Dos decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo no pasarán hoy la barrera legislativa. La Cámara les dirá no a los que promueven una nueva tarifa para el agua y al que permitía al Gobierno trasladar discrecionalmente al personal de la administración pública. ¿Hay que mirar debajo del agua para determinar si detrás del rechazo institucional existe una finalidad política? Hasta el momento los poderes del Estado han mantenido una relación de buena vecindad desde el 29 de octubre, por lo que a los efectos de la decisión de los legisladores habrá que medirlos por las reacciones verbales de los funcionarios del PE. Cabe esperar dos salidas: 1) que se reconozca la atribución legal de la Legislatura para modificar resoluciones del Ejecutivo y 2) que se atribuya a los parlamentarios la intención de gobernar interfiriendo en las decisiones de la Casa de Gobierno. La primera sería de mantenimiento de la línea, como ocurrió otras veces. La segunda sería para perder la línea, algo así como irritarse porque los ediles decidieron respetar la legalidad y no aceptar condicionamientos de dudosa constitucionalidad.
Pero hay más para analizar. Quizás desde el PE se intente leer desde lo político la expresión del Poder Legislativo. No es menor que se le quite de las manos al gobernador José Alperovich la posibilidad de disponer el traslado de una repartición a otra a los empleados públicos. Lo que hace la Cámara es darles la razón a los gremios estatales. Así, mientras desde el seno del PE se les niega a los empleados públicos una recomposición salarial y el reconocimiento del mínimo, vital y móvil de $ 350 -amparándose en condicionamientos nacionales-, la Legislatura escucha el clamor sindical y resuelve favorablemente. ¿Quiénes son los malos y quiénes los buenos? La sesión de la Cámara posiblemente esconda las verdaderas razones de los rechazos. Nuevamente: ¿hay intencionalidad política?
Lo que es evidente es que los tiempos políticos están ganándole la carrera al calendario. Las especulaciones están en la calle y tienen que ver con los liderazgos. En la batalla del querer ser se mezclan las luchas por evitar que otro sea. Pero, ¿qué está en juego como para que la pelea -sucia por ahora- se haya desatado? En el horizonte sólo se presenta un motivo para que las pasiones se hayan exacerbado: la reforma de la Constitución de 1990. Es decir, tiene que haber necesariamente una elección de convencionales constituyentes. Y toda elección sirve para que los dirigentes con aspiraciones intenten estirar sus límites de poder en las internas partidarias y, además, para que se evalúe indirectamente una gestión. Según se conoció por boca de funcionarios del gabinete provincial, existe la seria intención del PE de convocar a comicios a mitad de año.
He aquí el posible nudo del problema: ¿quién elegiría a los constituyentes del oficialismo? Se supone que la nómina debe surgir del Partido Justicialista y que debe haber internas entre los afiliados. Y la primera dama y varios miembros del gabinete ya se han afiliado al peronismo. Alperovich no querrá una nueva Carta Magna que lo perjudique, pero más que nada deberá demostrar que es el nuevo líder, al que ungieron algunos de sus leales, a partir de dominar la conformación de la lista. Si lo hace, será porque habrá ganado la batalla interna. ¿A quién? He aquí otro misterio a develar: quiénes son los rivales de Alperovich en la interna del peronismo. El presidente es Julio Miranda. Su silencio favorece las expresiones de triunfo del alperovichismo. Recordemos, también, que el vicepresidente del PJ es el vicegobernador Fernando Juri.
Cabe preguntar si estos son los rivales, así como cabe mirar debajo del agua y determinar si detrás de las decisiones de la Cámara hay sólo posiciones institucionales o el comienzo de los escarceos políticos.
