Por Abrehu Carlos
12 Octubre 2014
El reparto del poder político que decidió el electorado en las elecciones de diciembre de 1983 emergió como una experiencia novedosa en la Argentina política. Las consecuencias de ese cambio de la opinión impactaron sensiblemente en Tucumán. La distribución de territorios y espacios institucionales suscitó múltiples fricciones entre peronistas y radicales.
En enero del 84 abundaron las divergencias y choques entre el intendente radical Rubén Chebaia y los concejales peronistas. La designación de los nuevos directores del Banco Municipal constituyó acaso el episodio más resonante.
De alto voltaje
Con todo, fue el propio gobernador Fernando Riera quien elevó la temperatura política comarcana. A todos sorprendió cuando se refirió a acciones que se proponían derrumbar su gobierno.
El Gobierno está siguiendo ciertos movimientos, ciertas cosas que se están haciendo para desestabilizar el Gobierno de Tucumán, dijo el 29 de enero. Riera deslizó con ese lenguaje ambiguo la hipótesis de un complot tendiente a derribar un gobierno que interviene en los pequeños, medianos y grandes problemas sociales, en defensa de la provincia.
Contrapuso así, en ese contexto, al hecho de que el gobierno de Tucumán era del PJ y el de la Nación, de la UCR. Me voy a jugar una patriada por los intereses de los trabajadores, planteó con tono polémico.
En esos días tenían lugar los primeros escarceos entre la administración de Raúl Alfonsín y las gobernaciones peronistas por la asignación de partidas a las provincias. Tengo la impresión de que la tolerancia va tener que reinar en la civilidad, aseveró el mandatario del PJ ante un enjambre de sindicalistas.
La respuesta radical
En las filas de la UCR tucumana la revelación del titular del Ejecutivo causó estupor y enojo. No era para menos. Se tendía un manto de sospecha sobre el partido gobernante en la Casa Rosada, cuando habían transcurrido unos 50 días desde la instauración de la democracia.
Así las cosas, los diputados Alfredo Terraf y Carlos Muiño presentaron un proyecto de interpelación al ministro de Gobierno y Justicia, Arturo Jiménez Montilla, para que explicara el alcance de las manifestaciones de Riera. Se pretendía poner en práctica ese mecanismo constitucional después de años de dictadura militar.
Tiene la obligación constitucional de denunciar ante el pueblo el plan sedicioso denunciado por Riera, plantearon Terraf y Muiño. Esa movida parlamentaria se plasmó el 30 de enero de 1984. Qué medidas se adoptaron para preservar las instituciones, preguntaban.
Negativa oficialista
Ante el rumbo que tomaba la discusión, el titular del bloque radical del Senado, Ramón Isauro Martínez calificó de insólita a la aseveración de Riera. Desde el PJ, Eduardo Posse Cuezzo acusó a la UCR de pretender obtener réditos de la situación.
Diputados, por 21 a 17, rechazó la iniciativa radical en la sesión del 3 de febrero. El pueblo tiene que ser informado, arguyó Terraf. Y agregó: no queremos enterarnos por la prensa de que peligra la estabilidad del Gobierno. Miguel Nazur, jefe del bloque peronista, replicó que otras declaraciones de Riera no se habían tratado en la Cámara. Jesús María Martínez (PJ) instó a respetar la división de poderes y no molestar al gobernador por lo que declare. Martínez presidía la Cámara.
Fue la primera interpelación frustrada en el ciclo democrático.
En enero del 84 abundaron las divergencias y choques entre el intendente radical Rubén Chebaia y los concejales peronistas. La designación de los nuevos directores del Banco Municipal constituyó acaso el episodio más resonante.
De alto voltaje
Con todo, fue el propio gobernador Fernando Riera quien elevó la temperatura política comarcana. A todos sorprendió cuando se refirió a acciones que se proponían derrumbar su gobierno.
El Gobierno está siguiendo ciertos movimientos, ciertas cosas que se están haciendo para desestabilizar el Gobierno de Tucumán, dijo el 29 de enero. Riera deslizó con ese lenguaje ambiguo la hipótesis de un complot tendiente a derribar un gobierno que interviene en los pequeños, medianos y grandes problemas sociales, en defensa de la provincia.
Contrapuso así, en ese contexto, al hecho de que el gobierno de Tucumán era del PJ y el de la Nación, de la UCR. Me voy a jugar una patriada por los intereses de los trabajadores, planteó con tono polémico.
En esos días tenían lugar los primeros escarceos entre la administración de Raúl Alfonsín y las gobernaciones peronistas por la asignación de partidas a las provincias. Tengo la impresión de que la tolerancia va tener que reinar en la civilidad, aseveró el mandatario del PJ ante un enjambre de sindicalistas.
La respuesta radical
En las filas de la UCR tucumana la revelación del titular del Ejecutivo causó estupor y enojo. No era para menos. Se tendía un manto de sospecha sobre el partido gobernante en la Casa Rosada, cuando habían transcurrido unos 50 días desde la instauración de la democracia.
Así las cosas, los diputados Alfredo Terraf y Carlos Muiño presentaron un proyecto de interpelación al ministro de Gobierno y Justicia, Arturo Jiménez Montilla, para que explicara el alcance de las manifestaciones de Riera. Se pretendía poner en práctica ese mecanismo constitucional después de años de dictadura militar.
Tiene la obligación constitucional de denunciar ante el pueblo el plan sedicioso denunciado por Riera, plantearon Terraf y Muiño. Esa movida parlamentaria se plasmó el 30 de enero de 1984. Qué medidas se adoptaron para preservar las instituciones, preguntaban.
Negativa oficialista
Ante el rumbo que tomaba la discusión, el titular del bloque radical del Senado, Ramón Isauro Martínez calificó de insólita a la aseveración de Riera. Desde el PJ, Eduardo Posse Cuezzo acusó a la UCR de pretender obtener réditos de la situación.
Diputados, por 21 a 17, rechazó la iniciativa radical en la sesión del 3 de febrero. El pueblo tiene que ser informado, arguyó Terraf. Y agregó: no queremos enterarnos por la prensa de que peligra la estabilidad del Gobierno. Miguel Nazur, jefe del bloque peronista, replicó que otras declaraciones de Riera no se habían tratado en la Cámara. Jesús María Martínez (PJ) instó a respetar la división de poderes y no molestar al gobernador por lo que declare. Martínez presidía la Cámara.
Fue la primera interpelación frustrada en el ciclo democrático.
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