Después de que este país registrara por lo menos un golpe de Estado por década entre 1930 y 1976, y tras sobrevivir las convulsiones de 1989 y de 2001, la celebración de comicios son toda una bendición política. Quizás por ello, esa conquista todavía reciente, la de elegir regularmente a los gobernantes mediante el voto popular, ha dejado en segundo plano un acontecimiento tan trascendental como las votaciones mismas. Para la salud de la democracia, tan esencial como la elección de las autoridades es la elección de los candidatos a ser autoridades.
La conciencia histórica de la Argentina moderna lo testimonia. La Década Infame, con la que comienza el oprobioso ciclo de las interrupciones democráticas y las proscripciones de los grandes movimientos, enseñó sin tapujos que, antes que el fraude electoral, era fraudulenta la manera misma de escoger a los candidatos. Para aspirar a la conducción del Estado, los únicos requisitos eran poder económico y favores políticos. El gobernante (o la espuria “nobleza de Estado” que lo entornaba) determinaba quién sería el sucesor. José Félix Uriburu bendijo a Agustín Pedro Justo. Justo se inclinó por Roberto Ortiz, cuyo mandato fue completado por Ramón Castillo. Y Castillo señaló a Robustiano Patrón Costas, pero la sucesión fue frustrada por el golpe de 1943.
Porque importa el sistema de selección de los candidatos tanto como la posterior elección general es que los partidos políticos son sagrados para la democracia. Aquí y en todo occidente. “El partido político se hace necesario y, en realidad, indispensable para organizar y activar la voluntad política de la masa electoral... La entrada de los partidos políticos caracteriza el paso de un control oligárquico burgués del proceso de poder a la democracia constitucional moderna”, enseñó en Teoría de la Constitución el notable Karl Lowenstein, considerado con justicia como uno de los padres del constitucionalismo moderno.
El filósofo alemán fue citado por Enrique Petracchi, el recientemente fallecido vocal de la Corte Suprema de la Nación, cuando fundamentó su voto en 1987 para rechazar las pretensiones de Antonio Ríos, quien aspiraba a ser candidato a diputado nacional de Corrientes por sí mismo, es decir, por fuera de cualquier partido político. Ríos planteaba que lo asistía el derecho a ser elegido y cuestionaba que lo obligaran a presentarse sólo a través de una fuerza política. Petracchi no sólo reivindicó la importancia de los partidos, sino que también fijó una distinción esclarecedora. “En la elección de los candidatos se enfrentan dos valores: la libertad y la claridad. Si bien la multiplicidad de candidaturas respeta el primero de estos valores, no siempre ayuda a la claridad de la elección”.
Entonces, que en Tucumán hayan sido oficializadas 503 fuerzas políticas (entre partidos provinciales, municipales y comunales), a través de los cuales se postularán 25.428 candidatos, es mucho más que una vergüenza inconmensurable. Es la mala noticia de la historia. Pero, por sobre todo, es una alarma para la democracia.
Convalidar
El sistema de “acoples”, como primera cuestión, corre por el filo de la inconstitucionalidad. La Convención Constituyente de 2006 fue convocada en Tucumán mediante una ley que establecía la expresa prohibición de reinstaurar la Ley de Lemas. El alperovichismo había derogado el sistema de sublemas como uno de los varios amagues para justificar una reforma constitucional cuya única finalidad era habilitar las reelecciones consecutivas y desequilibrar la república blindando de abusivos poderes el poder político.
Justamente, uno de los embustes oficiales estuvo directamente dirigido a la elección de los postulantes y en Tucumán se estrenaron las primeras Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias para votar quiénes podrían competir -en elecciones complementarias- como candidatos a intendente en Banda del Río Salí, para terminar el mandato que, con su muerte, había dejado incompleto Camilo Elías Khoder. Por supuesto, en boca de este Gobierno toda certeza muere dudosa. Por ello, luego, las PASO se aplicarían en el orden nacional y en buena parte de las provincias, pero ya no en Tucumán.
Sin embargo, la nueva Carta Magna consagrará el “acople” (artículo 43, inciso 12), que no se llama “Ley de Lemas” pero se le parece demasiado. En rigor, mantiene inalterable el vector por el cual todos los “acoples” suman “hacia arriba”, es decir, tributan los votos en favor de la fórmula de gobernador y vicegobernador. A ello suma un rasgo que empeora la situación. Antes también había sublemas por centenares, pero el PJ y la UCR seguían siendo sólo dos partidos, de los que se desprendían listas. Hoy, con el acople, cada desprendimiento (armado a las apuradas con afiliados de ocasión y un carnaval de sellos de goma) es una agrupación política, puesta en pie igualdad con las fuerzas históricas. Es decir, los partidos ya no son organizaciones civiles fundadas en luchas y doctrinas, a las que se confió el monopolio de la representación pública, sino que son cualquier cosa.
