El control de los fondos sociales

La concesión de planes sobre ayuda social como respuesta inmediata a la crisis ha sido inevitablemente más veloz que los controles sobre la transparencia de su gestión y los resultados. Algo semejante, aunque altamente reprobable, debe señalarse con relación a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias para atender dificultades presupuestarias ineludibles, pues su vigencia en el tiempo supera largamente la de aquellos planes, sin que ninguno de los gobiernos sucesivos se haya preocupado suficientemente sobre su fiscalización. Al menos, así lo evidencian las denuncias de sectores del propio oficialismo sobre desviaciones de fondos coparticipables con destino social, de manera tal que su reiteración ha venido a constituir una suerte de impunidad por omisión del Estado. Con esa inquietud, senadores nacionales y los ministros de Desarrollo Social y de Economía, Alicia Kirchner y Roberto Lavagna, están trabajando en la elaboración de un sistema de control legal de planes sociales por una suma anual de $ 2.000 millones, en concepto de partidas coparticipables que gira la Nación a las provincias. La iniciativa avanza igualmente sobre los polémicos ATN con que el poder central acude a resolver emergencias fiscales de casi todos los distritos.
Respecto de los segundos recursos, deberá exigirse a los gobernadores que precisen el destino final de esos fondos, hasta el momento manejados sin la transparencia consecuente requerida por el esfuerzo fiscal. En cuanto a las partidas correspondientes a planes sociales deberá prohibirse su incorporación a los presupuestos, evitando desvíos con fines electoralistas y de otro carácter sospecha- dos de corrupción. La iniciativa proyectada exigirá a los Gobiernos provinciales la presentación trimestral de informes acerca de la ejecución de los créditos y su cumplimiento, obligaciones que si no se cumplen darán lugar a la retención de los fondos sociales coparticipables. Además, el propósito de transparentar ese cuestionado manejo fiscal ha previsto medidas de orden penal para los funcionarios responsables de desvíos de recursos asistenciales, así como la inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos.
La prolijidad con que el Estado debe fiscalizar el dinero de los contribuyentes ha de extremarse en estos casos por el hecho de que los fondos estén destinados al auxilio de millones de argentinos sometidos al desempleo, cuando no a la pobreza o a la indigencia. Pero poco o casi nada se informa sobre los planes con los mismos fines cuya adjudicación y distribución se practica a través de intermediarios autodenominados "líderes sociales", que no siempre ejercen esa función con el debido control oficial, en razón de las improvisaciones provocadas por las consecuencias más duras de la crisis. Se alude con ello a un notorio número de caudillos piqueteros cuyas actividades claramente políticas se financian mediante el recorte de las asignaciones a sus legítimos beneficiarios. Convertidos en activistas de oscuras causas, no pocos de esos agitadores de la desgracia hasta viajan al exterior para concurrir a reuniones afines, o pregonan la agresión a las instituciones democráticas para presionar a las autoridades frecuentemente concesivas a sus intimaciones. Ese sector de recursos virtualmente incontrolable o, al menos, sin un público control de las autoridades de aplicación, ha quedado fuera de aquella bienvenida iniciativa, cuya sanción no debe demorarse.
Tal exclusión asume un carácter fuertemente político, pues el Gobierno nacional no ha definido todavía por dónde deben transcurrir institucionalmente sus relaciones con esos grupos renuentes a la relación constructiva. Se trata de una definición pendiente que los poderes públicos deben adoptar antes de que los hechos lo hagan por ellos, como infortunadamente ya conoce la ciudadanía.