El Poder Ejecutivo entendió esta semana que no podrá prescindir de la Legislatura para imponer sus proyectos de gestión. La necesidad y la urgencia de un decreto encontraron freno en el ámbito legislativo, cuyos miembros se sintieron avasallados ante las intenciones de la Casa de Gobierno de avanzar en temas sensibles por medio de la simple firma del gobernador José Alperovich.
Así las cosas, comenzaron las reuniones interpoderes para tratar de consensuar las medidas que requerirá Alperovich para poder ordenar, entre otras cosas, las políticas educativa, social, económica y tributaria. Los legisladores aceptaron que el cambio en el organigrama del Ejecutivo (con la incorporación de nuevos ministerios) y del destino de las partidas para financiar, hasta fines de año, esas dependencias se efectúen con el dictado de decretos de necesidad y urgencia. Esos documentos serían avalados en una sesión que se convocaría para el jueves. Otra medida que contaría con el consenso parlamentario sería la de modificar los porcentajes de distribución de planes sociales, para que el Ministerio de Salud atienda urgencias en la compra de insumos para la salud. "No aceptaremos abusos de poder", justificaron algunos habitantes del edificio de avenida Sarmiento al 600 cuando se enteraron de que en la sede del Poder Ejecutivo se estaba preparando una batería de decretos. Menos contundentes, algunos legisladores aclararon que no quieren ponerle palos en la rueda a la administración alperovichista, pero que tampoco permitirán que se avasalle la autonomía de los poderes.
Ahora, los decretos más controvertidos se convertirán en proyectos de ley que, a más tardar el lunes, ingresarían a la Legislatura. Entre otros están la prórroga por un año más del pago de parte de los sueldos estatales con tickets solidarios, con la salvedad de que el Gobierno rediscutiría el convenio con la actual empresa proveedora del servicio (Proms). También se giraría la nueva ley educativa, para lo cual se abriría el juego con el fin de que todos los sectores involucrados en la materia lo debatan el año próximo y se aplique a partir de 2005, según las estimaciones oficiales. Hay otras dos normas que también aparecen como prioridades del Ejecutivo: la reformulación de los juzgados de paz en el interior (para que sus titulares sean profesionales y para que actúen como organismo de primera instancia en materia judicial) y la creación de una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (Sapem), que se encargará de ordenar el sistema de emergentología de la salud.
La siesta peronista
Los legisladores del PJ creen que no es momento para analizar la reforma constitucional. Se piensa que los posibles cambios en la Carta Magna no se estudiarán antes de los próximos seis meses. Del Tribunal Constitucional no quieren hablar. Más bien, prefieren que la intención de Alperovich de constituirlo quede en eso, en una simple idea.
Mientras tanto, el bloque peronista avanza con la elaboración de una nueva Ley de Lemas. En los primeros borradores de trabajo se observa la intención de acotar el número de sublemas "para romper con el festival de las últimas elecciones". Se implementaría de tal modo que cada lista aspirante a algún cargo electivo presente avales de acuerdo con un porcentaje de la masa de afiliados de cada partido.
En el orden partidario, el PJ comienza a despertar de la siesta que se inició el 27 de octubre, tras la catastrófica derrota frente a Fuerza Republicana y después de que el hoy senador y titular partidario, Julio Miranda, comprara el boleto de ida a Buenos Aires. El lunes (Día de la Militancia) habría un pronunciamiento sobre la postura que asumirá el PJ respecto de la gestión de Alperovich.
