Desde la madrugada del 8 de julio de 1975, Maurice Jeger y su compañera, Cristina González, engrosan la lista de desaparecidos en democracia. Los sacaron de su casa y después no hubo más que silencio. Ella portaba un embarazo de cuatro meses. Hay testigos que ubican a Jeger en Famaillá. Lo vieron en la tenebrosa Escuelita, el primer centro de detención, torturas y ejecución que el aparato represivo habilitó en el país. El recuerdo no es caprichoso: del calvario de Jeger acaban de cumplirse 40 años. El crimen permanece impune, pero -tal vez- no por mucho tiempo más.
La desaparición de Jeger integra la megacausa Operativo Independencia. Son más de 250 casos debidamente documentados por los que irán a juicio casi 40 acusados. La muerte evitó que Acdel Vilas rindiera cuentas de sus actos ante el Tribunal Oral Federal. Falleció en 2010, cuando las pinzas de la Justicia atenazaban su paso por Tucumán y por Bahía Blanca, destinos en los que resonó su voz de mando. Todo indica que las audiencias de la megacausa se iniciarán a comienzos de 2016. En las decenas de miles de fojas que conforman el expediente están registradas las historias de Jeger y de sus compañeros de infortunio.
Conviene contextualizar el momento histórico en el que Maurice Jeger y Cristina González se convirtieron en víctimas. La entonces presidenta Isabel Perón había firmado el decreto 262/75, a la sazón una orden de aniquilar al foco de guerrilla rural que el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) había instalado en Tucumán. Sobre ese concepto -aniquilar- viene debatiéndose desde hace décadas; qué quiso o no quiso decir el Gobierno constitucional cuando le transfirió el poder a las Fuerzas Armadas. No hay margen para equívocos: aniquilar significa destruir completamente una cosa o persona, acabar con ella o hacer que deje de existir. Movida lógica de un Gobierno que el año anterior había liberado su propia bestia, la triple A.
La foto del Tucumán de julio de 1975 es la de una provincia militarmente intervenida. Mandaba el general Vilas y el caso Jeger lo demuestra. El gobernador Amado Juri estaba amordazado y atado de manos. La Asociación de Prensa, el Círculo de la Prensa y los compañeros de trabajo de Jeger en LA GACETA, donde se desempeñaba como corrector de pruebas, acompañaron a la familia en la búsqueda de información. Golpearon la puerta de Vilas, pero no fueron atendidos por el jefe del Operativo. La respuesta llegó varios días más tarde: nadie sabía nada del tema.
Los festejos de ese 9 de julio fueron una parada militar. Flanqueado por Fray Aníbal Fosbery, rector de la Unsta, Vilas habló en Famaillá. Su discurso no tiene desperdicio. “Los trabajadores son soldados, que en lugar de bayonetas usan la pala y el machete”, subrayó. Después asistió al desfile de la fuerza de tareas “Rayo”, una de las cuatro desplegadas en el interior de la provincia. Las otras presentaron armas en Santa Lucía (“Aconquija”), Monteros (“Capitán Cáceres”) y Lules (“Cóndor”). Las vueltas del lenguaje: de fuerza de tareas a grupo de tareas media apenas un vocablo.
Isabel no pisó Tucumán aquel 9 de julio de 1975. Se quedó en Olivos para ver marchar a los Granaderos. Juri encabezó las celebraciones rodeado de soldados, quienes coparon los actos en la plaza Independencia, la Casa Histórica y la Catedral. Allí escucharon la homilía del arzobispo Blas Victorio Conrero, cuya participación en la represión ilegal quedó consignada por Emilio Mignone en su libro “Iglesia y dictadura”.
Los historiadores no se ponen de acuerdo respecto de la cantidad de efectivos que llegó a desplegar el ERP en el campo tucumano. Ninguno tiene elementos para afirmar que la Compañía de Monte “Ramón Rosa Jiménez” alcanzó más de 120 miembros. Los cálculos más precisos hablan de 93. Quedó más que claro que el terrorismo de Estado desplegado en democracia excedió largamente el objetivo de aniquilar ese objetivo. Los desaparecidos durante 1975 -en todo el país- fueron 359. Mientras tanto, al frente de la Subsecretaría de Seguridad Interior revistaba Héctor García Rey, ex jefe de la Policía tucumana. Su misión: “terminar con esta delincuencia mal llamada guerrilla”. Faltaban años para que aflorara la teoría de los dos demonios.
