La crónica policial de los últimos días ha dado cuenta de sorprendentes acontecimientos alrededor de la figura del detenido “Pico” Peralta, supuesto líder de una banda dedicada al narcomenudeo llamada “Los 30”. Confusas medidas relacionadas con su detención y también poco claras informaciones a propósito de su fuga han generado inquietud sobre el funcionamiento de la Dirección de Investigaciones de la Policía (ex Brigada) y del control que debería haber sobre su funcionamiento.
Como se sabe, “Pico” Peralta se convirtió en noticia el jueves pasado, cuando se informó que un grupo comando lo había liberado de la comisaría de Delfín Gallo, donde se encontraba detenido en una causa por comercialización de estupefacientes. Un día después se entregó en los tribunales federales, y su abogado negó que haya existido el comando liberador y hasta afirmó que no tiene nada que ver con las drogas. El caso cobró aún más notoriedad al advertirse muchos puntos oscuros alrededor de la figura del detenido.
Entre otras, cosas, se dijo que el hombre fue detenido el 8 de agosto, acusado de robo, pero el fiscal Washington Navarro Dávila advirtió que se trataba de una causa inconsistente de hace dos años y que está archivada, por lo cual él ordenó su libertad. Pero los policías lo mantuvieron detenido hasta el 25 de agosto, día en que avisaron a la Justicia federal de su presencia. Entonces ocurrió otro hecho inquietante: pese a que habría habido un informe del jefe de Policía de que no había lugar en la comisaría de Delfín Gallo, alguien ordenó que fuera trasladado a ese lugar. Finalmente, en la fiscalía I, que investiga la fuga, se menciona que no existió el grupo comando liberador. El defensor del detenido dice que el hombre entraba y salía de la comisaría y que le habrían pedido plata para liberarlo.
Los ojos están puestos en lo que pasa en la Dirección de Investigaciones, donde este año se denunció en dos ocasiones que había presos en condiciones de hacinamiento, y de donde hubo fugas. Esta dependencia policial ha sido cuestionada por la fiscala Adriana Giannoni, que recuerda que allí se dio hace cuatro años el escándalo de los “sacapresos”: se trataba de detenidos liberados para salir a robar. Giannoni también criticó el método policial de utilizar la ley de Contravenciones, que ha sido declarada inconstitucional por la Corte de Justicia nacional. La fiscala dijo que “con esas aprehensiones negocian la libertad por enormes sumas de dinero sin control alguno de fiscales y jueces”. Otro caso escandaloso de esta índole ocurrió en 2013 en la Brigada Norte, con la detención de un agricultor chaqueño que denunció que le pidieron $ 30.000 para dejarlo en libertad.
Ayer hubo aclaraciones policiales. El jefe de la fuerza dijo que “Pico” no estuvo 17 días detenido ilegítimamente, sino que fue aprehendido el 24 de agosto y que el Departamento Judiciales de la Policía dispuso su alojamiento en Delfín gallo. Sus aclaraciones habrán de ser cotejadas con las aseveraciones de los fiscales.
Lo que este caso ha puesto de manifiesto es un inquietante nivel de improlijidad y discrecionalidad en los operativos de la ex Brigada. El Gobierno debería poner atención a estos hechos y pensar en un debate a fondo sobre la forma en que se desarrolla la tarea del personal policial, que tiene una de las responsabilidades más importantes, la custodia de vidas y bienes de la comunidad.
Como se sabe, “Pico” Peralta se convirtió en noticia el jueves pasado, cuando se informó que un grupo comando lo había liberado de la comisaría de Delfín Gallo, donde se encontraba detenido en una causa por comercialización de estupefacientes. Un día después se entregó en los tribunales federales, y su abogado negó que haya existido el comando liberador y hasta afirmó que no tiene nada que ver con las drogas. El caso cobró aún más notoriedad al advertirse muchos puntos oscuros alrededor de la figura del detenido.
Entre otras, cosas, se dijo que el hombre fue detenido el 8 de agosto, acusado de robo, pero el fiscal Washington Navarro Dávila advirtió que se trataba de una causa inconsistente de hace dos años y que está archivada, por lo cual él ordenó su libertad. Pero los policías lo mantuvieron detenido hasta el 25 de agosto, día en que avisaron a la Justicia federal de su presencia. Entonces ocurrió otro hecho inquietante: pese a que habría habido un informe del jefe de Policía de que no había lugar en la comisaría de Delfín Gallo, alguien ordenó que fuera trasladado a ese lugar. Finalmente, en la fiscalía I, que investiga la fuga, se menciona que no existió el grupo comando liberador. El defensor del detenido dice que el hombre entraba y salía de la comisaría y que le habrían pedido plata para liberarlo.
Los ojos están puestos en lo que pasa en la Dirección de Investigaciones, donde este año se denunció en dos ocasiones que había presos en condiciones de hacinamiento, y de donde hubo fugas. Esta dependencia policial ha sido cuestionada por la fiscala Adriana Giannoni, que recuerda que allí se dio hace cuatro años el escándalo de los “sacapresos”: se trataba de detenidos liberados para salir a robar. Giannoni también criticó el método policial de utilizar la ley de Contravenciones, que ha sido declarada inconstitucional por la Corte de Justicia nacional. La fiscala dijo que “con esas aprehensiones negocian la libertad por enormes sumas de dinero sin control alguno de fiscales y jueces”. Otro caso escandaloso de esta índole ocurrió en 2013 en la Brigada Norte, con la detención de un agricultor chaqueño que denunció que le pidieron $ 30.000 para dejarlo en libertad.
Ayer hubo aclaraciones policiales. El jefe de la fuerza dijo que “Pico” no estuvo 17 días detenido ilegítimamente, sino que fue aprehendido el 24 de agosto y que el Departamento Judiciales de la Policía dispuso su alojamiento en Delfín gallo. Sus aclaraciones habrán de ser cotejadas con las aseveraciones de los fiscales.
Lo que este caso ha puesto de manifiesto es un inquietante nivel de improlijidad y discrecionalidad en los operativos de la ex Brigada. El Gobierno debería poner atención a estos hechos y pensar en un debate a fondo sobre la forma en que se desarrolla la tarea del personal policial, que tiene una de las responsabilidades más importantes, la custodia de vidas y bienes de la comunidad.
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