que ver con la capacidad o eficiencia que un individuo debe tener para desempeñar el cargo en el que ha sido nombrado. Paradójicamente, en las cercanías de los comicios, los candidatos suelen prometer transparencia en sus actos.
Nos parece positiva la decisión del Concejo Deliberante capitalino porque tiende a evitar que cualquier funcionario en el ámbito municipal se apropie de las cosas que pertenecen a la sociedad para hacer campaña política. Sería saludable que la iniciativa de los ediles fuese imitada por los legisladores para que elaboraran una ley similar, de manera que la norma rigiera en toda la provincia.
Confundir lo público con lo privado tiene que ver a menudo con la mentada picardía criolla o con no entender que los representantes llegan a un espacio de poder para servir a sus representados y administrar los dineros de una comunidad con austeridad, responsabilidad y transparencia. Un cargo en el gobierno implica entonces un alto honor, que no debe ser utilizado en beneficio propio.
Los personalismos siempre han sido peligrosos para la sociedad; en todo caso, que cada aspirante a un cargo o a su continuidad que se haga cargo de su campaña política con su plata y no se valga de los dineros o de los bienes de la ciudadanía.