En la Junta Electoral Provincial se comprueba, por cierto, la condición de “cualquier cosa” de una cantidad alarmante de las nuevas agrupaciones oficializadas. Hay partidos que tienen calcada la Declaración de Principios con la cual se inscriben. No es una metáfora: los apoderados “múltiples” anotan sus múltiples partidos (que en realidad nunca serán partidos sino tan sólo unas cuantas carpetas) y para todos ellos presentan una misma fotocopia (ni siquiera se toman el trabajo de hacer impresiones individuales cambiando, aunque más no sea, tipo y tamaño de letra) con una única declamación de principios y fines políticos. No se trata de un par de casos: según fuentes informadas (y alarmadas) esa desvergüenza podría llegar al centenar de casos. O sea, no sólo se farsan del elector: también lo toman por idiota. ¿Como va a haber dos partidos que persigan exactamente lo mismo? ¿Cómo va a haber 100? ¿Cómo va a haber una Junta Electoral Provincial que lo admita?
También cabe indagar cómo puede haber un Gobierno que aliente esta afrenta contra la democracia, cuando la democracia le permite gobernar. Y cómo es posible que su antagonista en las encuestas, el Acuerdo por el Bicentenario, haya aceptado naturalizar la perversión de los “acoples” en su búsqueda del poder.
Desnaturalizar
Esta atrocidad mancilla el régimen democrático, como segunda cuestión, por una distinción que advierte el constitucionalista Rodolfo Burgos: el acople no es un sistema electoral, sino un mecanismo que lo desnaturaliza. El sistema electoral de esta provincia es proporcional. Es decir, según la cantidad de votos que obtiene un partido político, en compulsa con otros, consagra una determinada cantidad de candidatos. El drama democrático consiste en que, estadísticamente, desde que rige el “acople” los partidos políticos -salvo contadísimas excepciones- consagran solamente un candidato cada uno. Es decir, son fuerzas que sólo compiten por alcanzar el “piso” de votos con el cual sentar un legislador o un concejal en una banca. En consecuencia, puede decirse que están estableciendo, de hecho, un sistema electoral ya no de proporcionalidad sino de mayoría.
Hilando más fino, San Miguel de Tucumán también deja de funcionar como distrito único dende se eligen 19 legisladores y 18 ediles, para convertirse, de facto, en un territorio de circunscripciones uninominales, porque, salvo un par de casos excepcionales, sólo asumirá un candidato por partido político. Como consecuencia, la boleta electoral se convierte en una mentira: lleva dos decenas de candidatos titulares y una decena de suplentes, cuando con no más de cinco personas bastaría y sobraría. Bastardear las papeletas también es banalizar la democracia.
La desnaturalización es tal que, en rigor, no hay forma conocida de nombrar el régimen electoral tucumano. En el mundo, machaca Burgos, los sistemas bipartidistas presentan -obviamente- dos fuerzas; los multipartidistas exhiben hasta 10; y los pluripartidistas no registran un caso que llegue a los 20. ¿Cómo se llama uno en el que hay más de 500? Si no se lo puede nominar es, necesariamente, abominable.
Extinguir
El resultado de este mecanismo abominable, como tercera cuestión, es la extinción del sistema representativo. Cuanto menos, así lo consideró Petracchi en el “Caso Ríos”, cuando cita Derecho constitucional e instituciones políticas, de Segundo Linares Quintana. “En oportunidad de cada acto electoral, los partidos seleccionan a los candidatos entre los cuales el elector deberá optar al emitir su sufragio; con lo cual imponen el orden de la opinión pública, ya que si los ciudadanos votasen directamente, sin esta labor previa de las agrupaciones partidarias, sobrevendría el caos y la anarquía en los comicios, los votos se dispersarían desordenadamente y quienes resultaren elegidos carecerían de representatividad por el escaso número de sufragios que obtendrían”.
Léase, 503 partidos políticos y 25.428 candidatos (frente a 93 cargos de comisionado rural, 182 de concejal, 19 de intendente, 49 de legislador, uno de gobernador y otro de vice), determinan que, para muchos candidatos, antes que a una elección nos encaminamos hacia una kermés. Y que la representatividad, antes que un valor consagrado desde el artículo 1 de la Constitución Nacional, es una “timba”. Y quien gana un premio en la “timba” de una kermés no debe rendir cuentas a nadie (fuera de los familiares y los amigos que le prestaron los ahorros) acerca de lo que va a hacer con “eso” que ganó.
De allí que sea posible que haya tantos “representantes” gozosos de un Estado multimillonario en una provincia con tanta miseria expuesta durante las inundaciones, y con tantos jubilados muriéndose sin conseguir el 82% móvil que, según la ley y la Justicia, les corresponde.
