Desafortunado modelo representativo

El Senado va a seguir siendo el soporte de mayor cohesión parlamentaria, el reaseguro para legislar lo que el Poder Ejecutivo requiera, según ha manifestado el titular del bloque oficialista de senadores nacionales, Miguel Angel Pichetto, quien señaló además que el suyo "es un partido que se cohesiona detrás del Presidente y el gobierno". Esas y otras consideraciones -en el mejor de los casos equívocas- que, a juicio del legislador justicialista, justifican una tradición de liderazgo presidencial sobre las decisiones de la mayoría, están lejos de dar coherencia al criterio del propio Pichetto, según el cual "no hay democracia sin Parlamento". Por cierto que no, puesto que el control constitucional sobre los actos del Poder Ejecutivo de la Nación es una de las responsabilidades que el sistema republicano de instituciones ha confiado a los representantes del pueblo y de las provincias. No es innecesario recordar que el Senado representa a las segundas, y que las manifestaciones en cuestión se han producido cuando se aguarda el tratamiento de la nueva ley de coparticipación federal de impuestos, amén de otras normas respecto de las cuales el federalismo debe estar por encima de esas lealtades partidarias, invocadas poco menos que como un honor. Consecuentemente, según el senador Pichetto, las críticas de la oposición parlamentaria parten de la falta de ideas y de su incapacidad para generar alternativas.
Tan desafortunadas opiniones se producen cuando el Senado debe hacer frente a su gran desprestigio por las denuncias de corrupción de algunos de sus miembros para sancionar la ley de reforma laboral, cuya derogación analiza el Poder Ejecutivo. La confusión del gobierno con el partido ha sido en nuestro país, desde hace numerosas décadas, una relación fatal para la vigencia de los valores republicanos que inspiraron la Constitución histórica; a tal punto que su abandono provocó severas crisis y hasta colapsos gubernamentales como los soportados por el gobierno de la Alianza. Es decir, el liderazgo y la lealtad aludidos por el senador Pichetto no tuvieron otra alternativa que la ruptura del diálogo político constructivo en el que se funda el sistema democrático. Ese concepto sobre la responsabilidad del Congreso no es aceptable ni aun en tiempos de guerra, para los cuales la Constitución ha previsto concesiones limitadas al Presidente, involucrando por igual a todos los sectores parlamentarios. Otra cuestión es el compromiso ético y moral que los candidatos de un partido a los cargos electivos formalizan con sus electores, y que no debe contrariar principios constitucionales como el de separación de los poderes. Tan violenta es la supeditación de integrantes del Poder Judicial al político, como la de una mayoría parlamentaria al Ejecutivo. La proximidad del debate de la coparticipación federal en el Senado, como cámara iniciadora, suscita comprensibles reservas, fundadas en que los intereses de las provincias deban pasar por ese régimen de lealtades, en el que la actual mayoría parlamentaria opta por el compromiso con el Presidente y con el gobierno "como siempre ha ocurrido en el peronismo", según el jefe del bloque oficialista. En el caso del Senado esa posibilidad se agrava por el hecho de ser sus miembros representantes de las provincias, cuyas autonomías federales tienen una clave ineludible en los recursos tributarios que debe asignar el sistema de coparticipación. El orden de prioridad de las lealtades por el que transcurre nuestra política sigue prestando fundamento al viejo principio según el cual las bancas de los cuerpos colegiados pertenecen al partido antes que a los representantes del pueblo de la Nación y de las provincias que los eligió.