Emilio J. Cárdenas - Ex embajador de la Argentina ante la ONU
Perú está de moda. Crece con vigor y se está modernizando aceleradamente. De allí que sus pasos y medidas se sigan con alta curiosidad. En muy distintos ámbitos. Incluyendo el de la búsqueda de la transparencia en el manejo y operación de su administración pública, capítulo fundamental para poder desterrar la corrupción y, por tanto, uno de los principales reclamos ciudadanos de nuestros días.
Un proyecto de ley avanza raudo en el Congreso peruano. Empujado por la Contraloría General de la república. Esto es, por el propio Estado. Procura que en más todos los que, de cualquier modo trabajen para el Estado, cualquiera sea su régimen normativo, presenten de manera obligatoria declaraciones de ingresos, bienes y rentas. El mismo acaba de ser aprobado por la Comisión de Justicia, en el Congreso. Sin ningún voto en contra.
La idea es que 1,4 millón de personas sean fiscalizadas si el proyecto es finalmente aprobado por la legislatura peruana. Hoy apenas unos 123.000 trabajadores cumplen con obligaciones de informar sus ingresos y patrimonios.
Los que están bajo arreglos contractuales administrativos de cualquier tipo, los que son ?de carrera?, o los que, por el motivo que sea, están en cambio sujetos a las normas laborales generales. Todos.
Inicialmente se propuso que sólo aquellos trabajadores con ingresos por encima de un mínimo estuvieran obligados a informar su situación económica regularmente. Pero sobre la marcha se viró en dirección a que ello fuera unan obligación para todos por igual, con independencia de su nivel de ingresos. Todo se hará a través de una plataforma informática común. Las investigaciones estarán a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Ministerio Público que actuarán en conjunto.
Perú da el ejemplo. El objetivo es incrementar el nivel de confianza de su población acerca de la labor de aquellos que toman decisiones en el ámbito público.