Los “acoples” no son compatibles con la certeza de la modernidad de que los partidos son imprescindibles para la democracia. Salvo, claro está, que aquí no haya llegado la modernidad. O que la democracia haya dejado de ser considerada imprescindible.
La conciencia histórica de la Argentina moderna lo testimonia. La Década Infame, con la que comienza el oprobioso ciclo de las interrupciones democráticas y las proscripciones de los grandes movimientos, enseñó sin tapujos que, antes que el fraude electoral, era fraudulenta la manera misma de escoger a los candidatos. Para aspirar a la conducción del Estado, los únicos requisitos eran poder económico y favores políticos. El gobernante (o la espuria “nobleza de Estado” que lo entornaba) determinaba quién sería el sucesor. José Félix Uriburu bendijo a Agustín Pedro Justo. Justo se inclinó por Roberto Ortiz, cuyo mandato fue completado por Ramón Castillo. Y Castillo señaló a Robustiano Patrón Costas, pero la sucesión fue frustrada por el golpe de 1943.
Porque importa el sistema de selección de los candidatos tanto como la posterior elección general es que los partidos políticos son sagrados para la democracia. Aquí y en todo occidente. “El partido político se hace necesario y, en realidad, indispensable para organizar y activar la voluntad política de la masa electoral... La entrada de los partidos políticos caracteriza el paso de un control oligárquico burgués del proceso de poder a la democracia constitucional moderna”, enseñó en Teoría de la Constitución el notable Karl Lowenstein, considerado con justicia como uno de los padres del constitucionalismo moderno.
El filósofo alemán fue citado por Enrique Petracchi, el recientemente fallecido vocal de la Corte Suprema de la Nación, cuando fundamentó su voto en 1987 para rechazar las pretensiones de Antonio Ríos, quien aspiraba a ser candidato a diputado nacional de Corrientes por sí mismo, es decir, por fuera de cualquier partido político. Ríos planteaba que lo asistía el derecho a ser elegido y cuestionaba que lo obligaran a presentarse sólo a través de una fuerza política. Petracchi no sólo reivindicó la importancia de los partidos, sino que también fijó una distinción esclarecedora. “En la elección de los candidatos se enfrentan dos valores: la libertad y la claridad. Si bien la multiplicidad de candidaturas respeta el primero de estos valores, no siempre ayuda a la claridad de la elección”.
Entonces, que en Tucumán hayan sido oficializadas 503 fuerzas políticas (entre partidos provinciales, municipales y comunales), a través de los cuales se postularán 25.428 candidatos, es mucho más que una vergüenza inconmensurable. Es la mala noticia de la historia. Pero, por sobre todo, es una alarma para la democracia.
Convalidar
El sistema de “acoples”, como primera cuestión, corre por el filo de la inconstitucionalidad. La Convención Constituyente de 2006 fue convocada en Tucumán mediante una ley que establecía la expresa prohibición de reinstaurar la Ley de Lemas. El alperovichismo había derogado el sistema de sublemas como uno de los varios amagues para justificar una reforma constitucional cuya única finalidad era habilitar las reelecciones consecutivas y desequilibrar la república blindando de abusivos poderes el poder político.
Justamente, uno de los embustes oficiales estuvo directamente dirigido a la elección de los postulantes y en Tucumán se estrenaron las primeras Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias para votar quiénes podrían competir -en elecciones complementarias- como candidatos a intendente en Banda del Río Salí, para terminar el mandato que, con su muerte, había dejado incompleto Camilo Elías Khoder. Por supuesto, en boca de este Gobierno toda certeza muere dudosa. Por ello, luego, las PASO se aplicarían en el orden nacional y en buena parte de las provincias, pero ya no en Tucumán.
Sin embargo, la nueva Carta Magna consagrará el “acople” (artículo 43, inciso 12), que no se llama “Ley de Lemas” pero se le parece demasiado. En rigor, mantiene inalterable el vector por el cual todos los “acoples” suman “hacia arriba”, es decir, tributan los votos en favor de la fórmula de gobernador y vicegobernador. A ello suma un rasgo que empeora la situación. Antes también había sublemas por centenares, pero el PJ y la UCR seguían siendo sólo dos partidos, de los que se desprendían listas. Hoy, con el acople, cada desprendimiento (armado a las apuradas con afiliados de ocasión y un carnaval de sellos de goma) es una agrupación política, puesta en pie igualdad con las fuerzas históricas. Es decir, los partidos ya no son organizaciones civiles fundadas en luchas y doctrinas, a las que se confió el monopolio de la representación pública, sino que son cualquier cosa.
