Habrá seis jueces para atender 700 pleitos nuevos por año

Entre enero y agosto de 2016 ingresaron 397 casos al fuero contencioso administrativo. Cada juzgado de primera instancia creado recientemente por el oficialismo tramitará un promedio de 120 juicios.

15 Enero 2017
La estadística oficial del Poder Judicial indica que en 2015 ingresaron 736 casos nuevos al fuero en lo contencioso administrativo. Ese volumen tendía a disminuir en 2016: entre enero y agosto entraron 397 procesos (los datos del tercer trimestre estarán disponibles el mes próximo). Ello quiere decir que, si son puestos en marcha los seis juzgados de primera instancia creados por el oficialismo en diciembre, cada magistrado tramitará un promedio de 120 juicios. La cautela se impone puesto que el Gobierno de José Alperovich creó un tribunal de apelaciones en lo contencioso administrativo que generó polémica y nunca fue puesto en marcha.

Siempre que los números y los planes se mantengan, los jueces administrativistas tendrán una carga de trabajo nimia en comparación con sus pares de otros fueros. En 2015, cada fiscalía de Instrucción de la provincia lidió con 8.526 causas penales nuevas mientras que los ocho juzgados en lo civil y comercial de la capital recibieron 4.383 litigios.

La producción de sentencias del fuero que tramita los juicios en los que el Estado es parte guarda relación con el número de expedientes nuevos. Las tres salas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo -estructura en funcionamiento desde la década de 1990- emitieron 619 fallos en 2015. En los dos primeros cuatrimestres hubo 333 pronunciamientos, según la estadística disponible en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Seis camaristas resuelven estos casos: Salvador Ruiz y Horacio Castellanos (Sala I); Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello (Sala II), y Sergio Gandur y Ebe López Piossek (Sala III). Con la excepción de Gandur, que fue nombrado en 2011 previo concurso público de antecedentes y de oposición, los demás vocales vienen desde los primeros tiempos de la Cámara, que fue ampliada a tres salas durante el Gobierno de Ramón Bautista Ortega.

Apuro llamativo

En el recinto, el oficialismo invocó la celeridad y la necesidad de garantizar la revisión de las sentencias para justificar la creación de la primera instancia en lo contencioso administrativo y en el fuero laboral (dispuso el funcionamiento de ocho juzgados nuevos, dos de ellos en Concepción). En el mismo acto, el bloque mayoritario incorporó la suspensión automática de los magistrados sometidos al proceso de destitución ante el Jurado de Enjuiciamiento. Buena parte de la oposición rechazó las modificaciones y dijo que el apuro llamaba la atención. Esta remodelación de alto impacto sobre la organización del Poder Judicial provincial tuvo lugar durante la penúltima sesión del año sin consulta previa a las autoridades de la Justicia ni a los magistrados de los fueros implicados ni a las entidades intermedias ligadas a los Tribunales.

La mayoría legislativa tampoco dio participación a la comisión especial encargada de elaborar un anteproyecto de reforma del sistema procesal civil y comercial; laboral; de familia y en lo contencioso administrativo, que encabeza Marcelo Caponio, uno de los legisladores oficialistas que impulsó las reformas. Las dudas y sospechas que los cambios generan llevaron al Colegio de Abogados de la Capital y a la Asociación de Magistrados de Tucumán a solicitar al gobernador Juan Manzur que vetara las leyes, pero el titular del Poder Ejecutivo las promulgó el 28 de diciembre. Respecto de las nuevas oficinas, Marcelo Billone y Guillermo Arévalo, respectivos presidente y secretario del Colegio, dijeron que ni siquiera había un diagnóstico serio sobre los problemas y cómo vendría esta reforma a solucionarlos. “En cuanto a la creación de juzgados en lo contencioso administrativo, luce aún más precario el criterio seguido en tanto pareciera que el único beneficiado de esta propuesta sería el Estado”, opinaron.

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