Venta ilegal de fármacos

Los medicamentos sólo pueden ser vendidos al público en las farmacias, establecen claramente normas legales de antigua data y por todos conocidas. Sin embargo -como lo expone una ilustrativa nota en nuestra edición de ayer- los hechos indican que la disposición legal no tiene prácticamente ninguna vigencia. Los fármacos se expenden normalmente en los quioscos, y en la mayor variedad, según lo puede comprobar cualquiera que eche una mirada al interior de esos establecimientos.
La cuestión es grave. Si la ley otorga únicamente al farmacéutico la facultad para realizar tales ventas, es porque se trata de un profesional en la materia, que puede hacerse responsable tanto de los medicamentos que entrega como de su buen estado. Ello además de tener la idoneidad debida para formular los consejos o advertencias que considerase necesarios. Todo esto no es posible, por cierto, en los quioscos o "drugstores"; y de más está decir que los medicamentos falsificados (cuya existencia se ha denunciado con reiteración) tienen allí todas las posibilidades de llegar al público, con el riesgo que eso implica.
Está también el hecho de que la población, por razones de comodidad, haya empezado a acostumbrarse a adquirir en los quioscos los fármacos que precisa. Con lo cual la inobservancia de las normas legales se va convirtiendo en algo aceptado y cultivado por una cantidad cada vez mayor de personas.
Como es sabido, existen organismos oficiales -la División Farmacias del Ministerio de Salud y la Dipasa- que tienen competencia específica sobre la cuestión. A ellos les corresponde verificar que el expendio de productos medicinales no se realice en lugares no autorizados. Pero, como lo consigna nuestra nota, sucede que la División no posee el personal ni los medios suficientes para llenar esa tarea, además de que carece del poder de policía que le permitiría allanar los locales. De manera que, en los hechos, no se avizoran posibilidades de que se detenga este comercio ilegal, tan lleno de peligros para la salud pública.
Se trata, en suma, de una de las tantas situaciones que, a lo largo de estos últimos años y en los más diversos rubros, se han convertido en comunes en nuestro país y en nuestra provincia. La ley existe, pero no se observa, y el Estado no cuenta con medios para modificar ese cuadro. Como resultado, la comunidad se habitúa a la situación de ilegalidad, mientras el poder público mira hacia un costado. Por cierto que otra cosa muy distinta ocurre en esos países del Primer Mundo a los que tanto aspiramos a parecernos: allí la ley se aplica hasta sus últimas consecuencias, y sus transgresores son severamente sancionados.
Evidentemente, no puede admitirse que semejante realidad siga teniendo vigencia entre nosotros. Los organismos del Estado tienen obligación de modificarla sin pérdida de tiempo, y para ello deben ser dotados de los medios y de la autoridad conducentes a que su tarea se lleve a cabo con la máxima amplitud. No es posible que se limiten, como hasta ahora, a deplorar lo que ocurre y a sostener que no debiera ocurrir. Hay que iniciar, pensamos, una campaña de inspección de las existencias de fármacos en los quioscos, y aplicar severas multas -seguidas de cierre en caso de reincidencia- a quienes incurran en este comercio ilegal. Los particulares deberían colaborar en tal propósito, absteniéndose de comprar y haciendo las denuncias de la infracción. También sería deseable, con la colaboración de los farmacéuticos, otra campaña, que concientice a la ciudadanía acerca de los riesgos que entraña la adquisición que nos preocupa. Si no lo entendemos así, continuará siendo realidad una inaceptable situación de quebranto de leyes vinculadas nada menos que a la salud de la población, punto que, teóricamente, representa un valor prioritario en la sociedad.