Demora en prestaciones del PAMI

Hemos dedicado ayer una extensa nota al problema de la tardanza que registran algunas prestaciones del PAMI. Jubilados que deben esperar seis meses hasta que se los provee de una prótesis dental, o ecografías que requieren tres meses para concretarse son algunos de los ejemplos concretos que aporta la directa consulta periodística a los interesados y que nuestra publicación procedió a registrar.
La intervención del PAMI reconoció las deficiencias expresadas, y adujo, como explicación, el hecho de que actualmente deben afrontar una "demanda contenida" que los ha desbordado. Dicha demanda, según el funcionario, tenía un arrastre de hace más de dos años, etapa en que rigió el programa de emergencias que sólo atendía un 10% de los pedidos de mayor urgencia. Expresó que "todo eso está cambiando", y puso como ejemplo la ampliación operada actualmente en el número de los prestadores. Sin embargo, advirtió que va a seguir habiendo demoras antes de que todo se normalice.
La cuestión merece, por cierto, un comentario negativo. No puede ser de otra manera, en cuanto revela que no se ha removido aún la indiferencia del Estado por las situaciones de carencias asistenciales de los jubilados. Esas carencias no solamente pueden manifestarse en internaciones y urgencias (rubro que, según los interesados, funciona hasta el momento con eficacia), sino también en aquellos problemas que son comunes en las personas que han llegado a cierta edad, como los referidos a su dentadura o a su visión, como también los estudios que son de necesidad imprescindible para cada tratamiento.
Parece evidente que a ninguna persona, y mucho menos a las que cargan muchos años encima, se la puede obligar a que aguarden meses hasta recibir la atención que su físico requiere. Se trata de un absurdo y sería ocioso abundar en mayores consideraciones. Inclusive, el plazo de 25 días que las autoridades nacionales han proclamado como máximo para la atención, lejos de ser razonable, es excesivo, y debiera hacerse todo lo posible para reducirlo a menos de la mitad.
Aunque en este momento de poco sirve mirar hacia el pasado, la ciudadanía no puede dejar de asombrarse de que las autoridades anteriores hayan podido acumular semejante cantidad de "demanda contenida", y haberse limitado, durante dos años, a atender sólo un 10% de los casos más urgentes. Esto quiere decir que en este aspecto clave de la acción asistencial del Estado se ha obrado sin ninguna clase de responsabilidad ni de consideración hacia las personas implicadas. Es indudable que semejante criterio debe haber causado en sus destinatarios un daño que sería ilustrativo cuantificar.
Nos parece que este es uno de los temas que debieran movilizar todos los esfuerzos del Gobierno nacional si de veras quiere, como lo expresa públicamente, revertir las situaciones de injusticia y de desamparo que afectan a los sectores más necesitados de la comunidad. Los jubilados tienen derecho a que el Estado atienda sus requerimientos de salud con la celeridad que estos reclaman y sin esperas como las apuntadas, que sonarían a ironía si no testimoniaran una patética realidad.
Debe el PAMI contar con todos los medios para que lo apuntado se convierta en una realidad. Si los prestadores son insuficientes, deben ser multiplicados hasta que el sistema funcione como debe. No puede el poder público efectuar economías dentro de un rubro de tanta gravitación en un sector tan grande de la sociedad. El interventor da a entender que en un futuro próximo todo esto va a "normalizarse". Pensamos que deben adoptarse las providencias para que esa "normalización" se produzca a la máxima brevedad.