30 Enero 2004 Seguir en 
Han comenzado ya las elecciones primarias en los Estados Unidos destinadas a nominar candidatos presidenciales para los comicios de setiembre próximo. Conocidas entre nosotros como elecciones internas, por realizarse entre los afiliados de cada partido, y muy rara vez con participación de ciudadanos independientes registrados en el padrón nacional, ese modelo electoral norteamericano fue precursor para la transparencia del sistema democrático pluralista.
Su actual desarrollo en momentos muy complejos de la política estadounidense es una inmejorable oportunidad para observar su trascendencia y el sistema que las regula, mientras en nuestro país se aguarda el prometido proyecto de reforma política, con fecha probable en marzo, pero del que no se habla ni se informa lo necesario. Otros asuntos -especialmente los de orden económico y social- desplazan al tema de la atención pública, sin advertirse la decisiva significación de esa reforma, que debe transparentar y dar eficacia a nuestro sistema republicano.
Infortunadamente, nuestro país acumula una vasta experiencia de intentos frustrados para la renovación del régimen representativo y de partidos políticos. Desde la restauración democrática, decenas de proyectos -algunos de ellos del Poder Ejecutivo- llegaron al Congreso y quedaron sin tratamiento o a mitad de camino, salvo muy raras excepciones en que se sancionaron enmiendas muy limitadas y parciales de la reforma requerida.
El caso más reciente de frustración se produjo en 2002, cuando el ex presidente Eduardo Duhalde remitió al Poder Legislativo el proyecto de elecciones internas abiertas, que fue posteriormente convertido en ley, pero que a los tres meses de su vigencia fue inobservado por el mismo Gobierno al disponer que el partido oficialista concurriera a los comicios presidenciales con diversos candidatos. Esa arbitrariedad colmó la paciencia de todos los electores argentinos hasta el punto de proponer la condición imposible e incoherente de que se fuesen todos los responsables de cargos políticos, con la convicción de que la crisis tenía su causa profunda en la corrupción estructural del modelo representativo democrático.
El sistema de elecciones primarias o internas abiertas es un punto de partida fundamental para calificar la representación, al permitir seleccionar los candidatos que deben competir por el más importante cargo del gobierno democrático. Ese modelo selectivo, por su apertura a todo el electorado, limita la gravitación de los partidos que, si bien son parte fundamental del juego democrático, no deben ejercer el monopolio en la selección de candidatos.
La reforma constitucional de 1994 incluyó a los partidos en su texto, mas la perduración del viejo régimen político les dio una gravitación desmedida en el sistema, a partir de la cual fueron cayendo en un creciente desprestigio de la sociedad. El sistema fue definido como partidocracia.
Tan afectado quedó por esa causa nuestro régimen político que el colapso institucional con que culminó la crisis sólo pudo ser superado por el sólido espíritu democrático puesto en juego por nuestra sociedad, muchas veces carente de líderes, pero no de creencias en los valores de la libertad con participación ciudadana.
Tras largos años de frustraciones es del todo conveniente que el tema de la reforma política esté presente en la opinión pública y, por supuesto, tampoco deje de generar profundos debates. Para ello no basta que en el análisis del esperado proyecto participen junto al Gobierno organizaciones no gubernamentales (ONG) y representaciones académicas y especializadas, si esa tarea no trasciende para formar conciencia entre la ciudadanía, tan afectada de la incredulidad hacia todas las formas de dirigencia.
Responsable inmediato de esa gestión es el Ministerio del Interior, más propenso generalmente a opinar o a responder sobre asuntos ajenos a su jurisdicción, que acerca del que ahora nos ocupa. Pocas cuestiones tan trascendentes como la reforma política merecen el conocimiento regular de la ciudadanía, que espera la apertura de un cauce imprescindible de participación en la vida política.
Su actual desarrollo en momentos muy complejos de la política estadounidense es una inmejorable oportunidad para observar su trascendencia y el sistema que las regula, mientras en nuestro país se aguarda el prometido proyecto de reforma política, con fecha probable en marzo, pero del que no se habla ni se informa lo necesario. Otros asuntos -especialmente los de orden económico y social- desplazan al tema de la atención pública, sin advertirse la decisiva significación de esa reforma, que debe transparentar y dar eficacia a nuestro sistema republicano.
Infortunadamente, nuestro país acumula una vasta experiencia de intentos frustrados para la renovación del régimen representativo y de partidos políticos. Desde la restauración democrática, decenas de proyectos -algunos de ellos del Poder Ejecutivo- llegaron al Congreso y quedaron sin tratamiento o a mitad de camino, salvo muy raras excepciones en que se sancionaron enmiendas muy limitadas y parciales de la reforma requerida.
El caso más reciente de frustración se produjo en 2002, cuando el ex presidente Eduardo Duhalde remitió al Poder Legislativo el proyecto de elecciones internas abiertas, que fue posteriormente convertido en ley, pero que a los tres meses de su vigencia fue inobservado por el mismo Gobierno al disponer que el partido oficialista concurriera a los comicios presidenciales con diversos candidatos. Esa arbitrariedad colmó la paciencia de todos los electores argentinos hasta el punto de proponer la condición imposible e incoherente de que se fuesen todos los responsables de cargos políticos, con la convicción de que la crisis tenía su causa profunda en la corrupción estructural del modelo representativo democrático.
El sistema de elecciones primarias o internas abiertas es un punto de partida fundamental para calificar la representación, al permitir seleccionar los candidatos que deben competir por el más importante cargo del gobierno democrático. Ese modelo selectivo, por su apertura a todo el electorado, limita la gravitación de los partidos que, si bien son parte fundamental del juego democrático, no deben ejercer el monopolio en la selección de candidatos.
La reforma constitucional de 1994 incluyó a los partidos en su texto, mas la perduración del viejo régimen político les dio una gravitación desmedida en el sistema, a partir de la cual fueron cayendo en un creciente desprestigio de la sociedad. El sistema fue definido como partidocracia.
Tan afectado quedó por esa causa nuestro régimen político que el colapso institucional con que culminó la crisis sólo pudo ser superado por el sólido espíritu democrático puesto en juego por nuestra sociedad, muchas veces carente de líderes, pero no de creencias en los valores de la libertad con participación ciudadana.
Tras largos años de frustraciones es del todo conveniente que el tema de la reforma política esté presente en la opinión pública y, por supuesto, tampoco deje de generar profundos debates. Para ello no basta que en el análisis del esperado proyecto participen junto al Gobierno organizaciones no gubernamentales (ONG) y representaciones académicas y especializadas, si esa tarea no trasciende para formar conciencia entre la ciudadanía, tan afectada de la incredulidad hacia todas las formas de dirigencia.
Responsable inmediato de esa gestión es el Ministerio del Interior, más propenso generalmente a opinar o a responder sobre asuntos ajenos a su jurisdicción, que acerca del que ahora nos ocupa. Pocas cuestiones tan trascendentes como la reforma política merecen el conocimiento regular de la ciudadanía, que espera la apertura de un cauce imprescindible de participación en la vida política.
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