La preocupación por los bosques de la provincia tiene antigua data. Al comenzar el siglo que pasó, en 1901, el gobernador Próspero Mena propuso a la Legislatura poner bajo “la vigilancia del gobierno” todos los bosques de la provincia. Fijaba las épocas del año para los cortes; prohibía realizarlos cerca de vertientes, ojos de agua o manantiales o la orilla de los ríos; obligaba a las replantaciones, y un muy largo etcétera. Consideraba –ya en 1901- que se asistía a una explotación “tan desordenada y en tan vastas proporciones”, que era urgente la adopción de medidas oficiales “que tiendan a conservar esta riqueza natural que difícilmente puede ser recuperada por la acción del hombre una vez perdida”.
No pudo el doctor Mena lograr la ley que buscaba. En 1916, Juan B. Terán se mostraba alarmado por los efectos de la tala en la provincia. “No hay –decía- actos más hostiles, más destructivos del porvenir grandioso con que nos adulamos y mecemos nuestra imprevisión, que el descuido y derroche de nuestro patrimonio natural”. Recordaba que Tucumán “es un oasis debido a la montaña y al bosque”, ya que aquélla “detiene los vapores del Atlántico y los condensa, y de la lluvia ha surgido el bosque que mantiene la humedad, refresca el clima y enriquece el suelo”. Gracias a las montañas y a los árboles, nuestra provincia era “una excepción extraordinaria, pues en ambos hemisferios, en su posición geográfica, se hallan los mayores desiertos del globo, según la profunda observación de Lillo”.
Estas referencias, asentadas sólo a título de ejemplo, son suficientes para marcar, como francamente positiva, la medida implementada por la Municipalidad de Yerba Buena, y sobre la que hemos informado detenidamente. Se trata de suspender, por 180 días prorrogables a otros tantos, los desarrollos inmobiliarios en el piedemonte. La prohibición abarca desde el río Muerto hacia arriba, hasta las fronteras norte, oeste y sur del distrito.
Entre otras razones, se tiene en cuenta que la desaparición del cerro en tan alarmante dimensión, pone a Tucumán ante el riesgo cierto de inundaciones, de desertización y de una alteración sustancial del ecosistema de la región.
La iniciativa prevé la formación de un comité, integrado por funcionarios de la Provincia y la Municipalidad, expertos de la UNT y organizaciones ambientalistas, para diseñar un proyecto de ordenanza que regule los asentamientos.
Como lo decimos al comienzo, no se trata de un tema nuevo, sino de una preocupación que ha estado siempre presente en el espíritu de los tucumanos concientes del valor que el paisaje serrano de la provincia tiene. Y que, más allá e su famosa belleza, constituye una pieza invalorable para mantener su clima y su fertilidad.
Es importante, entonces, que se encare seriamente la adopción de medidas que tiendan a corregir las características desmadradas de un proceso que ha adquirido alarmantes características, al parecer sin que las autoridades tomaran el debido peso a sus consecuencias.
No es un secreto para nadie que la inquietud por preservar el medio ambiente tiene absoluta prioridad en los países civilizados desde hace ya largos años. Urge, entonces, poner manos a la obra, diseñar una reglamentación muy pensada y muy rigurosa, y hacerla cumplir estrictamente y sin excepciones, de aquí en adelante.
No pudo el doctor Mena lograr la ley que buscaba. En 1916, Juan B. Terán se mostraba alarmado por los efectos de la tala en la provincia. “No hay –decía- actos más hostiles, más destructivos del porvenir grandioso con que nos adulamos y mecemos nuestra imprevisión, que el descuido y derroche de nuestro patrimonio natural”. Recordaba que Tucumán “es un oasis debido a la montaña y al bosque”, ya que aquélla “detiene los vapores del Atlántico y los condensa, y de la lluvia ha surgido el bosque que mantiene la humedad, refresca el clima y enriquece el suelo”. Gracias a las montañas y a los árboles, nuestra provincia era “una excepción extraordinaria, pues en ambos hemisferios, en su posición geográfica, se hallan los mayores desiertos del globo, según la profunda observación de Lillo”.
Estas referencias, asentadas sólo a título de ejemplo, son suficientes para marcar, como francamente positiva, la medida implementada por la Municipalidad de Yerba Buena, y sobre la que hemos informado detenidamente. Se trata de suspender, por 180 días prorrogables a otros tantos, los desarrollos inmobiliarios en el piedemonte. La prohibición abarca desde el río Muerto hacia arriba, hasta las fronteras norte, oeste y sur del distrito.
Entre otras razones, se tiene en cuenta que la desaparición del cerro en tan alarmante dimensión, pone a Tucumán ante el riesgo cierto de inundaciones, de desertización y de una alteración sustancial del ecosistema de la región.
La iniciativa prevé la formación de un comité, integrado por funcionarios de la Provincia y la Municipalidad, expertos de la UNT y organizaciones ambientalistas, para diseñar un proyecto de ordenanza que regule los asentamientos.
Como lo decimos al comienzo, no se trata de un tema nuevo, sino de una preocupación que ha estado siempre presente en el espíritu de los tucumanos concientes del valor que el paisaje serrano de la provincia tiene. Y que, más allá e su famosa belleza, constituye una pieza invalorable para mantener su clima y su fertilidad.
Es importante, entonces, que se encare seriamente la adopción de medidas que tiendan a corregir las características desmadradas de un proceso que ha adquirido alarmantes características, al parecer sin que las autoridades tomaran el debido peso a sus consecuencias.
No es un secreto para nadie que la inquietud por preservar el medio ambiente tiene absoluta prioridad en los países civilizados desde hace ya largos años. Urge, entonces, poner manos a la obra, diseñar una reglamentación muy pensada y muy rigurosa, y hacerla cumplir estrictamente y sin excepciones, de aquí en adelante.
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