La administración de Justicia en Tucumán continúa mostrando debilidades e inconsistencias. Los bochornos que protagonizan algunos de los integrantes de este poder estatal mantienen atenta la mirada del Ministerio de Justicia de la Nación sobre lo que aquí ocurre. Porque si los jueces o fiscales hablan a través de sus fallos o resoluciones, lo que están diciendo de sí mismos no es auspicioso.
El último caso dantesco fue el protagonizado por el fiscal Washington Navarro Dávila, que archivó la denuncia contra la Legislatura con una liviana investigación sobre cómo se usaron y a qué se destinaron los $ 615,6 millones que la Legislatura utilizó el año pasado en concepto de “ayudas sociales a personas”. El peronista Oscar López había impulsado una denuncia por fraude a la Administración Pública, por fraude electoral (se retiraron $ 200 millones “justo” en la previa de los comicios) y por enriquecimiento contra funcionarios legislativos. Entre otras cuestiones, el fiscal justificó el archivo de la causa, que consta de 3.800 fojas, en que todo había sido aprobado por el Tribunal de Cuentas. Por ejemplo, en las 12 carillas de su resolución, el funcionario judicial indica que el TC revisó que existan los recursos necesarios en el presupuesto para realizar la erogación, que se ajuste a lo que dice el reglamento interno de la Cámara y la Ley de Administración Financiera, que esté la fotocopia del DNI de la persona que pide la ayuda y que la asistencia sea aprobada por la Presidencia de la Cámara. Como el organismo de control hizo todo eso y vio que nada andaba mal, el fiscal entendió que no había motivo para abrir una investigación jurisdiccional, que no podía inmiscuirse en la decisión de otro poder y que es el titular de la Legislatura quien define cuándo y por qué monto entrega esas ayudas. Fin de la investigación.
Se supone más lógica, al menos para legos, la inquisitoria del fiscal federal N° 1 Carlos Brito, que también por denuncia de López investiga si no se pagaron “sobresueldos” a los parlamentarios con los fondos de los “gastos sociales”. Le manifestó al vicegobernador Osvaldo Jaldo que, según lo informado por el TC, el procedimiento para la rendición de subsidios y subvenciones otorgados por el Estado está regulado por el acuerdo 987/2008, modificado luego por el acuerdo 2.489/2008. El ente destacó -según el oficio- que los recibos y demás papeles son analizados en el despacho de la delegación fiscal del TC ubicada en el edificio legislativo. Una vez que se le estampa el sello de “intervenido”, la documentación es devuelta a las autoridades administrativas de la Cámara. Hasta aquí, lo que manifiesta el fiscal federal es casi lo mismo -en el fondo, no en la forma- que lo que sostiene su par provincial.
Pero para comprobar que todo lo que dice el TC y, por ende la Cámara, es real y está verificado, el fiscal federal le pidió al vicegobernador la remisión “en forma urgente” de: a) ejemplar del balance para el Tribunal de Cuentas donde se detalla el número de beneficiario, número de orden de pago, fecha de acreditación o de pago de la Tesorería General de la Provincia e importe abonado o acreditado; b) planilla de rendición de comprobantes donde se detallaron cada una de las entregas efectuadas a los distintos beneficiarios; c) ejemplar del comprobante mediante el cual se cancelaron los fondos por parte de la Tesorería General de la Provincia para hacer efectivo el pago; d) recibo de entrega a cada uno de los beneficiarios; e) copia autenticada del acto administrativo mediante el cual se dispuso el otorgamiento del subsidio o subvención al beneficiario solicitante y su imputación contable; f) copias autenticadas de los comprobantes que demuestren la aplicación del subsidio o subvención en los destinos que fueron otorgados, según la reglamentación existente para cada circunstancia; y g) cualquier otra documentación que sea considerada necesaria para aclarar o justificar la suma efectivamente otorgada, señala el oficio judicial.
Jaldo aún no habría entregado la información y la Justicia federal podría ordenar medidas más severas para que cumpla con el requerimiento. Ahora, le dio tres días de plazo.
