Anticorrupción

"Al corrupto vamos a cortarle la cabeza". Los funcionarios de Seguridad llegaron con la idea de que en la Policía de Tucumán estaba enquistada la corrupción, y decidieron combatirla.
Primero reordenaron los destinos. Sacaron de puestos clave a comisarios en los que no confiaban, y los pasaron a un segundo plano, cambiándolos por otros que llegaban con el rótulo de honestos. Pero eso no bastó para que en algunas dependencias la gestión fuera exitosa, y debieron cambiarlos por policías más operativos. Entendieron que, además de honestos, hay que ser efectivos. En el Ministerio de Seguridad Ciudadana están conformes. Todas las semanas separan a uno o a dos miembros de la Policía. Más de 20 policías ya fueron pasados a disponibilidad o licenciados, luego de ser sorprendidos en hechos irregulares.
El trabajo "sucio" en este caso lo está realizando -en silencio- el secretario de Seguridad, Osvaldo Nieva, con el apoyo del ministro Pablo Baillo. Ellos -junto al jefe de Policía Pedro Ledesma- manejan una oficina que pronto será bautizada oficialmente como Asuntos Internos.
¿A qué le pueden tener miedo los uniformados? A que los pesquen pidiendo coimas, o a que alguien se entere de que negociaron la libertad de un detenido, o a que se sepa que se quedaron con dinero u objetos valiosos en un allanamiento. A principios de año, los policías que esperaban los ascensos tuvieron que tener paciencia. Es que cuando la lista de beneficiarios estaba por ser refrendada por el propio gobernador, se decidió borrar a tres comisarios. ¿La razón? Fueron descubiertos pidiéndole dinero a un empresario bailantero para no cerrarle el local. Otra denuncia involucró a un grupo de policías que, sin sentido, detuvieron a un transportista pirata y luego de mantenerlo encerrado dos días, le pidieron una cadena de oro (valuada en $ 400) para devolverle la libertad. El remisero la entregó, pero luego los denunció. A otro hombre lo "apretaron" diciéndole que lo iban a acusar por un delito, y que si no quería permanecer entre rejas, debía pagarles. Hechos que ocurren casi a diario, pero son difíciles de probar. Los funcionarios no quieren que los policías estén cerca de focos de conflicto. Por eso, por ejemplo, les prohibieron intervenir en los controles que hace Transporte. No quieren que pidan ni que se tienten con coimas.

El boicot
Durante el gobierno de Julio Miranda se había intentado implementar Asuntos Internos, pero fue un fracaso. No duró ni dos meses. Recibió un duro boicot de parte de los mismos uniformados. Es que el hecho de que policías investiguen a policías no gusta en el seno de una fuerza que no está acostumbrada a las autodepuraciones. Por eso, los nombres de los policías que integren Asuntos Internos se mantendrán en secreto. Además habrá abogados y, por supuesto, funcionarios del Gobierno.
Por ahora, los policías que fueron sorprendidos en casos de corrupción fueron separados. Recibieron largas licencias o, aquellos que ya habían cumplido los años de servicio, fueron jubilados. Ese es el problema que tienen los funcionarios al encarar las investigaciones internas. Necesitan pruebas suficientes para darle a la Justicia. Pero muchas de las víctimas no quieren denunciar, o no hay suficientes elementos como para solicitar el procesamiento del acusado. Entonces -hasta que el marco legal esté regulado- se debe recurrir a la vía administrativa. Son cientos los policías a los que se les iniciaron sumarios. Pero las carpetas duermen durante años en los cajones, y casi nunca los casos se resuelven. El Gobierno quiere hacer procesos sumarísimos y que la resolución sea pública. La mejor forma de luchar contra la corrupción es exhibiéndola y sacando de circulación a quienes se benefician con ella. Será un paso más para que se recupera la confianza en la Policía.