Trabajos sucios. En todos los gobiernos hubo gente que hizo tareas a oscuras, rayanas en la marginalidad y en el delito, para mantener o para cambiar un determinado esquema de fuerzas y afianzarse en el poder. Todos los escraches, pintadas y panfleteadas que se vivieron en los últimos años fueron la muestra descarada de esa forma de influir "por izquierda" en el juego de la política, y en muchos casos el objetivo de los agresores se cumplió: el panfleto significó "quemar" al oponente (enemigo, en este caso), a veces para siempre.
El primer trabajo sucio ha sido, siempre, la investigación de inteligencia estatal, justificada en la necesidad de prevenir acciones delictivas pero utilizada muchas veces para establecer absurdos espionajes ideológicos, consentidos por las autoridades. En tiempos del gobierno de Antonio Bussi, hubo una denuncia por seguimientos a estudiantes que quedó en la nada. En la mira estuvo el Departamento de Informaciones de la Policía (D-2), hoy conocido como Departamento de Política Criminal, que es el que, en teoría, debería investigar todo lo atinente a escraches, pintadas y panfletos.
Más grave fue lo ocurrido en el gobierno de Antonio Miranda. En esa gestión crecieron en forma desenfrenada los grupúsculos mafiosos que escracharon a quienes quisieron, hicieron volantes por doquier y hasta participaron en actos delictivos como poner granadas o quemar una edición dominical de LA GACETA. Las acciones marginales y semidelictivas llegaron incluso a la proliferación de panfletos agraviantes que afectaron al mismo Miranda.
Cuando terminaba el período de Antonio Guerrero como ministro de Gobierno (de quien dependía la Policía y, por ende, el D2) se desató un escándalo a propósito de esos panfletos, que fue asordinado, y que los políticos recuerdan como "El caso Puñalada". La confusa detención de un personaje marginal por parte del D2 derivó en la separación del jefe de Informaciones (el hoy comisario retirado Miguel Angel Chuchuy Linares), quien dejó su lugar al comisario Pedro René Ledesma, hoy jefe de Policía. Poco después de este episodio, Guerrero también dejaba el ministerio político en el Gobierno de Miranda.
El caso no llegó a dilucidarse, a pesar de que hubo una investigación judicial que quedó desactivada porque se levantó la denuncia. Pero fue en esos tiempos cuando más cerca se estuvo de llegar a los autores de panfletos.
Hoy los agresores han vuelto. Tienen otros intereses pero similares métodos. El vicegobernador Fernando Juri y otras personas del peronismo fueron escrachados, de lo que se infiere que se trataría de grupos del PJ que persiguen los objetivos de siempre: difamar desde la oscuridad, para desacreditar a determinadas personas y hacerlas caer de un pedestal, o bien impedir que adquieran poder. Aprovechan, como en tiempos de Miranda, que la Policía -manejada por intereses y temores políticos- y la Justicia -que encuentra trabas para investigar estos hechos- son impotentes. Por eso no se hicieron problemas ni siquiera cuando el gobernador José Alperovich dijo que se conocía en qué imprenta se habían hecho los panfletos. Después, la Policía, que había pedido un allanamiento, se dio con que hacía falta una denuncia policial del mismo afectado para que comience la investigación, que aún está en pañales.
Alperovich no advirtió que se trata del resurgimiento, en su gobierno, de los mismos grupos mafiosos que actuaron como quisieron porque nadie supo cómo pararlos. Fueron tiempos nefastos. Y los mismos que los consintieron entonces, que criaron los cuervos, podrían padecerlos en cualquier momento, porque ya probaron el gusto de trabajar impunemente en las sombras. A menos que haya autoridades políticas y judiciales decididas a ponerles freno.