La diferencia entre uno y otro funcionario judicial queda clara y expuesta.
Al trámite de Navarro Dávila le siguió algo más sorprendente. Apenas horas después, su jefe, Edmundo Jiménez, ordenó que se desarchive la causa y que sea investigada, ahora, por el fiscal de turno. Lo curioso es que el ministro Fiscal basó su decisión en la “connotación pública” del caso de las “valijas”. Es decir que su resolución no contiene observaciones judiciales o procedimentales. Claramente, algo está sucediendo en el Poder Judicial.
Una triste, pero real hipótesis, es que Tribunales también sufre por la crisis de conducción política de la provincia. Antes había un poderoso e intervencionista José Alperovich que decidía e incidía en todo lo que sucedía en cualquier poder del Estado. Con Juan Manzur, los fiscales parecen haber perdido ese “norte”, que, por cierto, nunca debería haber existido en honor a la división de poderes. ¿O será que en el Poder Judicial continúan respondiendo al viejo “jefe” y se maneja según esta tendencia? También sobrevoló esa visión conspirativa en los edificios públicos, donde se avala la teoría de que “alguien” quiere que el ex titular de la Legislatura y/o el actual continúen bajo sospecha y con el ceño fruncido. Difícil que así sea, porque Manzur y sus cercanos vienen saliendo airosos de cuanta denuncia hay en su contra.
Como sea, las internas en uno y otro poder lesionan la administración de Justicia y asestan arteros golpes a la “sensación” de impunidad que percibe parte de la sociedad. No vaya a ser cosa que ese juego termine, como un bumerán, golpeando en la nuca a los traviesos de los pasillos tribunalicios.
Los ojos avizores de los observadores que posee la Nación en Tucumán acumulan escándalos y desaciertos en las carpetas que llevan a Buenos Aires. Allí cuentan desde las reuniones cuasisecretas entre funcionarios del Poder Ejecutivo e integrantes de la Corte hasta fallos con sospechosos favoritismos a funcionarios o, incluso, a delincuentes. La Justicia local se esfuerza en tensar los ya débiles lazos que mantienen a flote su credibilidad y su relación con las instituciones.
El último caso dantesco fue el protagonizado por el fiscal Washington Navarro Dávila, que archivó la denuncia contra la Legislatura con una liviana investigación sobre cómo se usaron y a qué se destinaron los $ 615,6 millones que la Legislatura utilizó el año pasado en concepto de “ayudas sociales a personas”. El peronista Oscar López había impulsado una denuncia por fraude a la Administración Pública, por fraude electoral (se retiraron $ 200 millones “justo” en la previa de los comicios) y por enriquecimiento contra funcionarios legislativos. Entre otras cuestiones, el fiscal justificó el archivo de la causa, que consta de 3.800 fojas, en que todo había sido aprobado por el Tribunal de Cuentas. Por ejemplo, en las 12 carillas de su resolución, el funcionario judicial indica que el TC revisó que existan los recursos necesarios en el presupuesto para realizar la erogación, que se ajuste a lo que dice el reglamento interno de la Cámara y la Ley de Administración Financiera, que esté la fotocopia del DNI de la persona que pide la ayuda y que la asistencia sea aprobada por la Presidencia de la Cámara. Como el organismo de control hizo todo eso y vio que nada andaba mal, el fiscal entendió que no había motivo para abrir una investigación jurisdiccional, que no podía inmiscuirse en la decisión de otro poder y que es el titular de la Legislatura quien define cuándo y por qué monto entrega esas ayudas. Fin de la investigación.
