El obispo Rossi reiteró que la Cámara debe renunciar a dar subsidios

Por pedido del vicegobernador, el fiscal federal N° 1 concedió 10 días más para la remisión de comprobantes por $ 200 millones. El representante del Ministerio Público Fiscal había girado un primer oficio el 1 de septiembre, solicitándole al presidente del Poder Legislativo la documentación para la rendición de cuentas por las ayudas sociales a personas otorgadas durante junio, julio y agosto de 2015, en el último tramo de la gestión del actual gobernador Manzur al frente del cuerpo colegiado.

16 Sep 2016
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EN EL SUR. Jaldo y Rossi sonríen, a la puerta del despacho de monseñor. la gaceta / foto de osvaldo ripoll

El vicegobernador Osvaldo Jaldo viajó el miércoles hasta la “Perla del Sur” para visitar al obispo de Concepción, José María Rossi, para invitarlo al Parlamento Federal del Clima, que se desarrollará lunes y martes en la sede del cuerpo colegiado. La charla, que se extendió por 40 minutos, no quedó allí: el presidente de la Legislatura aprovechó para informarle en persona a monseñor sobre la reciente eliminación del régimen de “gastos sociales”, vigente desde los 90.

Rossi, quien había calificado recientemente de “perverso” ese sistema de ayudas, reconoció que el cuerpo colegiado ha dado un paso importante. Advirtió sin embargo que “hay todavía cosas por hacer” sobre el tema, y consideró que es PE) mediante procesos claros, quien debe hacerse cargo de esa tarea social. “Considero que la Legislatura debe renunciar al manejo (de esos subsidios)”, indicó. Más allá de la derogación de los “gastos sociales”, el Poder Legislativo anunció que seguirá auxiliando entes de bien público.

Jaldo relató que le explicó al obispo las medidas adoptadas por la Cámara sobre las partidas sociales. “Respetuoso de las opiniones que vino brindando monseñor sobre el tema, me encargué de transmitirle las decisiones que hemos venido tomando, como la eliminación de la partida 514 (ayudas sociales a personas) y la bancarización de las cuentas”, comentó Jaldo tras la reunión. “Se mostró satisfecho por lo que se hizo y reconoció que las medidas demandaron su tiempo, en razón de que había que lograr el consenso de todos”, agregó Jaldo.

Rossi, tras celebrar las medidas explicadas por Jaldo, expresó otro tema que le preocupa: “el retroceso de la gente en su nivel de vida”. “No sé si estamos ante una crisis, pero se advierte que las personas van retrocediendo. Y se instaló el enorme problema de la pérdida del trabajo y del temor a perderlo”, añadió monseñor.

Dan más plazo a Jaldo para que gire los recibos

Al Poder Legislativo no le alcanzaron 15 días para recolectar y enviar a la Justicia Federal toda la documentación respaldatoria referida a la entrega de las ayudas sociales a personas ejecutadas en junio, julio y agosto del 2015 electoral, cuyo monto de erogaciones -según informes bancarios a los que accedió LA GACETA- superó los $ 200 millones en ese lapso.

Ayer vencía el plazo que le había otorgado el fiscal federal N° 1 de Tucumán, Carlos Alfredo Brito, al vicegobernador, Osvaldo Jaldo, para que cumpliera con la remisión de los comprobantes, en el marco de la causa que investiga la posible evasión al fisco mediante supuestos sobresueldos “camuflados” bajo la figura de los “gastos sociales” de la Legislatura, eliminados por la actual gestión.

El presidente de la Cámara, por ello, le solicitó al representante del Ministerio Público una prórroga para concretar la solicitud, y obtuvo un margen de 10 días para hacerlo. Así, de no surgir nuevos planteos procesales u otras eventualidades, Jaldo tiene tiempo hasta el 25 de este mes para girarle a la Justicia Federal la documentación que, según informes oficiales, supervisaron contadores fiscales del Tribunal de Cuentas.

La causa fue abierta en febrero pasado, a raíz de una denuncia del ex candidato a legislador por un acople del Acuerdo para el Bicentenario, el peronista disidente Oscar Antonio López. Sobre la base de publicaciones de LA GACETA que revelaron el manejo del efectivo para supuestos subsidios de la Legislatura -en valijas, desde un banco hasta la sede del cuerpo colegiado-, López sindicó a las ex autoridades de la Cámara -entre ellas el entonces vicegobernador y actual titular del PE, Juan Manzur-, y a legisladores y funcionarios legislativos de esa gestión por la posible evasión de impuestos nacionales, como Ganancias. La Constitución provincial dispone el pago de la dieta (hoy fijada en unos $ 32.000 por mes) como única remuneración parlamentaria. La hipótesis de López es que, a través del sistema de “ayudas sociales a personas”, se ocultó el pago de “sobresueldos”.

