Dualidades en la política exterior

Concebida como una estrategia del Estado, la política exterior de un país soberano es un proyecto compartido, más allá de la duración de los gobiernos, que asigna previsibilidad al cumplimiento de sus compromisos. No ha sido esa la concepción que a partir de la crisis ha privado en nuestro caso, pues al extraordinario deterioro institucional y de las condiciones económicas y sociales, se han sumado circunstancias de orden político cuyas consecuencias han afectado la imagen de la República ante la comunidad internacional. Seguramente que los puntos más sensibles de esa situación conciernen a las negociaciones con los organismos internacionales de crédito y a la reestructuración de la deuda pública -mal llamada externa, pues el 38 por ciento de sus acreedores son de nuestro país-, si bien el más complejo por elucidar es el del posicionamiento del actual Gobierno frente valores permanentes que se debaten en un mundo multipolar. Entre ellos, el de los derechos humanos, prevalentes en toda condición frente a la vieja concepción de la política que todavía sigue sometiéndolos al poder del autoritarismo en rincones aislados del planeta.
Un testimonio de esa confusión de intereses coyunturales en la política interna y de la forma con que impiden definir la política exterior es el de las vacilantes relaciones que sucesivos gobiernos, desde nuestra restauración democrática, han mantenido con la República Popular de Cuba. El presidente Alfonsín inició ese rumbo alternativo absteniéndose en las Naciones Unidas de un pronunciamiento sobre la situación de los derechos humanos en el régimen insular de Fidel Castro; seguidamente su sucesor, Carlos Menem, optó por la condena, lo mismo que el gobierno de la Alianza, mientras que Eduardo Duhalde lo hizo afirmativamente y al año siguiente por la abstención, precediendo al presidente Kirchner que, en abril próximo, reiterará esa segunda posición. No significa ello que el actual Gobierno ponga en tela de juicio su pública concepción en defensa de los derechos humanos, sino y más bien que los supedita a requerimientos políticos circunstanciales en los que factores internos tienen notoria repercusión. En una reciente reunión de la senadora Cristina Fernández de Kirchner con la ex subsecretaria de Derechos Humanos de los Estados Unidos, Patricia Derian, la esposa del Presidente ha recordado el valiente y hasta heroico comportamiento de aquella, cuando en tres riesgosas visitas formales a Buenos Aires, en los tiempos del Proceso, reclamó en los despachos oficiales de entonces por los miles de desaparecidos, invocando la defensa de derechos humanos tan esenciales como la vida.
"Es importante que los argentinos reconozcamos su mérito, que no tengamos esa cosa hacia los de afuera, de hablar cuando tenemos críticas que hacer, o cuando ha habido una política norteamericana que sentimos que nos ha perjudicado", expresó la senadora Fernández de Kirchner a su homenajeada, agregando: "es de bien nacidos ser agradecidos". Tan merecido reconocimiento por aquellas gestiones oficiales de la ex funcionaria en Buenos Aires durante los años de plomo, no condice ciertamente con el argumento sostenido actualmente por nuestro Gobierno, a propósito de su próxima abstención frente a la grave situación de los derechos humanos en Cuba, al invocar la no intervención en "cuestiones internas" que ni siquiera el régimen absolutista de aquellos años en nuestro país se atrevió a esgrimir. Seguramente que las expresiones de la senadora Fernández de Kirchner ante la señora Derian han sido más genuinas que esos precarios y oportunistas motivos para consumo interno con que nuestra política exterior está siendo a veces debilitada, por contrariar los intereses permanentes de la República frente a la comunidad libre internacional.