06 Abril 2016 Seguir en 
Las normas que regulan la radio y la televisión imponen obligaciones a esas empresas y dan derecho a la ciudadanía en diversos temas. Entre muchos otros, figuran la no discriminación por motivos religiosos, sexuales, políticos o aspecto físico; la protección de los menores, con horarios reservados especialmente para programas aptos para todo público; el rechazo a la violencia contra la mujer y a la pornografía, y el respeto a la libertad de expresión.
Desde hace tres años, funciona la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, un ente nacional que atiende los casos de denuncias que se registren en todo el país y que interviene y actúa para la modificación de las situaciones ofensivas o violatorias de las disposiciones legales. El organismo no tiene poder sancionatorio, sino que funciona para lograr, a través de la toma de conciencia, que no se repitan los hechos lesivos. Si bien tiene sede en la Capital Federal, habilitó distintas formas para recibir los planteos que se realicen (ver “Las vías...”).
Hace pocos días, tres expertos de la Defensoría que conduce Cynthia Ottaviano estuvieron en la provincia para dialogar con funcionarios de la Universidad Nacional de Tucumán y de Canal 10 sobre temas de interés común y con LA GACETA acerca del funcionamiento de ese ente.
El director de Análisis, Investigación y Monitoreo, Gerardo Halpern, destacó el amplio espectro en el que interviene. “Primero identificamos si hay o no una vulneración del derecho denunciado. Pero también puede haber múltiples situaciones que sean violentas para el público, sin que se viole ninguna norma, lo que también nos permite actuar. Dialogamos con las audiencias, con quienes trabajan en la comunicación y con los empresarios para ser un canal y producir una pedagogía. No tenemos una lógica punitivista sino que empleamos el diálogo”, dijo.
El experto sostuvo que “hay experiencias interesantes de autorregulación, así como las hay de corregulación; pero lo importante es que se sigan dando los debates y se logre el respeto a todos en esta sociedad heterogénea”. “Abordamos desde las problemáticas de tratamiento de las distintas identidades sociales, muchas veces invisibilizadas o denostadas, hasta la concientización del derecho humano a la comunicación”. señaló.
Esteban Lopardo, subdirector de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos, remarcó que su ámbito de acción se limita a la radio y a la televisión. “Tratamos de entender las posiciones de todos y de acercar a las partes. La formalización de la denuncia es muy sencilla; puede ser a través de un teléfono gratuito o de nuestra página en internet, con una planilla muy simple”, aseveró.
Agregó que uno de los planteos más frecuentes es que los medios del interior no respetan los porcentajes mínimos pautados en la ley de contenidos realizados en cada lugar: no debe ser inferior al 50% en radios y al 40% en televisión, entre programas propios de cada empresa e independientes, incluidos los noticieros.
Audiencia en EEUU
Desde la Defensoría hay una posición crítica sobre los cambios introducidos en diciembre mediante decretos de necesidad y urgencia firmados por el presidente Mauricio Macri, a la ley de medios sancionada en el anterior Gobierno.
Este tema será abordado el viernes en Washington, EEUU, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por un planteo crítico encabezado por la Centro de Estudios Legales y Sociales, la Universidad Nacional de Lanús y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, entre otras organizaciones, que cuestionan que el DNU limitaría la libertad de expresión.
“Sacamos una resolución a principios de año, en la que recordamos el largo proceso de construcción democrática de la ley, con participación de la sociedad en todo el país y de los tres poderes del Estado. Ahora estamos trabajando para que se mantenga el enfoque de los derechos humanos, se reconozca a la comunicación como una actividad de interés público y no se habilite la concentración de medios, porque terminará afectando el debate público y la democracia”, aportó Leonel Bazán, también del área de Protección de Derechos.
Las vías para tomar contacto
0800-9993333
Es la línea de teléfono gratuita que funciona en la Defensoría.
Las consultas también pueden hacerse a esta cuenta de Twitter.
Página propia
En www.defensadelpublico.gob.ar también se reciben planteos.
En Facebook
En la red social, hay que buscar a /defensoriadelpublico.
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