El Colegio de Abogados pide la destitución del ministro fiscal

La entidad dijo que hay seis causales para remover a Jiménez, jefe de los fiscales penales La denuncia sostiene que cumplió las sospechas que su nombramiento había creado y que puso en crisis a la Justicia

07 May 2016
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EN LA CÁMARA. Burgos dejó el escrito junto a las autoridades del Colegio García Posse, Mussi y Fajre (h). la gaceta / foto de inés quinteros orio

Las autoridades del Colegio de Abogados de la Capital se presentaron ante la Legislatura para pedir la destitución de Edmundo Jiménez, titular del Ministerio Público Fiscal y Pupilar. Los denunciantes fundaron su solicitud en seis causales, que asignan al jefe de los fiscales y defensores oficiales la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones y la falta de cumplimiento de los deberes a su cargo. El escrito, que ha de ser analizado por la comisión de Juicio Político, lleva la firma del presidente, Francisco García Posse, y del vocal primero, Marcelo Fajre (h). Rodolfo Burgos interviene como letrado patrocinante.

En marzo del año pasado, la entidad intermedia había denunciado en sede penal al entonces fiscal Guillermo Herrera (Nº10), a quien acusó de desplegar un patrón de conducta irregular que demostraría la existencia de una Justicia penal extorsiva. Luego, Herrera renunció en septiembre para jubilarse con el beneficio del 82% móvil. No obstante ello, sigue ligado a las causas iniciadas a instancias del Colegio y de otros particulares. Esta polémica, que provocó tensiones inéditas entre el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, dio pie a tres de las seis causales que esgrime el Colegio. Las otras razones exponen la falta de transparencia del órgano de Jiménez; la intención de producir la indefensión del Poder Judicial y la omisión del trámite debido a una denuncia de violencia institucional contra tres fiscalas: Adriana Giannoni, María del Carmen Reuter y Adriana Reinoso Cuello.

El Colegio recordó que, por considerar que carecía de independencia, había rechazado la designación de Jiménez, quien fue ministro de Gobierno y Justicia de la gestión de José Alperovich entre 2003 y 2014. En agosto de aquel año, el ex gobernador lo propuso como jefe del Ministerio Público, órgano que representa los intereses de la sociedad en la Justicia mediante la actuación de fiscales y defensores, y su pliego fue aprobado por mayoría en la Legislatura.

La entidad añadió que, a posteriori, se opuso a una reforma legal que amplió las potestades de Jiménez, cuya institución forma parte de la Justicia por disposición constitucional. A partir de la denuncia contra Herrera se sucedieron otras resoluciones críticas para con el comportamiento de Jiménez hasta llegar a la solicitud de juicio político de ayer, que dice que el jefe de los fiscales y de los defensores oficiales “cumplió fielmente las sospechas que su nombramiento había creado”, y puso en crisis al Ministerio Público y al fuero penal provincial. “Es el responsable primario”, afirmaron.

Indefensión

“Jiménez ha intervenido utilizando la jerarquía funcional que le confiere su cargo para torcer actuaciones judiciales en trámite, transgrediendo reglas éticas y obligaciones legales en forma inexcusable. También ha obstruido el cumplimiento de órdenes y auditorías emanadas del alto tribunal”, describieron los denunciantes. Y anticiparon que, como algunas causales implicaban a otros magistrados y miembros del Ministerio Público, se reservaban el derecho de promover, en el futuro, los procedimientos disciplinarios y de destitución correspondientes.

La primera causal está ligada al voto del camarista Enrique Pedicone, quien, en el ámbito de una causa que involucra a Herrera, dijo a la Corte que Jiménez había manipulado el régimen de subrogancias para favorecer al ex fiscal y que le habían impedido juzgar el proceso. En los hechos, el Ministerio Público confirmó una resolución de la jueza Mirta Lenis de Vera que apartaba del caso a Diego López Ávila y anulaba selectivamente piezas de la averiguación que este había practicado con autorización de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción. El Colegio dijo que en este supuesto se había verificado el delito de encubrimiento y precisó que, si bien en diciembre la Corte había ordenado que la Cámara analice los argumentos de Pedicone, esto no había ocurrido. “El cuadro cerraría con la actuación de la fiscala Giannoni, que dispuso el archivo de actuaciones vinculadas que López Ávila le había remitido para que investigue a terceros intervinientes (junto con Herrera) en los mismos hechos”, acotó.

Como segunda causal, la presentación cita los expedientes “Jorrat”, “Valdez”, “Rigourd” y “Teves-Albarracín” que la Corte le había requerido a Jiménez para auditarlos. La entidad le reprochó el haberse resistido a la fiscalización. La tercera causal está relacionada con la anterior: el Colegio manifestó que, durante la auditoría, Jiménez amenazó a los funcionarios encargados de perfeccionarla, y omitió excusarse pese a que dos de sus hijos actuaban en el caso “Teves-Albarracín”, y a que una de las auditoras, Mariana Tasquer, le había mencionado esa situación.

En cuarto lugar, la entidad dijo que el Ministerio Público omitía la publicación de sus resoluciones. “En particular, el acusado pretendió el nombramiento de empleados y funcionarios sin dar intervención de la Corte y por fuera del sistema de concursos vigente”, manifestó. La quinta causal postula que Jiménez llevó a la indefensión a la Justicia a levantarse contra la costumbre antigua de que el Ministerio Público represente al Poder Judicial en casos en los que este intervenía como tercero o parte.

Por último, el Colegio afirmó que Jiménez debía ser destituido por haber dado protección a las fiscalas Giannoni, Reuter y Reinoso Cuello quienes, según una denuncia de violencia institucional, omitieron dar protección efectiva a BC, una víctima de violencia intrafamiliar de condición humilde. “Esta inacción de tres representantes del Ministerio Público, con graves incumplimientos de los deberes a su cargo, se agravó cuando BC acudió, ante la continuidad de su situación de riesgo, al Ministro Público. Entonces, Jiménez hizo como que no entendió nada o realmente no pudo comprenderlo por desconocimiento de las normas que está obligado a aplicar”, opinaron los letrados.

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