07 Mayo 2016
Su pecado fue exponer ante la sociedad la crisis del Poder Judicial, de la cual el Colegio de Abogados y la Corte Suprema de Justicia también son responsables. Y esta situación de colapso excede al fuero penal, del que es responsable, y comprende a todos los sectores de la Justicia tucumana. Así esbozó una primera defensa al pedido de juicio político en su contra el ministro fiscal, Edmundo Jiménez.
Ayer, el jefe de los fiscales penales se excuso de opinar respecto del contenido de la presentación ante la Legislatura que hicieron las autoridades de los letrados de la capital. No obstante, insistió en que la crisis está enquistada en los tribunales desde mucho tiempo antes de su llegada al cargo.
“Llevo un año y medio dentro del Ministerio y desde que llegamos empezamos a poner de manifiesto la crisis del Poder Judicial, la falta de recursos en todos sus aspectos y la falta de estructura suficiente para dar una respuesta a la sociedad. Ese es mi pecado, esto ha generado molestias y estas molestias han generado también una serie de confrontaciones y ataques hacia mi persona y mi familia”, replicó el ex ministro de Gobierno del ahora senador José Alperovich.
“Por ejemplo, pasó hoy un expediente por mis manos por un juicio laboral que lleva 30 años. Hace 30 años un obrero de una estación de servicios no puede cobrar su indemnización. Esto son los temas importantes y esto es lo que ha generado muchas molestias”, graficó el ministro fiscal.
A su criterio, eran previsibles estos sucesos. “Son etapas. Primero, la de visualización de la realidad; cuando surge así una verdad que tiene aspectos de escándalo, como que hay sólo siete fiscales cuando en Salta hay 30. La segunda, de confrontación; y la tercera, de construcción”, enumeró. Según dijo Jiménez, el período de confrontación aún no está cerrado, pero sí ha comenzado la etapa de construcción. “La verdad y la realidad van imponiéndose y en ese marco aparece la reparación de las cosas que hay que modificar. Ahí se inscriben la reforma del Código Procesal Penal, que impulsa la Corte; las comisiones para analizar la reforma del Código Procesal Civil o la implementación de los jueces de Paz letrados”, expuso. “Estamos trabajando conjuntamente con la Corte en la creación de los auxiliares de defensores y auxiliares de fiscales, que van a llenar un vacío importante y van a ayudar mucho en esta tarea de trabajar para dar respuestas a la gente. La Corte ha impulsado también hace poco tiempo la Ley de Principio de Oportunidad para aplicarlo a la Justicia penal, la Conciliación y la Mediación”, completó.
También recordó que hacía 25 años que el Poder Judicial no tenía una reforma ni registraba un avance en su estructura para ir adecuándose a la población y a la cantidad de litigios. “Por cierto que el pedido de juicio político es un derecho que tiene todo ciudadano y si el Colegio de Abogados lo hace está en todo su derecho. Pero el Colegio de Abogados también tiene su responsabilidad, por cierto, como la tenemos nosotros, como la tiene la Corte, y como la tienen las distintas organizaciones intermedias que son cercanas o que trabajan en la Justicia”, aclaró.
“Lo importante es que sigamos trabajando para tener una respuesta desde la Justicia y que no ocurran esos casos como el que mencionaba, que un obrero reclame durante 30 años su indemnización y todavía no pueda cobrarla”, sentenció el ministro fiscal.
Ayer, el jefe de los fiscales penales se excuso de opinar respecto del contenido de la presentación ante la Legislatura que hicieron las autoridades de los letrados de la capital. No obstante, insistió en que la crisis está enquistada en los tribunales desde mucho tiempo antes de su llegada al cargo.
“Llevo un año y medio dentro del Ministerio y desde que llegamos empezamos a poner de manifiesto la crisis del Poder Judicial, la falta de recursos en todos sus aspectos y la falta de estructura suficiente para dar una respuesta a la sociedad. Ese es mi pecado, esto ha generado molestias y estas molestias han generado también una serie de confrontaciones y ataques hacia mi persona y mi familia”, replicó el ex ministro de Gobierno del ahora senador José Alperovich.
“Por ejemplo, pasó hoy un expediente por mis manos por un juicio laboral que lleva 30 años. Hace 30 años un obrero de una estación de servicios no puede cobrar su indemnización. Esto son los temas importantes y esto es lo que ha generado muchas molestias”, graficó el ministro fiscal.
A su criterio, eran previsibles estos sucesos. “Son etapas. Primero, la de visualización de la realidad; cuando surge así una verdad que tiene aspectos de escándalo, como que hay sólo siete fiscales cuando en Salta hay 30. La segunda, de confrontación; y la tercera, de construcción”, enumeró. Según dijo Jiménez, el período de confrontación aún no está cerrado, pero sí ha comenzado la etapa de construcción. “La verdad y la realidad van imponiéndose y en ese marco aparece la reparación de las cosas que hay que modificar. Ahí se inscriben la reforma del Código Procesal Penal, que impulsa la Corte; las comisiones para analizar la reforma del Código Procesal Civil o la implementación de los jueces de Paz letrados”, expuso. “Estamos trabajando conjuntamente con la Corte en la creación de los auxiliares de defensores y auxiliares de fiscales, que van a llenar un vacío importante y van a ayudar mucho en esta tarea de trabajar para dar respuestas a la gente. La Corte ha impulsado también hace poco tiempo la Ley de Principio de Oportunidad para aplicarlo a la Justicia penal, la Conciliación y la Mediación”, completó.
También recordó que hacía 25 años que el Poder Judicial no tenía una reforma ni registraba un avance en su estructura para ir adecuándose a la población y a la cantidad de litigios. “Por cierto que el pedido de juicio político es un derecho que tiene todo ciudadano y si el Colegio de Abogados lo hace está en todo su derecho. Pero el Colegio de Abogados también tiene su responsabilidad, por cierto, como la tenemos nosotros, como la tiene la Corte, y como la tienen las distintas organizaciones intermedias que son cercanas o que trabajan en la Justicia”, aclaró.
“Lo importante es que sigamos trabajando para tener una respuesta desde la Justicia y que no ocurran esos casos como el que mencionaba, que un obrero reclame durante 30 años su indemnización y todavía no pueda cobrarla”, sentenció el ministro fiscal.
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