Las dudas de José Alperovich sobre la oportunidad para llamar a elecciones de convencionales constituyentes aumentan o disminuyen en la medida en que fluctúa su relación con los referentes del justicialismo. El gobernador siente o sabe que la principal oposición a su proyecto de poder nace de las propias filas del peronismo que integra desde hace menos de un año y medio.
El miércoles llegó a su punto máximo la distancia entre el gobernador y su reemplazante natural, Fernando Juri, cabeza de la resistencia peronista en la Legislatura. Ayer, Alperovich posó para la foto con Julio Miranda, el frustrado promotor de la reforma de la cual quiere disfrutar su sucesor. El plazo autoimpuesto para definir las estrategias reeleccionistas es el primer cumpleaños en el poder, porque el mandatario está convencido de que las cosas que no haga en 2004 no podrá hacerlas en 2005, un año en el cual hay elecciones de diputados nacionales; por lo tanto, las aspiraciones, los reclamos y las exigencias de los dirigentes y punteros son otras, muy distintas.
El camino para los cambios está despejado por la ley de Miranda, que sobrevivió a las denuncias de presuntas coimas para sancionar esa cuestionada norma. La Justicia reabriría la investigación porque los ex legisladores ya no tienen los fueros que los amparaban: cayeron el último día en que ocuparon las bancas y ya ninguno tiene protección constitucional alguna. Desde los primeros días de febrero, el juez Víctor Manuel Pérez comenzaría a citar a quienes ocuparon bancas para saber cuánto cobraron aparte de sus dietas en la causa por los gastos de bloque. Nadie espera la aparición milagrosa de un Pontaquarto tucumano, que (de buenas a primeras) confiese que se percibieron fondos para aprobar alguna ley y detalle operaciones en bares y hoteles. Pero ese desfile judicial movilizará mucha atención.
La preocupación de Alperovich por su relación con el peronismo ortodoxo lo lleva a traccionar en varios sentidos. Por adentro, busca sumar adeptos a su propuesta política para lo cual quiere ejercer un férreo control territorial a través de intendentes y comisionados rurales convencidos o seducidos de la utilidad económica de ser un amigo. Por fuera, impulsa más afiliaciones al PJ para copar las candidaturas posibles con caras nuevas, como la de su esposa Beatriz Rojkés, asumida como la primera convencional.
Un escollo para ejercer el control de las listas de convencionales es la polémica Ley de Lemas. Si no es modificada urgentemente limitando la presentación de postulantes, permitiría que se repita el papelón de cientos de boletas en el cuarto oscuro. Luego será tarde para rasgarse las vestiduras. Los legisladores prometieron aprobar los cambios en febrero, pero todo se cocina a fuego muy lento en la hornalla de la interna peronista.
El máximo temor del gobernador es que un PJ que él no controle gane las convencionales, y condicione desde allí todo su poder. Referentes mirandistas negaron que, en ese supuesto, se piense en un acortamiento de mandato de los electos el año pasado, para que en 2005 se baraje y se repartan de nuevo todas las cartas. Por el contrario, aseguraron que respetarán la estabilidad de quienes desempeñan cargos en los tres poderes del Estado, lo que también es enviar un mensaje tranquilizador a la Justicia.
El llamado a las urnas llegará cuando Alperovich esté seguro de que el peronismo no le jugará en contra, porque sólo confía en sus funcionarios, en un grupo mínimo de legisladores y en un puñado chico de dirigentes. Y no todos pertenecen al PJ. No se preocupa de los otros partidos; está convencido de que el oficialismo es, a veces, la peor oposición.