En la Junta Electoral Provincial se comprueba, por cierto, la condición de “cualquier cosa” de una cantidad alarmante de las nuevas agrupaciones oficializadas. Hay partidos que tienen calcada la Declaración de Principios con la cual se inscriben. No es una metáfora: los apoderados “múltiples” anotan sus múltiples partidos (que en realidad nunca serán partidos sino tan sólo unas cuantas carpetas) y para todos ellos presentan una misma fotocopia (ni siquiera se toman el trabajo de hacer impresiones individuales cambiando, aunque más no sea, tipo y tamaño de letra) con una única declamación de principios y fines políticos. No se trata de un par de casos: según fuentes informadas (y alarmadas) esa desvergüenza podría llegar al centenar de casos. O sea, no sólo se farsan del elector: también lo toman por idiota. ¿Como va a haber dos partidos que persigan exactamente lo mismo? ¿Cómo va a haber 100? ¿Cómo va a haber una Junta Electoral Provincial que lo admita?
También cabe indagar cómo puede haber un Gobierno que aliente esta afrenta contra la democracia, cuando la democracia le permite gobernar. Y cómo es posible que su antagonista en las encuestas, el Acuerdo por el Bicentenario, haya aceptado naturalizar la perversión de los “acoples” en su búsqueda del poder.
Desnaturalizar
Esta atrocidad mancilla el régimen democrático, como segunda cuestión, por una distinción que advierte el constitucionalista Rodolfo Burgos: el acople no es un sistema electoral, sino un mecanismo que lo desnaturaliza. El sistema electoral de esta provincia es proporcional. Es decir, según la cantidad de votos que obtiene un partido político, en compulsa con otros, consagra una determinada cantidad de candidatos. El drama democrático consiste en que, estadísticamente, desde que rige el “acople” los partidos políticos -salvo contadísimas excepciones- consagran solamente un candidato cada uno. Es decir, son fuerzas que sólo compiten por alcanzar el “piso” de votos con el cual sentar un legislador o un concejal en una banca. En consecuencia, puede decirse que están estableciendo, de hecho, un sistema electoral ya no de proporcionalidad sino de mayoría.
Hilando más fino, San Miguel de Tucumán también deja de funcionar como distrito único dende se eligen 19 legisladores y 18 ediles, para convertirse, de facto, en un territorio de circunscripciones uninominales, porque, salvo un par de casos excepcionales, sólo asumirá un candidato por partido político. Como consecuencia, la boleta electoral se convierte en una mentira: lleva dos decenas de candidatos titulares y una decena de suplentes, cuando con no más de cinco personas bastaría y sobraría. Bastardear las papeletas también es banalizar la democracia.
La desnaturalización es tal que, en rigor, no hay forma conocida de nombrar el régimen electoral tucumano. En el mundo, machaca Burgos, los sistemas bipartidistas presentan -obviamente- dos fuerzas; los multipartidistas exhiben hasta 10; y los pluripartidistas no registran un caso que llegue a los 20. ¿Cómo se llama uno en el que hay más de 500? Si no se lo puede nominar es, necesariamente, abominable.
Extinguir
El resultado de este mecanismo abominable, como tercera cuestión, es la extinción del sistema representativo. Cuanto menos, así lo consideró Petracchi en el “Caso Ríos”, cuando cita Derecho constitucional e instituciones políticas, de Segundo Linares Quintana. “En oportunidad de cada acto electoral, los partidos seleccionan a los candidatos entre los cuales el elector deberá optar al emitir su sufragio; con lo cual imponen el orden de la opinión pública, ya que si los ciudadanos votasen directamente, sin esta labor previa de las agrupaciones partidarias, sobrevendría el caos y la anarquía en los comicios, los votos se dispersarían desordenadamente y quienes resultaren elegidos carecerían de representatividad por el escaso número de sufragios que obtendrían”.
Léase, 503 partidos políticos y 25.428 candidatos (frente a 93 cargos de comisionado rural, 182 de concejal, 19 de intendente, 49 de legislador, uno de gobernador y otro de vice), determinan que, para muchos candidatos, antes que a una elección nos encaminamos hacia una kermés. Y que la representatividad, antes que un valor consagrado desde el artículo 1 de la Constitución Nacional, es una “timba”. Y quien gana un premio en la “timba” de una kermés no debe rendir cuentas a nadie (fuera de los familiares y los amigos que le prestaron los ahorros) acerca de lo que va a hacer con “eso” que ganó.
De allí que sea posible que haya tantos “representantes” gozosos de un Estado multimillonario en una provincia con tanta miseria expuesta durante las inundaciones, y con tantos jubilados muriéndose sin conseguir el 82% móvil que, según la ley y la Justicia, les corresponde.
Los “acoples” no son compatibles con la certeza de la modernidad de que los partidos son imprescindibles para la democracia. Salvo, claro está, que aquí no haya llegado la modernidad. O que la democracia haya dejado de ser considerada imprescindible.
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