Desde el momento en que son políticos los que ocupan cargos públicos, toda actividad institucional está cargada de motivaciones políticas; especialmente en nuestro país y mucho más en Tucumán. Así que tratar de poner lo institucional en un plano distinto al político, por lo menos en estas tierras, es apostar a perdedor o pecar de ingenuo. La historia reciente es prolífica en ejemplos. Por diferencias sectoriales, ambiciones personales o decisiones partidarias, los poderes del Estado han llegado a enfrentarse.
Baste repasar las veces que por disputas entre un gobernador y un vice se llegó a hablar de crisis institucional y hasta de constituir el Tribunal Constitucional para arreglar el conflicto entre poderes. En Tucumán, las instituciones están al servicio de los hombres que las conducen y de sus proyectos personales. No es delito tener ambiciones en el juego de la política. Sí lo es, en cambio, aprovecharse del cargo para el enriquecimiento propio mientras la mayoría espera que el bienestar sea general y no un bien particular.
¿A qué viene esto? A que en los últimos días los gestos de los principales dirigentes locales fueron dirigidos a tratar de separar lo institucional de lo político. Imposible. Se quiere mostrar una imagen de acción de Estado para esa mayoría que espera respuestas en actitud paciente. Por otra parte, esa es la imagen que obligadamente tiene que dar todo gobierno que aún no cumplió ni siquiera 100 días de gestión, ya que es casi tradición que Juan Pueblo les otorgue un voto de confianza temporal a las nuevas autoridades. Pero, en esta gestión, debido a que los acontecimientos políticos -léase internismo en el poder- se han adelantado varios meses, se convirtió en una necesidad mostrar que hay más aflicción por lo institucional que por lo político. Se comenzó a temer seriamente que lo segundo tape lo primero, a muy pocos meses de haber asumido, y que la situación se desmadre. No es conveniente que ocurra cuando el lema acuñado por el oficialismo es que en Tucumán todo está cambiando.
Preocupado y advertido de esta situación, el gobernador José Alperovich pidió a los periodistas que no le pregunten nada que tenga que ver con la política. Se llamó a silencio por 20 días en este tema, no así en lo que hace a su gestión pública. Será difícil poner límite entre lo uno y lo otro, desde el momento en que sostiene que no le importa la interna del PJ a partir del apoyo que recibe de la gente. Si eso no es hacer política a partir de lo institucional, entonces debemos pensar en dobles discursos. ¿Qué fue entonces su encuentro con el senador José Miranda, al que presentó específicamente como el presidente del PJ? Los mensajes no eran para esa mayoría silenciosa que aguarda los beneficios de la gestión, sino para una minoría partidaria, para los que tienen peso político más allá de su posición institucional.
¿Cómo explicará entonces la reunión que tendrá con Fernando Juri? Institucionalmente será un intento de decir que existe comunicación con el vicegobernador. En realidad, el puente entre la Casa de Gobierno y la Legislatura está cortado. Eso se advierte desde el momento en que se envían decretos de necesidad y urgencia a la Cámara sin que se les anticipe a los parlamentarios oficialistas la urgencia de la jugada.
Pero también se podrá interpretar el hecho desde lo político, aunque al gobernador prefiera evitar mirarlo desde este plano. La imagen de los dos servirá para decir que no hay fractura entre los integrantes de la fórmula ganadora de junio de 2003. Esa foto no será precisamente para los pacientes externos, sino para los impacientes internos. Estos no son otros que los que han desatado de antemano una guerra subterránea -sucia en algunos casos-, de desconfianza mutua y de pelea por asegurarse grandes espacios de poder. Y están en todas partes.
