El equilibrio entre los poderes

El retorno a la democracia, que marcó un momento trascendental en la vida institucional de nuestro país hace ya más de 20 años, conlleva una serie de ventajas innegables y, al mismo tiempo, obliga a todos los actores de la comunidad a asumir deberes y responsabilidades. La mayor parte de estos corre por cuenta de los gobernantes, quienes en ningún momento pueden perder de vista que actúan por el mandato que les ha conferido la comunidad y en representación del conjunto de ciudadanos que los eligió para los cargos que desempeñan.
Dentro del sistema de gobierno que se han dado nuestro país y nuestra provincia, tiene singular importancia el concepto de la división y de la independencia de los poderes. El delicado equilibrio de fuerzas busca bloquear la imposición del pensamiento único e impedir las actitudes hegemónicas. Es por eso que se vuelve fundamental garantizar la autonomía y la independencia de las distintas instancias de la administración del Estado. Nuestro país y, en especial, nuestra provincia, han vivido demasiados ejemplos trágicos de las consecuencias que trae el ejercicio del poder omnímodo, como para volver a describir los nefastos efectos que este abuso de la autoridad produce en la comunidad.
La aprobación por parte de los concejales del "Pacto para el Crecimiento", firmado por el intendente con el gobierno de la provincia, no puede dejar de ajustarse a lo que dispone el sistema republicano de gobierno. Es innegable que la de San Miguel de Tucumán es una municipalidad desquiciada, financieramente quebrada y económicamente inviable sin ayuda externa. El fracaso de las administraciones ha llevado al colapso al gobierno de la capital. Los servicios son ineficientes e insuficientes, o directamente no se prestan; los conflictos con el personal municipal son moneda corriente, y es siempre el ciudadano el que se encuentra en el medio del fuego cruzado, entre la impotencia de los funcionarios y los reclamos de los trabajadores; la inexistencia de planes de gobierno serios para regular el crecimiento de la ciudad ha dado como resultado un caos sin precedentes.
Es indudable que la firma del pacto incluye un auxilio financiero que asegurará el pago de sueldos y garantizará la continuidad de ciertos servicios esenciales; pero también es cierto que la administración comunal no se reduce a pagar los salarios.No debe contrariar a nadie que se busque perfeccionar un instrumento que, de uno o de otro modo, la Municipalidad terminará por aceptar. Pero justamente en ese análisis enriquecedor y en esa polémica constructiva es donde se asientan los conceptos básicos de la vida en verdadera democracia. No es saludable para las instituciones que la premura por sanear las cuentas se imponga excluyentemente y sin que se busquen responsables del descalabro ni medidas para evitar que se produzcan estos constantes problemas. La Constitución tucumana prevé juicios de responsabilidad contra quienes provocan daño patrimonial, pero no se conoce que se haya utilizado este mecanismo.
Es responsabilidad de nuestros dirigentes enmarcar el pacto en las prescripciones de las Constituciones nacional y provincial, en lo que establece la Ley Orgánica de Municipalidades, y ajustar a derecho el texto del acuerdo. Será la única manera de demostrar que se está actuando democráticamente y no aplicando la fuerza del que dispone de los recursos económicos sobre el que los necesita.