Los sonidos del silencio

Los psicólogos suelen decir que todo lo que se silencia -o se oculta- termina manifestándose mediante algún síntoma. En la política pasa algo parecido: lo que no se resuelve, tarde o temprano, estalla por algún lado. La ventaja, en este último caso, es que si se trata de un estado de derecho que funciona con eficiencia, la Justicia es el ámbito en el que se dirimen los conflictos cuando fracasan otras instancias.
Desde el retorno de la democracia, los fondos reservados que manejaban los poderes Ejecutivo y Legislativo fueron una suerte de misterio teológico, algo impropio en una república por cierto: todo el mundo hablaba de ellos, pero nadie podía -o no se animaba- probar su existencia. Estaban. Y los signos de su presencia se veían -aún se ven- por todas partes: en los punteros a sueldo, en el asistencialismo y, en algunos casos, en el cambio del status económico de muchos dirigentes; la sospecha del uso -y abuso- de estos fondos contribuyó al divorcio de los políticos con la sociedad. Como los involucrados no supieron -o quisieron- racionalizar y reglamentar esta práctica, el problema saltó a partir de dos denuncias planteadas ante quien corresponde: la Justicia.
La primera presentación la efectuó el ex edil republicano y actual legislador Ernesto Padilla contra los gastos de bloque que percibían los parlamentarios de la anterior gestión. La segunda la concretó el inquieto abogado Clímaco de la Peña contra el sistema de compensación de erogaciones puesto en marcha durante el gobierno de Antonio Bussi, por el cual cada ministro manejaba alrededor de $ 2.500 mensuales.
El ex fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, motorizó ambas investigaciones. En el primer caso, requirió el desafuero de 39 de los 40 legisladores (el único que quedó al margen fue el peronista disidente Osvaldo Cirnigliaro) por considerar que, en promedio, cada parlamentario manejaba unos $ 12.000. Aunque el pedido fue rechazado por la propia Legislatura, los gastos reservados fueron eliminados en abril de 2001. En el segundo caso, Jerez promovió el enjuiciamiento del ex gobernador Antonio Bussi y de tres de sus ministros, Alberto Germanó, Ramón Arnedo y Franco Fogliata, cosa que sucederá este año, por entender que, entre 1995 y 1999, manejaron $ 5 millones sin rendir cuentas.

Los hijos de la pavota
Resulta sintomático que, en ambos casos, los investigados utilizaron los mismos argumentos para defenderse: afirmaron que Jerez los perseguía y se quejaron de tener que dar explicaciones pese a haber reducido los gastos. Sisto Terán, el anterior titular de la Legislatura, siempre se jactó de haber bajado de $ 40 millones a $ 29 millones el presupuesto de la Cámara. Y Arnedo dice que, gracias al sistema de compensación de Bussi, los gastos políticos del PE bajaron de $ 7 millones (en la época de Ramón Ortega) a $ 4,1 millones.
Los bussistas no quieren ser los hijos de la pavota y tener que pagar por todos los que dispusieron de gastos reservados. Por ello, Germanó ofreció como testigos a numerosos dirigentes, entre ellos al propio gobernador José Alperovich (fue legislador) y al vocal de la Corte Suprema, Héctor Area Maidana (fue funcionario de Bussi en el PE). Pretende que, a los ojos de la sociedad, no pueda condenarse a cuatro por un sistema que usufructuaron cientos de políticos.
Los próximos a Jerez son escépticos y no creen que del juicio vaya a salir nada claro porque a la sala IV de la Cámara Penal, encargada de juzgar a Bussi y compañía, la preside María del Pilar Prieto, con quien el ex fiscal tuvo más de un cruce. Del mismo modo, en Tribunales consideran que Jerez no era muy meticuloso en sus investigaciones, lo que las vuelve endebles. Más allá de estas rencillas menores, propias de una interna que ya debiera estar superada, la Justicia tendrá la oportunidad institucional de poner en su sitio lo que los políticos no pudieron, en uno de los juicios más importantes desde 1983.