Tierras de San Javier

Hace pocos días, dedicamos una nota a problemas existentes en las tierras fiscales de San Javier. Existen unas 80 familias que viven allí desde hace cuatro décadas, y aún no han logrado obtener sus títulos de propiedad: en dos oportunidades la Legislatura aprobó la ley que aprobaba la venta y en ambos casos se produjo el veto de las normas por parte del Ejecutivo. No es la única cuestión. En San Javier se han producido también asentamientos, en los últimos años, sin que el Estado tome medidas al respecto, ni busque la manera de ordenar y regularizar de algún modo tales situaciones. Y a esto hay que agregar que, según el delegado comunal, existen personas que han logrado, de la Secretaría de Turismo, autorización para ocupar predios con destino a vivero, cría de animales u otras actividades, sin que exista una reglamentación clara que fije una fecha para la devolución, ni que se prevean beneficios para la comuna.
En otra nota reciente, nos referimos a los asentamientos en el área del pie del cerro. Algunos son de antigua data y otros, recientes: gente que ha levantado precarias viviendas y que se declara satisfecha de "vivir en un paraíso". Por comprensibles que puedan ser las situaciones sociales que originan los asentamientos, nos parece que el Estado no puede despreocuparse de predios que le pertenecen, y menos que apoderamientos vinculados a ellos se prolonguen y se extiendan a través del tiempo, sin que exista una normativa clara y que se haga observar en todos los casos.
Es curioso que, entre nosotros, las propiedades fiscales parezcan cosa de nadie: es como si el Estado, verdaderamente, no supiera muy bien cuáles son sus posesiones. Se trata, no hay que olvidarlo, de bienes que nos han costado a todos, ya que fueron producto de expropiaciones muy bien pagadas.
Lo mínimo que podría pedirse es que el poder público tenga bajo su control esos dominios, y que todo uso que se les otorgue cuente con autorizaciones legales debidamente fundamentadas. Pensar de otro modo equivaldría a autorizar un desgobierno en los bienes fiscales que contradice los más elementales principios del orden y del imperio de la ley.
En el caso del pie del cerro de San Javier hay que tener especial cuidado. Se trata de zonas que son muy importantes por razones ambientales, y toda intervención que se haga en ellas -talas, cultivos o pastoreo, por ejemplo- puede derivar en daños muy serios en temas vitales como la preservación de las fuentes de agua y la mantención del suelo a salvo de la erosión. Sobre este asunto han hecho oír opiniones contundentes los especialistas en más de una ocasión, y sería acertado tenerlas en cuenta.
En suma, por muchos que sean los problemas que debe afrontar el Estado provincial, no debe descuidar este que mentamos siquiera superficialmente en este comentario.
Resulta fundamental, repetimos, que el poder público tenga estricto control sobre los terrenos que le pertenecen y sobre el uso que se dé a los mismos. No puede ser algo librado al capricho de las personas, ni tampoco servir para el pago de favores políticos, ya que se generan situaciones jurídicas y sociales que luego resultan complicadas de resolver, y donde generalmente sale perjudicado el erario.
La serranía que se alza al oeste de Tucumán tiene mayúscula significación para nuestro ambiente. El sabio Miguel Lillo insistió en que todos los beneficios del clima de Tucumán y la asombrosa fertilidad de nuestro suelo, eran debidos a la presencia de ese cordón montañoso. "Así como Egipto es un don del Nilo, Tucumán es un don de la montaña", escribió Juan B. Terán. No es posible, entonces, dejar que los terrenos ubicados en esa zona se utilicen desordenadamente, en ningún caso y por ninguna razón.