La reactivación de la obra pública

La reactivación de la obra pública en Tucumán sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes del Estado. A más de 100 días de la asunción de Mauricio Macri y de Juan Manzur, sigue habiendo poblaciones aisladas por falta de puentes, rutas pobladas de cráteres y malezas, túneles a medio hacer y pasarelas derruidas. El problema tiene varias aristas, pero ninguna vía de solución. Por un lado, se denuncia que está demorado el envío de fondos por parte del Gobierno de la Nación, pero nada se hace para elaborar proyectos alternativos que permitan superar la parálisis en la que ha caído la obra pública. En nuestra edición del lunes destacamos el estado de abandono del parque de Los Alisos, que quedó aislado hace un año, cuando una potente crecida se llevó el puente que permitía el acceso de los visitantes. Pero, en rigor, hay varios parajes de nuestra provincia que se encuentran incomunicados desde 2015 y aún no se hizo nada para remediar ese escarnio. Ni siquiera se han pensado soluciones alternativas. El Ente de Turismo reconoció que, en el caso del parque de Los Alisos, se está analizando la posibilidad de impulsar la construcción de un puente colgante u otro de un solo carril. Pero lo cierto es que la crecida se llevó hace un año el flamante puente y aun se sigue analizando qué hacer. Esta demora, creemos, atenta enormemente contra el desarrollo de la provincia. No sólo a nivel económico, sino también turístico.

Es evidente que la actual administración nacional, heredó y carga sobre sus espaldas los resultados de una mayúscula arbitrariedad y un enorme desorden en el gasto público, todo lo cual ahora se hace más que evidente. Será su cometido reencauzar esa realidad, sin duda. Pero, al mismo tiempo, no puede desentenderse de las obras en trámite. La acción del Estado debe poseer continuidad, por encima de los cambios en el equipo gobernante. Y, en el caso de la administración provincial, no se debe depender de la llegada de fondos. Por el contrario, es su deber buscar la manera de priorizar los proyectos urgentes y destinar partidas presupuestarias mínimas para lograr su concreción. Hasta ahora, el Gobierno, los municipios y las autoridades competentes han hecho muy poco para poner en marcha operativos que contemplen las respuestas más adecuadas. Así, la ayuda implementada para atender a los damnificados de estas circunstancias se transforma en un paliativo insuficiente y más bien simbólico, que está lejos de resolver los problemas profundos y centrales que agobian a miles de tucumanos. El principio básico de un buen gobierno es que los trabajos públicos de real exigencia deben ser afrontados siempre, por significativo que sea el sacrificio presupuestario que demanden. A los abultados impuestos que paga la ciudadanía al Estado, este debe revertirlos, ejecutando los trabajos que llenen las mil y una necesidades de su vida. Se trata de una natural contraprestación, que no debe estar sometida a dilaciones.

En este sentido, para poder atender las fuertes necesidades de desarrollo de la infraestructura y teniendo en cuenta las restricciones fiscales vigentes, ayudaría contar con un ordenamiento centralizado de los proyectos siguiendo criterios de optimización social del resultado de las inversiones. Este ordenamiento serviría de base para que ciertos proyectos reciban asignación de fondos provenientes de presupuestos públicos, los que podrían cubrir ejercicios plurianuales.