Debate sobre los servicios públicos

Tras haber dispuesto la caducidad de la concesión a cargo del grupo empresario Macri, por incumplimiento en el pago del canon contractual, el Gobierno nacional mantiene su criterio de que el Correo Argentino retorne a la administración privada en seis meses. Esa decisión ya estaba prevista en el decreto de 19 de noviembre último, pero se ha considerado necesario reiterarla públicamente a raíz de manifestaciones equívocas del jefe del Gabinete, quien al elogiar la gestión de la administración oficial transitoria calificó de mito el hecho de que lo privado es bueno y lo estatal, malo. Poco después de la decisión sobre el Correo Argentino, el Gobierno puso fin a la concesión del control del espacio radioeléctrico nacional a la empresa francesa Thales Spectrum, alegando irregularidades, y estatizó la función. Ambas situaciones se han producido en medio del debate de las tarifas, y en un contexto político donde es frecuente replantear el viejo dilema sobre la administración de los servicios públicos. Un conflicto con fondo ideológico, en la medida que no son pocos los que tratan de vincular un problema esencialmente económico y social al concepto de soberanía.
La historia de los servicios públicos en nuestro país está fuertemente asociada a los avatares políticos e institucionales de la Nación, y a sus paralelas opciones privatista o estatal que, a partir de los años 40, marcaron la zigzagueante política económica. La defensa tangencial o ambigua del jefe del Gabinete, Alberto Rodríguez, de un estatismo eficiente no deja de ser razonable cuando considera que la administración por el Estado del Correo Argentino, desde hace dos meses, es muy eficiente. Pero el problema no es ese cuando se trata de la prestación de los servicios públicos y de sus responsables. En nuestro caso la cuestión está centrada en el hecho de que las estatizaciones sucesivas y en corto plazo de los servicios esenciales como teléfonos, electricidad, gas, ferrocarriles y tantos otros implicaron en poco más de una década una considerable pérdida de eficiencia para la economía. Como es notorio, las empresas públicas a su cargo no sólo carecían regularmente de balances e inversiones adecuadas, sino que solamente una -Gas del Estado- declaraba beneficios, pero a costa de endeudarse invariablemente para ello con YPF, su proveedora de materia prima. También es público y notorio que esas compañías debían sus fuertes pérdidas a un destino secundario como fuentes de empleo con planteles de personal que excedían sus requerimientos.
La empresa petrolera estatal fue considerada en aquel tiempo la única en el mundo de su género que tenía déficits constantes, mientras que la telefónica demoraba por años la instalación de un servicio domiciliario y desconocía el sistema digital. Los apagones eran comunes, y basta un poco de memoria al servicio de la verdad para analizar si ese era un buen sistema para asegurar la invocada soberanía. Las dificultades presentes, centralizadas en el aumento de tarifas por efecto de la crisis, y la reconsideración previa de los contratos de concesión marcan el punto esencial donde el debate sobre los servicios públicos debe centrarse. Es decir, el segundo fracaso del Estado, consistente en su demostrada incapacidad para controlar la marcha eficiente de los servicios concesionados, así como el cumplimiento de los contratos, no sólo por las empresas sino igualmente por los entes reguladores, hasta los que ha llegado también el clientelismo.
Los delirios estatizadores tienen, pues, poco espacio en la racionalidad política, además de escasa imaginación para suponer que un Estado en quiebra pueda emprender tan costoso retorno financiero a un pasado con notorios testimonios de decadencia.