Jeger era francés, un amante de las letras, de la belleza de las palabras. El pensamiento ponía nerviosos a los represores y lo ratificaría la caza de intelectuales que perduró hasta bien entrada la dictadura. Cuando la verdad se escuche en Tribunales empezará, de una vez por todas, a cicatrizar esta historia.
La desaparición de Jeger integra la megacausa Operativo Independencia. Son más de 250 casos debidamente documentados por los que irán a juicio casi 40 acusados. La muerte evitó que Acdel Vilas rindiera cuentas de sus actos ante el Tribunal Oral Federal. Falleció en 2010, cuando las pinzas de la Justicia atenazaban su paso por Tucumán y por Bahía Blanca, destinos en los que resonó su voz de mando. Todo indica que las audiencias de la megacausa se iniciarán a comienzos de 2016. En las decenas de miles de fojas que conforman el expediente están registradas las historias de Jeger y de sus compañeros de infortunio.
Conviene contextualizar el momento histórico en el que Maurice Jeger y Cristina González se convirtieron en víctimas. La entonces presidenta Isabel Perón había firmado el decreto 262/75, a la sazón una orden de aniquilar al foco de guerrilla rural que el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) había instalado en Tucumán. Sobre ese concepto -aniquilar- viene debatiéndose desde hace décadas; qué quiso o no quiso decir el Gobierno constitucional cuando le transfirió el poder a las Fuerzas Armadas. No hay margen para equívocos: aniquilar significa destruir completamente una cosa o persona, acabar con ella o hacer que deje de existir. Movida lógica de un Gobierno que el año anterior había liberado su propia bestia, la triple A.
La foto del Tucumán de julio de 1975 es la de una provincia militarmente intervenida. Mandaba el general Vilas y el caso Jeger lo demuestra. El gobernador Amado Juri estaba amordazado y atado de manos. La Asociación de Prensa, el Círculo de la Prensa y los compañeros de trabajo de Jeger en LA GACETA, donde se desempeñaba como corrector de pruebas, acompañaron a la familia en la búsqueda de información. Golpearon la puerta de Vilas, pero no fueron atendidos por el jefe del Operativo. La respuesta llegó varios días más tarde: nadie sabía nada del tema.
Los festejos de ese 9 de julio fueron una parada militar. Flanqueado por Fray Aníbal Fosbery, rector de la Unsta, Vilas habló en Famaillá. Su discurso no tiene desperdicio. “Los trabajadores son soldados, que en lugar de bayonetas usan la pala y el machete”, subrayó. Después asistió al desfile de la fuerza de tareas “Rayo”, una de las cuatro desplegadas en el interior de la provincia. Las otras presentaron armas en Santa Lucía (“Aconquija”), Monteros (“Capitán Cáceres”) y Lules (“Cóndor”). Las vueltas del lenguaje: de fuerza de tareas a grupo de tareas media apenas un vocablo.
Isabel no pisó Tucumán aquel 9 de julio de 1975. Se quedó en Olivos para ver marchar a los Granaderos. Juri encabezó las celebraciones rodeado de soldados, quienes coparon los actos en la plaza Independencia, la Casa Histórica y la Catedral. Allí escucharon la homilía del arzobispo Blas Victorio Conrero, cuya participación en la represión ilegal quedó consignada por Emilio Mignone en su libro “Iglesia y dictadura”.
Los historiadores no se ponen de acuerdo respecto de la cantidad de efectivos que llegó a desplegar el ERP en el campo tucumano. Ninguno tiene elementos para afirmar que la Compañía de Monte “Ramón Rosa Jiménez” alcanzó más de 120 miembros. Los cálculos más precisos hablan de 93. Quedó más que claro que el terrorismo de Estado desplegado en democracia excedió largamente el objetivo de aniquilar ese objetivo. Los desaparecidos durante 1975 -en todo el país- fueron 359. Mientras tanto, al frente de la Subsecretaría de Seguridad Interior revistaba Héctor García Rey, ex jefe de la Policía tucumana. Su misión: “terminar con esta delincuencia mal llamada guerrilla”. Faltaban años para que aflorara la teoría de los dos demonios.
Jeger era francés, un amante de las letras, de la belleza de las palabras. El pensamiento ponía nerviosos a los represores y lo ratificaría la caza de intelectuales que perduró hasta bien entrada la dictadura. Cuando la verdad se escuche en Tribunales empezará, de una vez por todas, a cicatrizar esta historia.
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