Por Redacción Sociedad
07 Diciembre 2016
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Diputados y senadores mendocinos que integran las comisiones de Educación y Desarrollo Social pidieron al Arzobispo de Mendoza que se implemente un registro de monjas y curas en el que conste un examen psíquico y psiquiátrico, y se realice un seguimiento de su labor en los distintos organismos en los que se desempeñan.
Tras una reunión entre los parlamentarios y el arzobispo de Mendoza, Carlos María Franzini, desde esa institución aseguraron que “nunca más se trasladará el mal de un lugar a otro”, en relación al traslado de un sacerdote con antecedentes de abuso sexual en Italia hacia Mendoza donde reiteró esa conducta. El encuentro se realizó tras los 22 casos de abuso sexual detectados hasta ahora a niños sordos en el Instituto Próvolo de Mendoza, donde se detuvo a dos sacerdotes y tres empleados, informó Télam.
Hace dos semanas, la denuncia de una víctima sorda llegó a oídos de una legisladora provincial, quien la acercó a la justicia, tras lo cual se logró la inmediata detención del sacerdote italiano Nicolás Corradi (82), quien tenía acusaciones similares en Verona en los 80 y fue trasladado a Mendoza; el cura Horacio Corbacho (55); el monaguillo Jorge Bordón (55); el ex empleado del instituto José Luis Ojeda (41), también sordo como los alumnos y el jardinero Armando Gómez (46 años), todos imputados por los delitos de “abuso sexual agravado por guarda y corrupción de menores”.
Según confirmó el Procurador de la Corte Suprema, Alejandro Gullé, “ya son 22 las víctimas detectadas, alguna de las cuales estamos tratando de que vengan a ratificar la denuncia”.Y añadió que en un allanamiento realizado el último sábado en la habitación de Corradi secuestraron material gráfico pornográfico y 550.000 pesos en efectivo.
El fiscal Fabricio Sidoti detalló que las víctimas “denunciaron abuso sexual agravado con acceso carnal y sexo oral”, y en los relatos “dijeron que los llevaban a la `Casa de Dios´, los metían para atrás en un lugar ubicado en el fondo del instituto donde otras víctimas podían ver a través de la rendija de una puerta lo que pasaba”.
La diputada Beatriz Varela (UCR), presidenta de la comisión de Desarrollo Social, dijo ayer a Télam que la reunión “fue positiva”. “Planteamos dudas y llegamos a diferentes acuerdos como el compromiso de destinar ayuda y recursos para las familias y los niños perjudicados por estos vejámenes”, añadió.
Tras la reunión, el vocero del Arzobispado aseguró que “no hay en Mendoza ningún sacerdote que esté ejerciendo y que tenga una causa penal”, y acerca de las medidas ordenadas por el Vaticano dijo que “se les suspendió la licencia ministerial, no hay más actividad pastoral en el Instituto y se ha conformado una comisión de seguimiento”.
Los legisladores aguardan una reunión con las autoridades del Instituto para niños Hipoacúsicos y la DGE, y que el Arzobispado les envíe la propuesta de implementación del futuro registro de curas y monjas. Los abusos detectados en el Instituto Próvolo develaron la existencia de hechos similares en la subsede de esa institución en la ciudad bonaerense de La Plata.
Tras una reunión entre los parlamentarios y el arzobispo de Mendoza, Carlos María Franzini, desde esa institución aseguraron que “nunca más se trasladará el mal de un lugar a otro”, en relación al traslado de un sacerdote con antecedentes de abuso sexual en Italia hacia Mendoza donde reiteró esa conducta. El encuentro se realizó tras los 22 casos de abuso sexual detectados hasta ahora a niños sordos en el Instituto Próvolo de Mendoza, donde se detuvo a dos sacerdotes y tres empleados, informó Télam.
Hace dos semanas, la denuncia de una víctima sorda llegó a oídos de una legisladora provincial, quien la acercó a la justicia, tras lo cual se logró la inmediata detención del sacerdote italiano Nicolás Corradi (82), quien tenía acusaciones similares en Verona en los 80 y fue trasladado a Mendoza; el cura Horacio Corbacho (55); el monaguillo Jorge Bordón (55); el ex empleado del instituto José Luis Ojeda (41), también sordo como los alumnos y el jardinero Armando Gómez (46 años), todos imputados por los delitos de “abuso sexual agravado por guarda y corrupción de menores”.
Según confirmó el Procurador de la Corte Suprema, Alejandro Gullé, “ya son 22 las víctimas detectadas, alguna de las cuales estamos tratando de que vengan a ratificar la denuncia”.Y añadió que en un allanamiento realizado el último sábado en la habitación de Corradi secuestraron material gráfico pornográfico y 550.000 pesos en efectivo.
El fiscal Fabricio Sidoti detalló que las víctimas “denunciaron abuso sexual agravado con acceso carnal y sexo oral”, y en los relatos “dijeron que los llevaban a la `Casa de Dios´, los metían para atrás en un lugar ubicado en el fondo del instituto donde otras víctimas podían ver a través de la rendija de una puerta lo que pasaba”.
La diputada Beatriz Varela (UCR), presidenta de la comisión de Desarrollo Social, dijo ayer a Télam que la reunión “fue positiva”. “Planteamos dudas y llegamos a diferentes acuerdos como el compromiso de destinar ayuda y recursos para las familias y los niños perjudicados por estos vejámenes”, añadió.
Tras la reunión, el vocero del Arzobispado aseguró que “no hay en Mendoza ningún sacerdote que esté ejerciendo y que tenga una causa penal”, y acerca de las medidas ordenadas por el Vaticano dijo que “se les suspendió la licencia ministerial, no hay más actividad pastoral en el Instituto y se ha conformado una comisión de seguimiento”.
Los legisladores aguardan una reunión con las autoridades del Instituto para niños Hipoacúsicos y la DGE, y que el Arzobispado les envíe la propuesta de implementación del futuro registro de curas y monjas. Los abusos detectados en el Instituto Próvolo develaron la existencia de hechos similares en la subsede de esa institución en la ciudad bonaerense de La Plata.
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