El año pasado, la partida para esos subsidios alcanzó los $ 615,6 millones; es decir, el 40% del presupuesto total del Poder Legislativo para 2015.

Tras recibir la denuncia, el juez federal N° 1 de Tucumán, Daniel Bejas, delegó la pesquisa al fiscal federal N° 1. Brito recolectó documentación en este tiempo referida al funcionamiento del régimen de “gastos sociales”. Entre otros puntos, recibió informes sobre el mecanismo de rendición de gastos ante el Tribunal de Cuentas por esos auxilios económicos a personas necesitadas.

El 1 de septiembre, Brito le giró el primer oficio a Jaldo pidiéndole -en carácter de “urgente”- la documentación respaldatoria oficial de los meses de junio, julio y agosto de 2015, en el último tramo de Manzur al frente de la Cámara. La solicitud incluía: “a) ejemplar del balance para el TC donde se detalla el número de beneficiario, número de orden de pago, fecha de acreditación o de pago de la Tesorería General de la Provincia e importe abonado o acreditado; b) planilla de rendición de comprobantes donde se detallaron cada una de las entregas efectuadas a los distintos beneficiarios; c) ejemplar del comprobante mediante el cual se cancelaron los fondos por parte de la Tesorería General de la Provincia para hacer efectivo el pago; d) recibo de entrega a cada uno de los beneficiarios; e) copia autenticada del acto administrativo mediante el cual se dispuso el otorgamiento del subsidio o subvención al beneficiario solicitante y su imputación contable; f) copias autenticadas de los comprobantes que demuestren la aplicación del subsidio o subvención en los destinos que fueron otorgados, según la reglamentación existente para cada circunstancia; y g) cualquier otra documentación que sea considerada necesaria para aclarar o justificar la suma efectivamente otorgada”, señala el oficio.

Ante la falta de respuestas, el titular de la Fiscalía Federal N°1 reiteró el requerimiento el lunes pasado y le dio tres días a Jaldo. Esta vez, le concedió 10 días más para enviar los papeles. Así, la Cámara tendrá un margen total de 25 días para recolectar los papeles referidos a tres meses de “ayudas sociales a personas”.

La defensa de un ex legislador objeta la medida del fiscal

El ex legislador Iván Llorens Dip (período 2011-2015) no ocupa hoy un cargo electivo ni la función pública. Sin embargo, su nombre volvió a la escena política tras su presentación espontánea ante el juez federal N° 1 de Tucumán, Daniel Bejas, en la causa que investiga si hubo evasión al fisco mediante los “gastos sociales” de la Legislatura.

El ex parlamentario solicitó el asesoramiento legal del abogado Pedro Nicolás Brito. La semana pasada, el letrado le había requerido a Bejas el acceso al expediente, sobre la base de la normativa procesal nacional que le permite conocer la causa antes de aceptar el rol de defensor. Como había delegado la pesquisa desde el inicio al fiscal federal N° 1, Carlos Brito, Bejas notificó al representante del Ministerio Público sobre la solicitud del abogado. Según fuentes tribunalicias, el fiscal federal no remitió la causa al despacho de Bejas; en su lugar, consideró como presentada la defensa de Llorens Dip y le giró una cédula de notificación al letrado, otorgándole los tres días previstos por la norma para que compulse los cuerpos de la investigación. Además, elevó un escrito al juez federal para marcar que, en febrero, él le había delegado la pesquisa; y le comunicó que había puesto el expediente a disposición del defensor. La resolución sobre el envío de la causa aún está pendiente.

Pero el abogado de Llorens Dip elevó un nuevo escrito ante Bejas. Pidió la “suspensión o nulidad” del oficio girado por el fiscal federal al vicegobernador, Osvaldo Jaldo, para pedirle copias de las rendiciones de los gastos sociales de 2015. “(La medida) persigue la autoincriminación, viciando ab-initio (desde el principio) cualquier dato que por esa vía pudiera obtener sea o no incriminatorio”, indicó, a la vez que calificó de inconstitucional el oficio y acusó al fiscal de incumplir con el envío del expediente al juez federal.

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