Inquietante proyecto de amnistía

Diputados nacionales justicialistas habitualmente alineados con el presidente Néstor Kirchner presentaron en el Congreso un proyecto de amnistía para piqueteros y otros sectores comprometidos en acciones directas, invocando la defensa de los derechos sociales. La iniciativa, cuya amplitud supera todo antecedente, excluye tan sólo los delitos de homicidios simple y calificado, y comprende los hechos consumados desde 1991. En ese sentido, su artículo primero incluye a quienes desde ese año hubieren participado en todo hecho reivindicatorio social, económico, político, gremial, de derechos humanos o estudiantil, "cualquiera sea el bien jurídico lesionado y el modo de comisión". Por lo demás, extiende la amnistía a los sujetos de todas las causas, cualesquiera sean sus estados judiciales, por múltiples hechos públicos que las leyes sancionan, con excepción de los dos anteriormente mencionados. Se puede afirmar tras esa síntesis, que todos los delitos previstos por las leyes penales deberán ser perdonados, menos el homicidio. El proyecto en cuestión es acompañado, con disidencias, por otros legisladores, pero su apoyo se estima en un 25% de la Cámara de Diputados.
Esa proporción no le asegura éxito a la iniciativa, pero asume una trascendencia política excepcional cuando se advierte la autoría de un grupo de legisladores -el denominado Talcahuano- solidario con el Presidente de la Nación. El doctor Kirchner ha guardado silencio hasta el momento, mas diversos funcionarios del Gobierno han señalado de diferentes formas que no se ha considerado ningún proyecto de esa naturaleza en el Poder Ejecutivo. Concretamente, el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, ha manifestado que primero debe actuar el Congreso y que posteriormente lo hará el primer mandatario. Institucionalmente esa aclaración es correcta, pero no resuelve en el orden político las graves dudas que provoca la realidad.
En primer término, porque la gran mayoría de legisladores justicialistas consultados han manifestado que esperan la actitud que adoptará Kirchner, declinando de hecho la independencia de una investidura -la de representantes del pueblo- que en momentos infaustos de nuestra historia fue sacrificada por las órdenes autoritarias.
Debe esperarse que la compleja situación política provocada por ese proyecto tenga una definición suficientemente clara, para que no queden dudas de que el país se encamina con un rumbo muy diferente del de la década del 70; sin negar por ello la degradación social con que lo ha castigado la incapacidad de sucesivos gobiernos, con los que han colaborado, o de los que fueron parte, no pocos auspiciantes de esa provocativa iniciativa. El camino correcto de un saneamiento ético y moral no debe ser el que traslada a la sociedad toda un debate que puede dividirla nuevamente como en los peores momentos del pasado. Antes que un error de esa magnitud, la honradez política que se pretende exhibir debería apuntar al esclarecimiento de las responsabilidades por la crisis, que pasa por el propio partido oficialista, gobernante en la cuestionada década de los noventa y cuyos órganos de conducta y disciplina guardan un lamentable silencio sobre las imputaciones recíprocas entre sus correligionarios. Ese paso trascendente que el partido oficialista debe dar ante una ciudadanía desconcertada por el cambio de filas "sin sacar los pies del plato", poco o nada tiene que ver con las decisiones del gobierno en el manejo de la seguridad de los derechos.
Al menos, así lo entiende la sociedad que espera de sus poderes públicos la recuperación de las instituciones, y la independencia y transparencia de sus actos, prometidas por el Presidente en el mensaje de asunción ante la asamblea del Congreso.