Se supone más lógica, al menos para legos, la inquisitoria del fiscal federal N° 1 Carlos Brito, que también por denuncia de López investiga si no se pagaron “sobresueldos” a los parlamentarios con los fondos de los “gastos sociales”. Le manifestó al vicegobernador Osvaldo Jaldo que, según lo informado por el TC, el procedimiento para la rendición de subsidios y subvenciones otorgados por el Estado está regulado por el acuerdo 987/2008, modificado luego por el acuerdo 2.489/2008. El ente destacó -según el oficio- que los recibos y demás papeles son analizados en el despacho de la delegación fiscal del TC ubicada en el edificio legislativo. Una vez que se le estampa el sello de “intervenido”, la documentación es devuelta a las autoridades administrativas de la Cámara. Hasta aquí, lo que manifiesta el fiscal federal es casi lo mismo -en el fondo, no en la forma- que lo que sostiene su par provincial.
Pero para comprobar que todo lo que dice el TC y, por ende la Cámara, es real y está verificado, el fiscal federal le pidió al vicegobernador la remisión “en forma urgente” de: a) ejemplar del balance para el Tribunal de Cuentas donde se detalla el número de beneficiario, número de orden de pago, fecha de acreditación o de pago de la Tesorería General de la Provincia e importe abonado o acreditado; b) planilla de rendición de comprobantes donde se detallaron cada una de las entregas efectuadas a los distintos beneficiarios; c) ejemplar del comprobante mediante el cual se cancelaron los fondos por parte de la Tesorería General de la Provincia para hacer efectivo el pago; d) recibo de entrega a cada uno de los beneficiarios; e) copia autenticada del acto administrativo mediante el cual se dispuso el otorgamiento del subsidio o subvención al beneficiario solicitante y su imputación contable; f) copias autenticadas de los comprobantes que demuestren la aplicación del subsidio o subvención en los destinos que fueron otorgados, según la reglamentación existente para cada circunstancia; y g) cualquier otra documentación que sea considerada necesaria para aclarar o justificar la suma efectivamente otorgada, señala el oficio judicial.
Jaldo aún no habría entregado la información y la Justicia federal podría ordenar medidas más severas para que cumpla con el requerimiento. Ahora, le dio tres días de plazo.
La diferencia entre uno y otro funcionario judicial queda clara y expuesta.
Al trámite de Navarro Dávila le siguió algo más sorprendente. Apenas horas después, su jefe, Edmundo Jiménez, ordenó que se desarchive la causa y que sea investigada, ahora, por el fiscal de turno. Lo curioso es que el ministro Fiscal basó su decisión en la “connotación pública” del caso de las “valijas”. Es decir que su resolución no contiene observaciones judiciales o procedimentales. Claramente, algo está sucediendo en el Poder Judicial.
Una triste, pero real hipótesis, es que Tribunales también sufre por la crisis de conducción política de la provincia. Antes había un poderoso e intervencionista José Alperovich que decidía e incidía en todo lo que sucedía en cualquier poder del Estado. Con Juan Manzur, los fiscales parecen haber perdido ese “norte”, que, por cierto, nunca debería haber existido en honor a la división de poderes. ¿O será que en el Poder Judicial continúan respondiendo al viejo “jefe” y se maneja según esta tendencia? También sobrevoló esa visión conspirativa en los edificios públicos, donde se avala la teoría de que “alguien” quiere que el ex titular de la Legislatura y/o el actual continúen bajo sospecha y con el ceño fruncido. Difícil que así sea, porque Manzur y sus cercanos vienen saliendo airosos de cuanta denuncia hay en su contra.
Como sea, las internas en uno y otro poder lesionan la administración de Justicia y asestan arteros golpes a la “sensación” de impunidad que percibe parte de la sociedad. No vaya a ser cosa que ese juego termine, como un bumerán, golpeando en la nuca a los traviesos de los pasillos tribunalicios.
Los ojos avizores de los observadores que posee la Nación en Tucumán acumulan escándalos y desaciertos en las carpetas que llevan a Buenos Aires. Allí cuentan desde las reuniones cuasisecretas entre funcionarios del Poder Ejecutivo e integrantes de la Corte hasta fallos con sospechosos favoritismos a funcionarios o, incluso, a delincuentes. La Justicia local se esfuerza en tensar los ya débiles lazos que mantienen a flote su credibilidad y su relación con las instituciones.
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