Coparticipación y federalismo real

El Gobierno central ha puesto en marcha un complejo mecanismo de consultas sobre el proyecto de coparticipación federal de impuestos, que se propone remitir al Congreso para su debate y conversión en ley. Hace ya siete años que el Poder Ejecutivo Nacional se halla en mora con ese deber impuesto por la convención reformadora de la Constitución en 1994, lo cual convirtió al tema en otra de las grandes deudas de la dirigencia política con el país. El sistema de distribución tributaria entre la Nación y las provincias es la clave en que el federalismo se afirma, al asegurar la autonomía financiera de sus integrantes. Las recurrentes emergencias de orden financiero y político que, a partir de 1930, acrecentaron el poder del centralismo, se agravaron a pesar de la restauración constitucional de hace dos décadas, hasta el punto de que más del 60 % del gasto provincial es financiado con recursos de la Nación, a la vez que dos tercios de las provincias exceden el 70 %. Los esfuerzos por sanear la situación fiscal -el último de los cuales es el vigente- tuvieron desde hace dos décadas el peso insuperable del gasto provincial, sin que los sucesivos gobiernos nacionales avanzaran hacia un régimen de coparticipación que aliviara la carga y extremase la responsabilidad de las administraciones provinciales.
En la mayoría de los casos, para un gobernador es políticamente preferible incrementar los fondos que recibe del poder central, antes que presionar tributariamente sobre sus comunidades. Por la misma razón, difícilmente ayude a la recaudadora nacional para controlar la evasión en su provincia, beneficiaria al fin de lo evadido. Por lo demás, el estilo de lealtades partidarias con que las mayorías del Congreso se suelen manejar respecto de los gobiernos centrales afines contribuyó igualmente al bloqueo de un régimen de coparticipación, permitiendo al Poder Ejecutivo el manejo discrecional de fondos, mediante los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Reiteradamente, esa circunstancia fiscal condicionó desde hace más de un lustro los acuerdos contingentes con el Fondo Monetario, cuya tolerancia ante los sucesivos incumplimientos contribuyó a agravar la deuda que hoy soporta la Nación. En el Poder Ejecutivo Nacional -que debe analizar con los gobernadores el proyecto que remitirá al Congreso- hay criterio formado sobre la transferencia creciente de la recaudación de impuestos nacionales, y para poner fin al uso de los ATN. También se considera la creación de un consejo de administración que controlaría el funcionamiento del nuevo régimen.
Es de esperar que el futuro sistema demuestre cabalmente que pone fin, en plazo razonable, al desorden que contribuyó a la pérdida de identidad constitucional de nuestro régimen federal, y devuelva a las provincias responsabilidades y derechos tributarios que fortalezcan sus autonomías. Una pauta ineludible apunta a que sus gobiernos sean los encargados de recaudar los impuestos mejor identificados con la jurisdicción donde se originan. Por otra parte, no menos necesario es que las provincias con menores recursos dispongan de un sistema de compensación mediante un fondo al que aporten las consideradas ricas. Ambas previsiones figuran en proyectos que en los recientes años advirtieron sobre las difíciles situaciones fiscales del país. Desde que se resolvió encarar un régimen adecuado de coparticipación, mucho se ha hecho para ordenar los gastos provinciales. Ello ha sido un buen paso para escapar a la herencia de postergaciones políticas en la distribución de los recursos. La consigna debe ser ahora lograr un reparto equitativo de los fondos y esfuerzos para recaudarlos, y recuperar la vigencia del federalismo real.