A veces, la línea que divide los asuntos privados de los públicos es muy angosta. En estos casos, la probabilidad de que haya confusiones entre los intereses ?y negocios- que pertenecen a uno y a otro ámbito es alta.
Primer caso
El intendente provisorio de la capital, Domingo Amaya, descubrió que en las anteriores gestiones hubo funcionarios que hacían llamadas telefónicas al exterior. Este hecho sería absolutamente normal si el municipio tuviera relaciones con proveedores de servicios internacionales. En ese caso, hasta sería lógico mantener comunicaciones fluidas para aclarar detalles o resolver contratiempos ?que nunca faltan- relacionados con el vínculo contractual entablado. Pero hasta donde se sabe, todos los meses, la intendencia debe hacer malabarismos para reunir los $ 400.000 necesarios para pagarle a la empresa 9 de Julio, encargada de la recolección de la basura. En consecuencia, pensar que las llamadas tenían por objetivo conseguir una compañía francesa o española que ofreciera un precio menor no suena creíble, a priori. ¿Acaso habrán estado buscando inversores para alguna obra que los vecinos aún no conocen o habrán tentado a operadores turísticos alemanes para que envíen a jubilados a disfrutar del sol tucumano, algo muy difícil de encontrar en Berlín, por cierto?
El segundo
Más de una vez, el gobernador José Alperovich dijo que la provincia debe ser la gran empresa de todos y que él, durante cuatro años -siempre que no le renueven el contrato por otro período más, reelección mediante-, será el administrador. Quiere diferenciarse de su antecesor, Julio Miranda, que parecía un viajante, porque durante la semana estaba más en la Capital Federal que en la provincia. El actual mandatario piensa pasar muchas horas trabajando; por ello, ordenó que en la Casa de Gobierno, al lado de su despacho, se construya un dormitorio con baño y una pequeña sala de estar. Los políticos se ganaron tan mal fama en los últimos años que sería una experiencia interesante de observar la de funcionarios adictos a sus cargos -que no a los aromas del poder- y, claro, que de sus eficientes esfuerzos resulten beneficios para todos. En el mercado laboral, hay una voz inglesa que designa a quienes aman al trabajo más que a otra cosa: "work-aholic". Cabría preguntarse por qué, al menos por estas tierras, esta obsesión se da en el ámbito privado y no en el público. En este último, por el contrario, prima la calificación de ñoqui que la Academia Argentina de Letras ya incorporó al "Diccionario del habla de los argentinos" con una definición sencilla pero precisa: "empleado público que, sin trabajar, cobra un sueldo".
Dos más
Dos hechos grafican cómo funcionan las cosas en la provincia. El director de la escuela Nº 358 de Hualinchay (Trancas) compra mercadería al fiado por su cuenta y riesgo, para que los alumnos puedan seguir comiendo. Y esto porque el Gobierno aún no envió las partidas correspondientes a 2001 y a 2002. Por otro lado, se supo que cada legislador dispondrá de $ 4.000 para realizar nombramientos. Esto implica un gasto político de $ 160.000 mensuales y más de $ 2 millones al año. Esa cifra podrá ser distribuida según decisiones particulares. Eso sin contar que, además, contarían con otros $ 5.000 para gastos sociales. Teniendo en cuenta lo que pasa con aquella escuela, en el caso de los legisladores huelgan los comentarios.
Las confusiones entre los negocios públicos y los privados eran propias de la feudalidad, donde las arcas del fisco debían estar al servicio de los gastos y del buen vivir del señor feudal. Fue la racionalidad moderna la que inventó aquello de que las erogaciones deben limitarse a lo que ingresa. En el caso argentino, según Jorge Luis Borges, se suma otro hecho: "el Estado es impersonal: el argentino sólo concibe relaciones personales. Por eso, robar dineros públicos no es un crimen". Esto explica por qué pueden hacerse llamadas al exterior con fines privados, pero con plata de todos y, encima, que no pase nada.
