Hacer uso de una creación artística sin autorización o sin pagar lo que corresponde constituye una acción ilegal. La piratería también ha avanzado en el campo de la informática. Estas prácticas se han profundizado a través de internet, donde la ilegalidad se presenta bajo distintos ropajes. El 26 de abril se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual por una decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas tomada en el año 2000.
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que se ocupa de estos asuntos, señala que la propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos empleados en el comercio. Distingue dos categorías: la industrial, que incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de procedencia; y el derecho de autor, que abarca las obras artísticas: novelas, poemarios y obras teatro y musicales, películas, dibujos, pinturas, fotografías, esculturas, diseños arquitectónicos. Los derechos relacionados con el derecho de autor son los de los artistas, intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones y ejecuciones, los derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre programas de radio y TV.
Una abogada especializada en el tema, consultada recientemente por nuestro diario, dijo que la Argentina es uno de los principales países que violan los derechos. Produce la mayor cantidad de “productos piratas”, principalmente en el sector discográfico, en la producción de software, así como plagios de programas de computación y la industria textil. “El derecho de propiedad intelectual puede ayudar a incrementar el valor de las creaciones intelectuales y a fomentar el desarrollo económico. También puede ayudar a convertir una idea en un artículo comercial valioso; proteger una inversión en mano de obra, creatividad o capital; ayudar a una empresa incipiente a establecer una participación en el mercado”, señaló.
En abril de 2012 la Business Software Alliance informó que en la Argentina, el 72% de los programas de software eran ilegales, lo que representaba pérdidas cercanas a los 438 millones de dólares al año. Había advertido que el trabajo de los músicos, los editores, los desarrolladores de software, los directores de cine y televisión, se veía afectado diariamente por las violaciones a la propiedad intelectual.
Tucumán no es precisamente una excepción. Una recorrida por el microcentro o por las distintas ferias permitirá constatar la comercialización ilegal de CDs y DVDs con música y películas sin que autoridad alguna lo impida. Alguien que compra estos artículos “truchos” está perjudicando no solo a la industria musical o cinematográfica, sino también a los propios artistas. Esporádicamente, se realiza algún operativo, pero al día siguiente, todo vuelve a la normalidad. Una investigación seria dejaría seguramente al descubierto quiénes son los “peces gordos” en esta actividad ilegal. No existe, por cierto, una política de Estado que combata este delito, y mucho menos, que lo castigue.
Como señalamos en una oportunidad, al permitir la venta ilícita, el Estado está avalando esta estafa contra los creadores y la industria, es decir que se convierte en cómplice de este delito.
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que se ocupa de estos asuntos, señala que la propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos empleados en el comercio. Distingue dos categorías: la industrial, que incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de procedencia; y el derecho de autor, que abarca las obras artísticas: novelas, poemarios y obras teatro y musicales, películas, dibujos, pinturas, fotografías, esculturas, diseños arquitectónicos. Los derechos relacionados con el derecho de autor son los de los artistas, intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones y ejecuciones, los derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre programas de radio y TV.
Una abogada especializada en el tema, consultada recientemente por nuestro diario, dijo que la Argentina es uno de los principales países que violan los derechos. Produce la mayor cantidad de “productos piratas”, principalmente en el sector discográfico, en la producción de software, así como plagios de programas de computación y la industria textil. “El derecho de propiedad intelectual puede ayudar a incrementar el valor de las creaciones intelectuales y a fomentar el desarrollo económico. También puede ayudar a convertir una idea en un artículo comercial valioso; proteger una inversión en mano de obra, creatividad o capital; ayudar a una empresa incipiente a establecer una participación en el mercado”, señaló.
En abril de 2012 la Business Software Alliance informó que en la Argentina, el 72% de los programas de software eran ilegales, lo que representaba pérdidas cercanas a los 438 millones de dólares al año. Había advertido que el trabajo de los músicos, los editores, los desarrolladores de software, los directores de cine y televisión, se veía afectado diariamente por las violaciones a la propiedad intelectual.
Tucumán no es precisamente una excepción. Una recorrida por el microcentro o por las distintas ferias permitirá constatar la comercialización ilegal de CDs y DVDs con música y películas sin que autoridad alguna lo impida. Alguien que compra estos artículos “truchos” está perjudicando no solo a la industria musical o cinematográfica, sino también a los propios artistas. Esporádicamente, se realiza algún operativo, pero al día siguiente, todo vuelve a la normalidad. Una investigación seria dejaría seguramente al descubierto quiénes son los “peces gordos” en esta actividad ilegal. No existe, por cierto, una política de Estado que combata este delito, y mucho menos, que lo castigue.
Como señalamos en una oportunidad, al permitir la venta ilícita, el Estado está avalando esta estafa contra los creadores y la industria, es decir que se convierte en cómplice de este delito.
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